Los primeros documentos del Juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional sobre la trama corrupta de la ‘fontanera’, a los que ha tenido acceso … este periódico, dibujan una red nacida desde el inicio con el objetivo de amañar adjudicaciones con la ayuda de «diferentes cargos públicos», que no han sido detenidos, con el único objetivo de que sus tres cabecillas –la propia Leire Martínez, el dueño de Servinabar Antxon Alonso y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández- se enriquecieran a través de un «perfeccionado» sistema de «contratación y facturación» mendaz y usando como instrumento a la propia SEPI.
Según la información remitida por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al juez instructor Antonio Piña, el grupo formando por Díez, Alonso y Fernández, que se hacía llamar ‘Hirurok’ (los tres en euskera) habría actuado «aprovechándose de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública» para «orientar diversos expedientes seguidos en la administración pública, bien en beneficio propio o de terceros».
El objetivo central de la trama era claramente económico: «obtener el máximo beneficio económico a través del cobro de comisiones». Para canalizar y blanquear estos beneficios, la ‘fontanera’, el empresario y exresponsable de Hacienda usaron una firma, Mediaciones Martínez, para la «contratación y facturación mendaz» con las empresas a las que supuestamente favorecieron.
Los agentes del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO que dirige el teniente coronel Antonio Balas sostiene que los tres arrestados -a los que el juez acusa de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal- conformaron una estructura que se mantuvo activa de manera continuada durante «al menos durante el periodo comprendido entre 2021 y 2023», abarcando «distintos puntos del territorio nacional, alcanzando varias administraciones públicas».
Con el fin de asegurar la impunidad de sus operaciones, los investigados «habrían adoptado medidas de seguridad para garantizar la más estricta discreción y confidencialidad de sus actuaciones».
Por el momento –porque la UCO solo ha comenzado a ver la punta del iceberg de este entramado- son cinco operaciones las que han sido judicializadas. En todas ellas, Díez, Alonso y Fernández «habrían desplegado sus capacidades, obteniendo decisiones favorables a sus intereses provenientes de diversas administraciones públicas y a través de diferentes cargos públicos». Y además, los tres imputados no habrían dudado en «implicar en su operativa a empresas públicas y entidades dependientes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales», en la que Fernández seguía ejerciendo influencia a pesar de que hacía tiempo que había abandonado la presidencia de esa institución que ostentó entre 23 de junio de 2018 y el 4 de octubre de 2019.
La primera operación recogida en la documentación enviada a la Audiencia Nacional es la concesión de un «rescate» por parte de la SEPI a la sociedad Tubos Reunidos por un valor de 112,8 millones de euros. Hirurok llevó a cabo «acciones tendentes al otorgamiento de esta ayuda». Como contraprestación, el grupo percibió 114.950 euros a través de facturación «presuntamente mendaz» de Mediaciones Martínez. Las acciones desarrolladas por el grupo habrían consistido, según «las propias palabras de los investigados, en su ‘intermediación’, la cual podría haber contribuido a propiciar el otorgamiento de la ayuda».
El segundo foco de la UCO es la adjudicación de un contrato público de consultoria por parte de Mercasa en favor de Servinabar (la empresa de Antxon Alonso y de la que Santos Cerdán tenía un 45% de propiedad en secreto) por 18.119,75 euros (IVA incluido). La clave esta operativa justiciar «de forma mendaz» un cambio de sede de la sociedad y, al mismo tiempo, se »propiciaba un beneficio económico al grupo«. Las diligencias »ponen de manifiesto de manera indiciaria, tanto la innecesariedad de este contrato, como la mendacidad de su contenido«. Los informes en poder de Piña además recuerdan que Fernández entre el 1 de junio de 2021 y el 12 de enero de 2023 fue empleado de Servinabar y que cobró más de 128.000 euros de esa sociedad.
La tercera operación bajo sospecha es el contrato público por el Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) a la UTE Construcciones y Excavaciones Erri Berri-Afesa Medio Ambiente S.A. por un importe de 2,8 millones de euros. La investigación apunta a que ‘Hirurok’ «indiciariamente, a través del presidente de la Mesa de Contratación, habría tenido la capacidad de beneficiar a la mercantil Erri Berri» en esta adjudicación. Como contraprestación, esta compañía habría canalizado a la trama de la ‘fontanera’ 400.000 euros. Estos pagos se habrían realizado «a través de operativas que tenían la aparente finalidad de encubrir el origen y destino de los fondos y provocar una desconexión entre este origen y sus destinatarios finales».
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Enlace de origen : Los papeles de la trama de la fontanera: tres años de amaños con la ayuda de «diferentes cargos públicos»
