El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha vuelto a instar a su socio de Gobierno a prorrogar los contratos de alquiler que finalizan el … año que viene porque fueron firmados en pandemia por los que «miles de familias se enfrentarán a subidas abusivas». Según cálculos del ministerio, se renovarán alrededor de 630.000 contratos -que afectan a cerca de 1,6 millones de personas- durante el año que viene, que se encarecerán hasta 380 euros respecto al momento de la firma, unos 4.600 euros más al año.
El departamento ha extraído estos datos del Panel de Hogares (elaborado entre el INE, la Agencia Tributaria y el Instituto de Estudios Fiscales) y revela que en 2020 se firmaron 568.500 contratos que comenzaron a ser revisados este 2025 tras los cinco años que estipula la ley. En 2021 la cifra sube hasta los 632.000 contratos, según esta fuente. Por ello, Bustinduy exige al presidente del Gobierno aprobar por decreto la prórroga de más de 600.000 contratos de alquiler que vencen este año y también por extender la prohibición de desahucios para familias vulnerables.
«Es incomprensible que no se haya hecho ya, así que yo hoy quiero instar de nuevo a nuestro socio de Gobierno a actuar y hacerlo sin más dilaciones y sin más excusas. Creo que es lo que hay que hacer y creo que es la salida a esta situación a la que nos encontramos», destacó el ministro.
Bustinduy aseguró que Sumar tiene muy claro para qué está en el Gobierno y a quiénes sirven, que es la mayoría social. Por ello, insistió en que no hay ninguna razón para no actuar con medidas «valientes» frente a las dinámicas especulativas que asolan el mercado de la vivienda y, por tanto, insiste en aprobar dentro del Consejo de Ministros una prórroga para 600.000 contratos de alquiler.
Durante una rueda de prensa en la sede del Ministerio para anunciar una multa a la plataforma de pisos turísticos Airbnb, ha reafirmado que la «única salida posible» a esta crisis en la que está inmersa el PSOE es «reafirmar la hoja de ruta» para potenciar la agenda social y «defender a las familias trabajadoras». En este sentido, reclamó una reacción «contundente» ante los casos de presunta corrupción y acoso que salpican al entorno del PSOE.
Poniendo el ojo en la vivienda, Consumo ha ratificado la multa impuesta hace unos meses a la plataforma Airbnb por anunciar más de 65.000 viviendas sin licencia. Tal y como explica el ministerio dirigido por Pablo Bustinduy este lunes, la multa asciende a 64 millones de euros. La resolución implica, además, dos sanciones accesorias que obligan a la plataforma a rectificar los incumplimientos identificados, eliminando los contenidos ilícitos publicados, y a hacer pública la multa impuesta.
La resolución es firme y agota la vía administrativa, tras haberse resuelto el recurso de alzada interpuesto ante el ministro de Consumo. En concreto, el ministerio se ha referido a la publicación de anuncios de alojamientos turísticos sin licencia, contraviniendo las obligaciones impuestas por la mayoría de las normativas autonómicas, que exigen indicar el número de registro en la publicidad.
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