La cabeza visible y líder del movimiento social y ambiental que logró dotar al Mar Menor de personalidad jurídica, la catedrática de Filosofía del Derecho … Teresa Vicente Giménez, anunció ayer su dimisión como presidenta de la Comisión de Representantes del Mar Menor y como una de los tres tutores de la laguna. En una carta, Vicente denunció que «se ha creado una especie de derecho de veto de las administraciones públicas –la Comunidad Autónoma y el Estado– de muchas de las iniciativas que se han presentado, por cuanto dichos representantes actúan más como defensores de la Administración que como defensores de los derechos del Mar Menor, que es para lo que fueron nombrados».
La decisión de la profesora fue acompañada de la dimisión del secretario de la Comisión, el abogado Alfonso Manzano, con la intención de «poner de manifiesto que todo el trabajo realizado hasta ahora, y que tantos esfuerzos ha costado, no puede ni debe quedar bloqueado por la decisión de las administraciones presentes en el Comité de Representantes». Ambas renuncias se producen a escasas dos semanas de la renovación de cargos en la comisión, tal y como marca el reglamento interno. Con el cambio de año iba a llegar el relevo en la presidencia, que en 2026 recaerá sobre Daniel Caballero, jefe de la Demarcación de Costas en Murcia.
Sin embargo, las renuncias y las acusaciones de la promotora de los derechos del Mar Menor han provocado malestar en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Gobierno regional, que niegan el bloqueo de medidas y muestran su «sorpresa». Afirman que en las tres sesiones organizadas hasta ahora de la Comisión de Representantes (la última ayer) «se ha logrado el consenso y el acuerdo en todas las cuestiones que se han planteado, por lo que no se entiende que se considere que los representantes de las administraciones públicas hayan estado entorpeciendo la actividad», señalaron ayer fuentes del Miteco. La Consejería de Medio Ambiente, por su parte, recordó que los miembros del Comité son técnicos de la casa y que «las administraciones públicas han colaborado de manera leal y en un clima de cordialidad» hasta ahora.
El resto del grupo promotor de la ILP está en desacuerdo con la renuncia de Vicente y seguirá en el Comité
Vicente, en conversación con LA VERDAD, reconoce que ha buscado el momento exacto, próximo al cambio de nombres, para «causar el menor daño posible a la tutoría» del Mar Menor. Sin embargo, en el órgano de representación se quedará parte del grupo promotor que acompañó a la profesora durante la recogida de las 650.000 firmas por la ILP y la tramitación de la Ley de Personalidad Jurídica del Mar Menor en el Congreso de los Diputados y el Senado: Eduardo Salazar, Teresa Conesa, María José Campillo y Pedro Macanás. Todos ellos han mostrado su desacuerdo con la decisión de Vicente de dimitir, ya que consideran que una figura como ella «hace más estando dentro de la comisión que fuera», señaló ayer a este periódico Salazar, abogado y profesor de la UMU.
Objetivos retardados
«Nuestros objetivos y esperanzas se han visto continuamente entorpecidos por ambas administraciones, llegando a un punto en que la paralización se ha trasladado no solo al Comité de Representantes, sino a las iniciativas adoptadas por la Comisión de Seguimiento y el Comité Científico», lamentó la extutora de la laguna, que se marcha a los seis meses de la creación de los tres comités que representan al ecosistema. La catedrática asegura que no ha encontrado otra solución que «denunciar el bloqueo de una iniciativa que cuenta con la voluntad popular y con el respaldo legal».
El Comité de Representantes del que acaba de dimitir la catedrática está compuesto por tres delegados del Estado: Inmaculada Ramírez, de la Oficina Técnica del Mar Menor; Jesús García, de la Confederación Hidrográfica del Segura; y Daniel Caballero como jefe de Costas. Por parte de la Comunidad Autónoma, participan Ana María Fructuoso, Carmen Sandoval y Carlos Castejón, de la Consejería de Medio Ambiente. A ellos se suman siete personas más que representan a la ciudadanía y cuyas funciones en este primer año recaían en el grupo promotor de la ILP, entre ellas Teresa Vicente.
Reglamentos a la espera
La visión de cómo afrontar los problemas de la laguna y la tramitación de las soluciones choca con los plazos y pasos que siguen las instituciones. «Si algo es bueno para el ecosistema, como administración deben acelerarlo; juraron defender los intereses del Mar Menor». En la reunión de ayer, el Comité aprobó presentar una alegación al documento inicial del Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor, para que este reconociera la personalidad jurídica, y la aprobación de los reglamentos de la gerencia y del propio órgano de representación, que llevaba esperando meses, «desde la primera reunión», denuncia Vicente.
La Consejería y el Ministerio muestran su sorpresa y niegan «que hayan estado entorpeciendo la actividad»
El Miteco señala como clave del encontronazo el rechazo por parte de las dos administraciones a un punto del reglamento, que no salió adelante porque «se alejaba de la legalidad». Defiende que el Estado «se ha implicado» en el desarrollo de la ley y que nunca se ha ejercido «ninguna actitud de bloqueo». La Consejería lamenta la decisión de la profesora pero aclara que el cambio en la presidencia «es conocido con antelación y era un hecho previsible».
El presidente de la Comisión de Seguimiento, Mario Pérez Cervera, lamentó la renuncia y avisó de que esta llega en «un momento especialmente delicado, cuando el proyecto ya está en funcionamiento y cuando más importante es que todo este esfuerzo colectivo sirva para ser útil a la ciudadanía» y proteger «de forma real al Mar Menor».
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Enlace de origen : La dimisión de Teresa Vicente eleva la tensión entre los gestores del Mar Menor
