El partido de Le Pen prepara una polémica ley para legalizar los prostíbulos en Francia

Esta política abolicionista, sin embargo, no ha aportado los resultados esperados. Así lo refleja el hecho de que en el territorio galo hay al menos 40.000 personas que aceptan relaciones íntimas a cambio de dinero, siendo la gran mayoría de ellas mujeres y de origen extranjero. Varios sindicatos de trabajadoras sexuales denuncian que la legislación de 2016 empeoró las condiciones en que ejercen esta actividad, al haberlas obligado a asumir más riesgos a la hora de prostituirse en lugares más peligrosos en la calle o pisos individuales.

El balance lleno de claroscuros de esta lucha contra la prostitución ha motivado -o servido como pretexto- una polémica propuesta de ley de Agrupación Nacional (RN, por sus siglas en francés). El partido de Marine Le Pen quiere legalizar los prostíbulos en Francia. «Voy a proponer una reapertura de las ‘maisons closes’, pero con la condición de que las gestionen las mismas prostitutas como si fueran una cooperativa», aseguró el diputado ultraderechista Jean-Philippe Tanguy durante una reunión de la Comisión de Finanzas en la Asamblea Nacional.

«Hipocresía burguesa»

«Ya tenemos preparada una primera versión, pero vamos a mejorarla. Cuento con el apoyo de Marine (Le Pen) para llevar a cabo esta iniciativa», dijo al diario ‘Le Monde’ este mediático representante sobre una propuesta de ley que podría debatirse y votarse el año que viene en la Asamblea Nacional. Según Tanguy, la situación actual refleja «el sumun de la hipocresía burguesa». Las prostitutas «reciben palizas e incluso algunas de ellas han sido estranguladas, pero nadie habla de ello», denunció este diputado, quien dijo haber participado en actividades de asociaciones que apoyan a las trabajadoras sexuales en el parisino Bosque de Bolonia, donde la peruana Vanesa Campos fue asesinada en 2018.

A pesar de que las opciones de que esta iniciativa llegue a buen puerto cotizan a la baja, la noticia de ‘Le Monde’ de que RN quiere legalizar los prostíbulos ha suscitado una gran controversia. Ha generado críticas tanto por parte de políticos y colectivos feministas como por otros representantes del partido de Le Pen, quienes temen que una medida de este estilo no guste al electorado católico.

La senadora socialista Laurence Rossignol, que impulsó la legislación de 2016 cuando ejercía como ministra de Igualdad, ha denunciado que esta propuesta representa «lo contrario de la apuesta de Francia». «En nuestro país no se alquilan y no se venden los cuerpos de las mujeres. Hay buenos motivos para defender ese principio. Mientras los cuerpos de las mujeres puedan alquilarse, comprarse o venderse, esto significará que la igualdad entre hombres y mujeres resulta imposible», declaró a la cadena Public Sénat. Este texto de Agrupación Nacional «tiene un único objetivo: restablecer el privilegio masculino», añadió en la red social X.

Los puticlubes son un lugar «donde se concentran numerosas actividades criminales (narcotráfico, trata…)» y, por consiguiente, «el hecho de intentar reorganizarlos comportaría que se protegieran todos esos ecosistemas criminales», denunció Lucile Mercier, presidenta de la asociación Equipos de Acción contra el Proxenetismo. El hecho de que la extrema derecha esté detrás de la medida ha motivado que se opongan a ella sindicatos de trabajadoras sexuales, que en el pasado habían defendido la creación de cooperativas de prostitutas como las que existen en Nueva Zelanda. «Su proposición no tiene ningún fundamento y no han consultado a las personas afectadas», criticó la sindicalista Djohar, del Strass.

Pese a las críticas suscitadas, esta iniciativa del partido de Le Pen ha hecho resurgir el acalorado debate sobre la prostitución. Tanto los partidarios de su abolición como los que se decantan por regularla son conscientes de la ineficacia y los efectos contraproducentes de la legislación de 2016. La policía apenas multa cada año a 1.500 clientes de prostitutas. Solo un 2% de las personas que practican esta actividad se acogieron al dispositivo ofrecido por el Estado para abandonarla a cambio de una indemnización económica (de poco más de 340 euros mensuales). Un pobre balance que invita a la prudencia cuando se pone al país vecino como un ejemplo sobre cómo enfrentarse a este complejo fenómeno.