La propuesta del PP para reformar la ley del Mar Menor rebaja las sanciones

Las infracciones leves pasarían de tener una cuantía económica de entre 2.000 y hasta 5.000 euros actuales a entre 600 y 1.000 euros. Los incumplimientos graves de las restricciones agrícolas y ganaderas también se reducirían, al pasar de entre 5.001 y hasta 50.000 euros a entre 1.001 y 30.000 euros. En el caso de las infracciones muy graves, el tope máximo seguirá siendo de 500.000 euros, pero el suelo se rebajaría de 50.001 a 30.001 euros. A esto se une que la reforma también eliminaría la prohibición de dar ayudas o subvenciones públicas a los infractores, decisión que pasará a depender de la Comunidad Autónoma.

Tanto el PP como el Gobierno regional trataron ayer de justificar que el cambio propuesto mantiene «todas las restricciones» para la agricultura en el entorno del Mar Menor: «Lo que hoy está restringido va a seguir estando restringido. Lo que se hace es adaptar la normativa sancionadora regional a una ley estatal que no existía cuando se aprobó la ley del Mar Menor», argumentó el portavoz del Ejecutivo regional, Marcos Ortuño, quien afirmó que el Gobierno «no dará ni un paso atrás» en la protección de la laguna. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional, Joaquín Segado, dijo que «no tiene sentido que aquí [las sanciones] sean distintas cuando hay una norma estatal que ya las regula; sería injusto».

El grueso del cambio normativo se centra en sacar de la ley del Mar Menor el régimen sancionador, que quedará plasmado en el programa de actuación contra los nitratos que debe terminar la Comunidad, y cuyo borrador se encuentra en exposición pública. Ese programa es un reglamento que deben hacer las comunidades para aplicar limitaciones en zonas agrícolas con acuíferos afectados por la contaminación química de los fertilizantes. Es, también, una exigencia de la Comisión Europea para cumplir con la directiva de nitratos.

Vox y sector agrario

El Gobierno de España aprobó en 2022 la ley sobre el sistema de gestión de la Política Agrícola Común y otras materias conexas, donde nace la regulación sobre el abonado de los campos y la gestión de los purines ganaderos. Esta es la base en la que se ha sustentado el plan antinitratos del Campo de Cartagena, que vendrá a sustituir a los artículos de la ley del Mar Menor que regulan las actividades agrícolas y ganaderas en la cuenca vertiente.

Esa norma estatal también señala que, en esta cuestión, el régimen sancionador será el que recoge dicha normativa, «salvo en las comunidades autónomas que dispongan de régimen sancionador específico en las que se aplicará dicho régimen».

La proposición de ley, que registró el pasado viernes en la Asamblea el Grupo Popular, completa el acuerdo presupuestario que firmaron PP y Vox para sacar adelante las cuentas de este año. La formación de José Ángel Antelo celebró el paso dado por los populares, que «ha sido posible gracias al impulso y al trabajo de Vox», y anunció que en enero presentará enmiendas tras mantener una reunión con el sector agrario «para fijar con claridad nuestras posturas».

Organizaciones como COAG o Asaja también vieron con buenos ojos la propuesta del PP de sacar el régimen sancionador de la ley del Mar Menor y de adaptarlo al marco estatal. «Pensamos que es una modificación interesante que aporta una mayor equidad en cuanto al resto del territorio nacional y es algo que ya veníamos exigiendo hace mucho tiempo», comentó José Miguel Marín, dirigente de COAG Murcia. Por su parte, Alfonso Gálvez, secretario general de Asaja Murcia, vio «positivo» que se modifique la ley para que sea «coherente» el régimen sancionador y que contemple «la realidad de las buenas prácticas agrarias que se están aplicando, así como la propuesta de mejoras presentada, hace tiempo, por las organizaciones agrarias».

Acciones legales

La portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea, Carmina Fernández, aseguró que la reforma propuesta es «el primer paso para derogar la ley que protege a la laguna salada». Fernández explicó que la actual ley prohibe las subvenciones a quienes estén sancionados por contaminar el Mar Menor, y que la reforma que plantea el PP elimina esa prohibición. «En la Región de Murcia contaminar cada vez sale más barato», criticó.

Podemos acusó al PP de estar «sometido por completo a la ultraderecha», al ser capaces de «venderles hasta la joya de nuestro patrimonio regional para seguir aferrado al sillón».

Las organizaciones en defensa del Mar Menor recibieron con «sorpresa e indignación» la propuesta, una «cesión al chantaje de la ultraderecha» y una «moneda de cambio electoral». Para estas entidades es «significativo» que se saque el régimen sancionador de la ley del Mar Menor y que ahora quede a criterio del Gobierno regional retirar las ayudas públicas a quienes cometan una infracción.

«Está claro que se trata de favorecer y proteger los intereses empresariales, y precisamente del sector con más responsabilidad en la eutrofización del Mar Menor. Es puro cinismo», declaró Pedro Luengo, de Ecologistas en Acción. Por otro lado, Ramón Pagán, de Pacto por el Mar Menor, advirtió que los colectivos están analizando el texto del PP, «con sus consecuencias prácticas, y no descartamos emprender acciones legales y administrativas», que anunciarán en breve.