Mientras que no se altere el modelo de gestión de la desaladora de Escombreras, las pérdidas que genera y el oneroso contrato de … arrendamiento siguen castigando las arcas de la Comunidad Autónoma. En el último informe de fiscalización correspondiente al año 2023, el Tribunal de Cuentas destaca que la situación económica y financiera de esta desaladora empeora y que persisten las dudas y riesgo sobre su viabilidad. Las pérdidas alcanzaron los 32,4 millones de euros en el año 2023 con el esquema de negocio de producción y venta de agua. A esto hay que sumar los compromisos contraídos con los dueños de la planta, el grupo ACS, y a los que ya se ha abonado más de 270 millones de euros. El contrato, que se ha intentado cambiar sin éxito alguno, prolonga dicho alquiler hasta el año 2034.
El informe del Tribunal de Cuentas subraya que existen riesgos e incertidumbres en relación con la sostenibilidad económica de las empresas regionales Servicio Murciano de Salud y Desaladora de Escombreras. Sobre esta última, destaca, como viene haciendo año tras año, que «las pérdidas acumuladas han reducido el patrimonio de la empresa a una cantidad inferior a la mitad del capital social, lo cual constituye una de las causas de disolución prevista en la legislación mercantil. «Con la actual estructura productiva y en el entorno comercial en que desarrolla su actividad, existen dudas significativas sobre la viabilidad de la empresa y la capacidad de esta para generar beneficios mientras que no se alteren las condiciones sobre las que se desarrolla el actual modelo de gestión de la planta desaladora». Esta fue arrendada por la Comunidad a través el Ente Público del Agua creado en la etapa de Valcárcel.
La carga del alquiler
En concreto, el Tribunal de Cuentas indica que esta sociedad mercantil –actualmente dependiente de la Consejería de Agricultura a través de la entidad pública de saneamiento y depuración Esamur– «viene registrando desde su creación unas pérdidas significativas», que han alcanzado en el ejercicio 2023 los 32.470.000 euros, con un fondo de maniobra y un patrimonio neto negativos, lo cual refleja la dificultad para hacer frente a sus pagos corrientes, y por otro, la sitúa en causa de disolución.
Recalca que en tanto no se alteren las condiciones bajo las que actualmente se desarrolla su actividad, «la situación patrimonial y financiera de la sociedad se mantendrá en la misma situación, puesto que los compromisos asumidos en los contratos de arrendamiento financiero y mantenimiento de la planta implican unas obligaciones de pago superiores a la cifra de negocio que puede alcanzar la sociedad».
El organismo fiscalizador advierte de que la planta es inviable con el modelo actual , y que la venta de agua no resulta rentable
Explica que a los precios actuales de venta del agua desalada, el punto muerto o umbral de rentabilidad de la sociedad se alcanzaría a partir de una producción anual de 18 hectómetros (su nivel máximo). Apunta no obstante que dicho umbral «está calculado sin considerar los gastos de arrendamiento de la planta, incluida la parte de la carga financiera del contrato de arrendamiento suscrito con la sociedad Hydro Management, S.L, que han de abonarse hasta 2034». El importe ascendió a 270,7 millones en el año 2023. El Tribunal de Cuentas añade que de mantenerse las condiciones, en tanto no concluyan los pagos de las cuotas de los contratos de arrendamiento financiero de la planta desalinizadora, «la entidad no podrá conseguir un resultado de explotación positivo, o al menos, nulo».
Escasa producción
El informe de fiscalización destaca asimismo que la situación de la desaladora «se vio agravada al suspenderse el suministro de agua desde octubre de 2021 hasta junio de 2022 a instancias de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) por quedar sin efectos las autorizaciones anteriormente otorgadas a los usuarios de la instalación, provocando un empeoramiento de la situación financiera de la entidad en ambos ejercicios». La situación se mantuvo crítica en el año 2023, ya que la venta de agua tan solo rozó los 2 hectómetros, muy por debajo de los 18. No obstante, mediante una resolución de julio 2024, la CHS otorgó a la comunidad de regantes del campo de Cartagena una autorización provisional para el aprovechamiento de los recursos que permitiría, en el supuesto de llevarse a cabo, un posible consumo de 17,4 hectómetros al año.
Las transferencias de la Administración regional han sido insuficientes para cubrir los compromisos económicos de la desaladora, «provocando una situación financiera a la que cada año es más difícil hacer frente», destaca el Tribunal de Cuentas.
La cesión de la planta a Esamur todavía sigue pendiente
El Tribunal de Cuentas recuerda a la Consejería de Agricultura y Agua que sigue pendiente la cesión global del activo y pasivo de la sociedad de la Desaladora de Escombreras a favor de la Entidad de Saneamiento y Depuración de la Región de Murcia (Esamur). La Administración regional informó de que se está trabajando en un nuevo proyecto como consecuencia de unos cambios de criterio contable. Esamur indicó que también debían de informar la Dirección General de Patrimonio, Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos y el Instituto de Crédito y Finanzas de la Región. Se estimó que las actuaciones previstas se completarían a lo largo del segundo semestre de 2025. No obstante, el tribunal de Cuentas señaló que a fecha de elaboración del informe de fiscalización no tenía constancia de que se hubiera cumplido la recomendación.
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Enlace de origen : La losa de la desaladora de Escombreras pesa cada vez más a las arcas autonómicas
