Los planes de pensiones de empleo se atascan y ponen en riesgo el pacto del Gobierno con Bruselas

Aunque la cifra supone un notable salto desde los 1,9 millones de antes de la reforma, el ritmo de crecimiento es aún insuficiente y está muy concentrado en el sector de la construcción, donde sí se llegó a un acuerdo para la creación de un Plan de Pensiones de Empleo Simplificado (PPES), que obliga a las empresas a aportar en favor de sus empleados.

En todo caso, solo se ha constituido ese. Y aunque fuentes conocedoras indican que ha habido avances en la negociación de otros sectores –sobre todo en el metal, pero también en hostelería y textil–, el compromiso con la Comisión Europea está lejos de cumplirse.

Es cierto que antes de la reforma solo había 1,9 millones de beneficiarios de este tipo deproductos. Pero, tal y como recuerda Ángel Martínez-Aldama, presidente de Inverco «de momento solo se ha constituido un plan de empleo y, respecto a los activos, apenas llegamos al 3% del PIB frente al 30% comprometido para 2030».

Estadísticas a la baja

Según las estadísticas de la patronal de las gestoras, el sistema de empleo presenta –a cierre de septiembre de 2025– un volumen de activos de solo 40.036 millones de euros. Y el patrimonio de los planes simplificados apenas alcanza los 542 millones (321 millones en los simplificados de autónomos y 221 millones en el simplificado sectorial, el de la construcción gestionado por VidaCaixa). Hay 44 registrados, con 883.216 partícipes. De ellos, 822.843 forman parte del simplificado sectorial.

Con estas cifras sobre la mesa se puede estimar que la media de aportación por empleado en el plan de la construcción apenas alcanza los 270 euros (unos 22,5 euros al mes), una de las cifras más bajas de todos los planes de empleo registrados por Inverco. «Tres años después de la reforma, hay 12.500 millones de euros que no han ido a ahorro a largo plazo; no sabemos si han ido a consumo, a cuentas corrientes… pero lo que sí sabemos es a dónde no han ido: a productos de ahorro para la jubilación», insiste Aldama, siempre crítico con la decisión del Gobierno de recortar las ventajas fiscales de los planes del sistema individual –pasando el máximo deducible de 8.000 euros anuales a 1.500 euros– al tiempo que no ha sido capaz de impulsar a mayor velocidad los de empleo.

«Más de un millón de personas tiene plan de pensiones de empleo sin aportaciones desde hace años», añade Carlos Bravo, Secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CC OO.

En un reciente encuentro para presentar un informe elaborado por Mutua, Olimpia del Águila, responsable de Seguridad Social e Igualdad del departamento de Empleo, Protección Social e Igualdad de CEOE, insistió en que la negociación colectiva debe ser «el gran instrumento de promoción del segundo pilar». No obstante, reconoce que el contexto no acompaña. «La firma de convenios colectivos nuevos apenas superaron los 500 este año (2025) ante la inseguridad jurídica en cuanto a la regulación de la estructura salarial», asegura.

Adscripción obligatoria

Los expertos coinciden en que uno de los factores que podría impulsar estos productos sería el denominado ‘autoenrollment’, un sistema donde los trabajadores son inscritos automáticamente en un plan de pensiones de empresa, sin necesidad de solicitud pero con opción a darse de baja después. El sistema ha demostrado un enorme éxito en Reino Unido, donde se ha duplicado el número de jóvenes que se mantienen en estos sistemas de previsión complementarios, pasando de un 22% a un 80% desde su aplicación.

En España, solo uno de cada ocho ciudadanos tiene conocimientos básicos del funcionamiento de las pensiones, según Funcas. Y ese es el gran problema del sistema: que no sabemos a ciencia cierta cuál será nuestra pensión pública futura y, por tanto, cuánto deberíamos ahorrar para mantener el actual nivel de vida en el momento del retiro. Todo pese a la famosa ‘carta naranja’ que, por ley y desde 2011, el Estado debía remitir a los ciudadanos con esa estimación y que, por la desidia de los distintos Gobiernos, nunca ha llegado a los hogares españoles.

Un reciente informe de Insurance Europe apunta a que casi la mitad de los ciudadanos del país, el 49%, no ahorra para la jubilación, nueve puntos más que la media europea. Y apenas un 15% está adscrito a un plan de empresa, frente al 28% de media en la UE. Algo que, cuanto menos, resulta contradictorio con otro resultado clave del estudio:solo un 13%cree que su pensión pública será suficiente para mantener el nivel de vida tras la jubilación.

Ante la complejidad legal de establecer un sistema de aportaciones obligatorio a los planes de pensiones de empresa, el Ejecutivo ha optado por abanderar la puesta en marcha en Europa de un nuevo producto:una cuenta de ahorro que permitirá a los particulares invertir más allá de los tradicionales depósitos.

Es decir, en activos como empresas cotizadas, fondos de inversión, etcétera. Todos ellos con una clara orientación a incentivar la financiación de retos comunes en la Unión, como la transición energética o una mayor independencia estratégica en defensa. El Ministerio de Economía ya ha sacado a consulta pública la creación de esta cuenta propuesta en Bruselas y que, en principio, sí contará con incentivos fiscales para los beneficiarios.