Las empresas pagarán al menos 1.900 euros al mes por cada trabajador a jornada completa

Así, las empresas tendrán que afrontar un coste laboral total en 2026 de 1.893,68 euros mensuales, puesto que además de abonar al trabajador 1.424 euros brutos en concepto de salario (una vez prorrateadas las dos pagas extras) deberán pagar a la Seguridad Social 469 euros en concepto de cotizaciones sociales por ese empleado. Supone, por tanto, 67 euros más cada mes que ahora, casi el doble de los 37 euros que se elevará el salario mínimo este año, si finalmente prospera –como así parece– la propuesta que puso el pasado miércoles encima de la mesa el Gobierno y que los sindicatos están dispuestos a apoyar.

Desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa el salario mínimo ha escalado más de un 60% y con el nuevo incremento del 3,1% se habrá elevado un 65,9%, al pasar de los 735 euros en 2018 a los 1.221 euros al mes por catorce pagas que regirá este año.

Subida de las cotizaciones

Esta subida se dispara hasta prácticamente rozar el 70% para los empresarios, pues ellos tienen que afrontar no solo el alza del salario mínimo, sino también el recargo en las cotizaciones, puesto que la base mínima se eleva en la misma cuantía que el SMI y, además, hay que sumar desde hace dos años la nueva cuota derivada de aplicar el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) para ir llenando la hucha de las pensiones de cara a las jubilaciones masivas de la generación del ‘baby boom’ (0,9%). De esta forma, contratar a un trabajador a jornada completa se ha encarecido 764 euros al mes, o lo que es lo mismo, cuesta 9.171 euros más al año en 2026 que en 2018.

Este es el argumento que ponen encima de la mesa las patronales para no pactar con el Gobierno otra subida del salario mínimo. Sin embargo, este año la CEOE dio un paso al frente y presentó una oferta al Ministerio de Trabajo: elevarlo un 1,5%, el mismo alza que aprobó el Gobierno para los funcionarios. Sin embargo, condicionó esta subida a que no se cambie la ley y se mantengan como están las actuales reglas de compensación del Estatuto de los Trabajadores, de forma que se pueda absorber esta subida en caso de que el trabajador tenga otros pluses, algo que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha pactado con los sindicatos modificarlo e impedirlo.

Negociaciones

Es más, en la reunión del diálogo social mantenida el pasado miércoles la CEOE dio señales de poder aceptar el incremento propuesto por el Gobierno del 3,1% en caso de que se cumplan dos condiciones: aparcar esta reforma que pretende blindar la cuantía del SMI para que los complementos de la nómina no absorban las nuevas alzas, así como relajar las reglas de desindexación del SMI en los contratos públicos para actualizarlos al compás de sus subidas. Así lo comunicó el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, al término del encuentro y así lo confirmaron los sindicatos, que también se sorprendieron con este acercamiento de la patronal en un momento en el que las relaciones con el Gobierno están más tensas que nunca.

UGT y CC OO también reclaman actualizar los contratos públicos al ritmo de las nuevas subidas y ven con buenos ojos explorar la posibilidad de alcanzar un acuerdo tripartito, aunque, eso sí, lanzaron su línea roja: no aceptarán ninguna subida inferior al 3,1% que lo sitúe en 17.360 euros anuales, la franja baja recomendada por el comité de expertos en caso de que, como así va a ser, el salario mínimo siga sin tributar a Hacienda.