
El presunto acoso laboral contra un representante sindical podría sentar en el banquillo al secretario general del Ayuntamiento de Águilas. En un auto, al que … LA VERDAD ha tenido acceso, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Lorca ha acordado la apertura de juicio oral contra Jesús L. por presuntos delitos de acoso laboral, infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos. La Fiscalía solicita que se le impongan penas que suman tres años y siete meses de cárcel y hasta dos años y mes de inhabilitación para empleo o cargo público. Además, el Ministerio Público reclama que se indemnice al perjudicado en 3.835 euros, de los que el propio Consistorio tendría que responder de forma subsidiaria.
Los hechos por los que el secretario general aguileño afronta un posible juicio, fechado para el próximo 8 de octubre, se remontan al segundo semestre del año 2022. El fiscal sostiene, en su escrito de conclusiones provisionales, que el acusado «sirviéndose y abusando de su superioridad laboral» como secretario general del Ayuntamiento aguileño se hizo con un escrito de alegaciones que un representante sindical había presentado contra la decisión de cambiarlo de puesto con ocasión de un expediente administrativo municipal. El afectado, según explica el Ministerio Público, iba a ser cambiado de su puesto en el área de personal y recursos humanos al de obras menores. En el escrito de alegaciones el representante sindical indicaba, por ejemplo, que la jornada laboral de la Policía Local había sido ese año inferior en unas 200 horas. El fiscal considera que Jesús L. hizo suyo aquel escrito «y obrando con voluntad de ocasionar el mayor perjuicio laboral, personal y moral posible» al sindicalista difundió su contenido sin su consentimiento durante la celebración de las pruebas selectivas de la Policía Local de ese año.
En concreto, especifica el Ministerio Público, lo hizo durante la última de las pruebas ante el tribunal, del que formaba parte el propio secretario. «El acusado llevó allí copias de los documentos (…) anunció a los restantes miembros su contenido concreto, llegó a verbalizar expresiones tales como «esto lo corto yo de raíz», y promovió su divulgación, llegando a decirle a los presentes que cogiesen copias, las pusiesen en los tablones de anuncios y contasen a otros qué expresaban», remarca.
La Audiencia deliberará el próximo marzo el recurso con el que el procesado trata de evitar el juicio
El fiscal sostiene que la entonces alcaldesa, María del Carmen Moreno, y el concejal de Seguridad, entre otros, tuvieron noticia de lo ocurrido por otros empleados públicos y por las reclamaciones posteriores del afectado. Esta parte remarca, además, que en el momento de la denuncia, noviembre de 2023, el expediente administrativo para cambio de puesto de trabajo no se había resuelto ni se había dado contestación a las alegaciones presentadas por el afectado «sin justificación legal habilitante para tal demora». Todo ello, incide el fiscal, resultado «de las maniobras hostiles sostenidas por el acusado».
El magistrado remarca que de las diligencias practicadas han quedado indiciariamente probados estas acusaciones. Remarca que el procedimiento continuará con el juicio oral y que es en esa fase «donde, en su caso, se desvirtuará la presunción de inocencia, mediante las pruebas que presenten las acusaciones». El secretario, que rehusó realizar declaraciones al respecto, ha recurrido ante la Audiencia Provincial la decisión del juez. El tribunal ha fijado el próximo 3 de marzo para la deliberación de ese recurso.

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