Dos mil pisos turísticos de la Región de Murcia quedan excluidos de las plataformas

Esa es la cuantía exacta contabilizada hasta la pasada semana por los registradores de la Comunidad desde que entró en vigor la norma obligatoria –el pasado 1 de julio– que exige disponer del correspondiente NRA a la hora de poder destinar las viviendas a arrendamientos turísticos y de temporada. De esa forma, un 34,71% de las peticiones en territorio murciano han sido rechazadas por no cumplir las exigencias requeridas, mientras un 8% cuenta con un número provisional mientras se está en proceso de estudio. Se trata de la segunda mayor tasa de revocaciones en España, sólo por detrás de Castilla-La Mancha, que alcanza el 36,45%.

«Ante una petición de NRA, los registradores controlamos que se cumplan todos los requisitos que impone la normativa vigente a fin de garantizar que el mercado de arrendamientos de corta duración se desarrolle con seguridad jurídica, transparencia y sin fraudes», aclara el decano del Colegio de Registradores de la Región de Murcia, Santiago Ruiz Martínez. No obstante, indica que «la mayoría de estas solicitudes concluyen con una calificación positiva del registrador, pero sí se ha detectado un porcentaje importante –un tercio– de inmuebles que a día de hoy no cumplen con ciertas condiciones que son necesarias para su destino a fines turísticos, vacacionales y de temporada». En este sentido, Ruiz Martínez añade que «estamos muy pendientes de cuál es la voluntad de las comunidades de propietarios manifestada en sus estatutos inscritos en el Registro de la Propiedad: si hay alguna prohibición al uso turístico o vacacional denegamos la concesión».

Cambios en los estatutos

Por otra parte, insiste en que también hay que tener en cuenta que «para los que hayan comenzado la actividad turística en las viviendas de su titularidad con posterioridad al 3 de abril de 2025, no basta con que no haya prohibición estatutaria previa, sino que deben contar con una autorización expresa de la comunidad de propietarios concedida con el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación».

Y es que «existe por parte de las comunidades de propietarios una gran sensibilidad con este asunto y son cada vez más frecuentes las modificaciones estatutarias para incluir en los edificios las prohibiciones de usos turísticos y vacacionales, lo que ha generado el rechazo de numerosos NRA», puntualiza Ruiz.

Igualmente, «controlamos el cumplimiento de requisitos civiles y administrativos como que quien realiza la solicitud sea titular de algún derecho sobre la vivienda que le legitime a destinarla a arrendamientos de corta duración; que el inmueble no esté calificado como vivienda de protección oficial, que impone un deber de dedicarla a residencia habitual y permanente del propietario; o que en el caso de usos turísticos se disponga del título habilitante administrativo, en la Región de Murcia, la declaración responsable».