La justicia no investigará a Paco Salazar por acoso sexual en tanto en cuanto no haya denuncias formales de las supuestas víctimas del exdirigente socialista. … El Juzgado de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Madrid, Plaza número 8, ha rechazado la querella presentada por la organización Hazte Oír contra Salazar por varios delitos de acoso sexual.
Hazte Oír también había emprendido acciones legales contra el actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín (quien en el momento de los presuntos hechos era secretario general de la Presidencia) y Antonio Hernández (exdirector del departamento de Coordinación Política del gabinete de Pedro Sánchez) por presunta omisión del deber de perseguir e impedir delitos y encubrimiento.
La jueza cierra la puerta a investigar al exalto cargo de Moncloa por la «falta de legitimación» del colectivo para ejercer acciones penales contra Salazar, al no existir denuncias de las víctimas. La justicia avisa que, en los delitos contra la libertad sexual, es imprescindible la personación de los perjudicados, al tratarse de ilícitos de carácter semipúblico.
Entiende la magistrada, en sintonía con la Fiscalía, que había pedido el archivo de la querella esta misma semana, que los delitos de encubrimiento de los que se acusa a Hernández y Martín serían «conexos al delito principal».
Además, el juzgado, siempre siguiendo el criterio del Ministerio Público, considera que los «indicios de criminalidad» que contra Salazar aporta Hazte Oír en su querella «se fundamentan en informaciones publicadas en medios y agencias de comunicación», lo que para la jueza «no constituye base indiciaria suficiente para la incoación de un procedimiento penal» contra el que fuera dirigente socialista.
«La mera recopilación de informaciones periodísticas sobre personas anónimas, sin testimonios directos de víctimas concretas no identificadas» no sirve para abrir una causa, abunda la justicia, ya que «no se aporta ningún elemento objetivo ni subjetivo que avale los hechos denunciados», resalta la resolución.
Salazar, recién nombrado como adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE, se vio obligado a abandonar, en julio del pasado año, todos sus cargos en la Ejecutiva Federal y en Moncloa, tras la difusión de denuncias por presuntos «comportamientos inadecuados» hacia trabajadoras, que incluían invitaciones persistentes a cenar o quedarse a dormir fuera del horario laboral.
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