El empadronamiento ilegal se ha convertido en la Región de Murcia en un problema que abarca desde las mafias que sacan tajada económica de los … extranjeros en situación irregular en España, al conseguirles de manera fraudulenta la inscripción como habitantes de un municipio; al hacinamiento de personas en viviendas, bajos y otros inmuebles, que en ocasiones carecen de las condiciones básicas de higiene y seguridad; y a una fuente de preocupación de las autoridades sobre la convivencia vecinal. Además, se trata de una práctica que cuestiona el cumplimiento de las obligaciones legales por parte de los ayuntamientos, que tienen las competencias en esta materia y cuyo acceso a la financiación estatal y europea depende en parte del volumen de población registrada.
Para poner coto a estas situaciones, la Policía Nacional, que tiene las atribuciones en materia de Extranjería, y los consistorios, han aumentado durante el último año el control de los padrones y de las viviendas bajo sospecha de ser utilizadas para estas prácticas contrarias a la normativa. Con la colaboración de la Guardia Civil en sus demarcaciones, agentes de la Brigada de Extranjería y Fronteras del Cuerpo Nacional de Policía en la Región de Murcia llevaron a cabo en diciembre intervenciones que acabaron con decenas de detenidos e identificados en ‘pisos patera’ de Beniel y de Santomera. Lo hicieron con el respaldo de cada Policía Local, previo acuerdo con los respectivos alcaldes, Mari Carmen Morales (PSOE) y Víctor Martínez (PP).
En Cartagena, en cooperación con el Servicio de Estadística del Ayuntamiento, cuya alcaldesa es Noelia Arroyo (PP), la Policía desarticuló en julio una red criminal dedicada al empadronamiento fraudulento de ciudadanos extranjeros en situación irregular.
Cobros por darles de alta
Los agentes de la Comisaría cartagenera apresaron a seis personas y les imputó los delitos de falsedad documental y administración desleal, por su presunta implicación en una trama que logró apuntar a un elevado número de personas utilizando documentación ficticia, como contratos de alquiler y recibos manipulados. Captaban a inmigrantes sin regularizar que necesitaban empadronarse para acreditar arraigo y acceder a servicios públicos. A cambio de una compensación económica, les facilitaban el registro en viviendas arrendadas. Un detenido era trabajador de la empresa dueña de los inmuebles y está acusado de administración desleal.
Entre los municipios que han marcado un antes y un después destaca Lorca. El pasado viernes, el Consistorio anunció la próxima incorporación de dos nuevos agentes censales a la Unidad de Control del Padrón. Se trata de «reforzar la lucha contra la infravivienda en Lorca», manifestó Belén Pérez, cuya delegación de competencias por parte del alcalde, Fulgencio Gil (PP), lo dice todo: edil del Padrón.
El Ayuntamiento lorquino tendrá a dos agentes más para hacer inspecciones, tras haber hallado ‘pisos patera’ e infraviviendas
Siguiendo la línea iniciada en la anterior legislatura por el gobierno del socialista Diego José Mateos, el Ayuntamiento ha activado distintos mecanismos de intervención. Ahora, dotará a la Policía Local de dos agentes más para «comprobar la documentación aportada en las solicitudes de alta y cambios de domicilio; verificar la residencia real en las casas; apoyar al arquitecto técnico; y comprobar la entrega de comunicaciones y/o notificaciones a interesados en materia padronal», detalló Pérez. Y pidió «que el empadronamiento fraudulento sea tipificado como delito».
Con la colaboración ciudadana, la Unidad de Control del Padrón de la Policía Local localizó en 2025 diez infraviviendas en viejas instalaciones de la Confederación Hidrográfica del Segura y postes de la luz. El Consistorio pidió a la CHS sacar a las personas instaladas desde 2021 en las presas del río Guadalentín, en Marchena. E hizo cuatro desalojos, uno de ellos en un inmueble en obras.
Las autoridades crearon un canal de denuncias anónimas en WhatsApp; han cursado multas por 267.000 euros; han impuesto la obligación de tirar chabolas; y han hallado casas unifamiliares, almacenes, trasteros, garajes, locales comerciales e instalaciones agrícolas y ganaderas convertidas en pseudohogares, espacios sin condiciones dignas ni segura.
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Chequeo de la posible falsedad en la solicitud de la tarjeta sanitaria
La Policía Nacional y la Consejería de Salud tienen una «colaboración permanente» en el control de la concesión de la tarjeta sanitaria del Servicio Murciano de Salud (SMS). Así lo confirmó a LA VERDAD un portavoz oficial de la Jefatura Superior de Policía en la Región de Murcia. Y señaló que la Policía realiza «habitualmente» un chequeo de la documentación aportada por ciudadanos extranjeros solicitantes de la tarjeta. «Cuando Salud detecta una posible falsedad documental, nos solicita comprobar certificados de empadronamiento, autorizaciones de residencia temporal y otros medios de identificación», indicó. Destacó que el control del Padrón por los ayuntamientos, «que deben hacer verificaciones continuas», y las operaciones de la Brigada de Extranjería y Fronteras junto a las policías locales atajan «el empadronamiento ilegal, que abre la puerta a a la tarjeta sanitaria». Asimismo, una portavoz de la Consejería de Salud confirmó que la Consejería «está trabajando para reforzar los controles», para que tengan tarjeta solo quien cumpla los requisitos legales para ser «beneficiario».
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Investigación interna en Las Torres de Cotillas y revisión por parte del INE si recibe una denuncia
En medio del creciente cerco a los empadronamientos ilegales, Vox ha denunciado presuntas irregularidades en Las Torres de Cotillas. Y ha registrado en todos los ayuntamientos de la Región solicitudes de información para saber si hay altas fraudulentas en instalaciones municipales sin condiciones de habitabilidad. En las Torres, según Vox en el edificio de la Policía Local hay empadronadas 60 personas, el 95% inmigrantes, y que en total son más de 120 en tres sedes municipales.
El alcalde, Pedro José Noguera, del PP, aseguró que estos empadronamientos «no son ilegales y que se hacen igual que en muchos otros municipios de España». Explicó que existe «el empadronamiento excepcional, una herramienta pensada para personas sin hogar o que viven en infraviviendas». Y añadió: «La ley permite usar una dirección municipal como Servicios Sociales o la Policía Local solo para que el Ayuntamiento pueda localizar a esa personas y enviarles notificaciones oficiales». Fuentes de la Delegación del Gobierno precisaron a LA VERDAD que la ley no permite «empadronar de oficio en dependencias municipales a quien no vive allí ni ha demostrado residencia habitual».
Excepción y Servicios Sociales
Para personas vulnerables (sin hogar o que viven en chabolas, caravanas o asentamientos), se «permite el empadronamiento aunque no exista un domicilio normal, siempre que los Servicios Sociales acrediten que la persona vive realmente en el municipio y se haga cargo de las notificaciones». Ante las dudas sobre el procedimiento seguido, el gobierno local de Las Torres abrirá «una nueva investigación» interna.
En la Delegación subrayaron que el empadronamiento «no concede derechos por sí mismo», como ayudas económicas. Y señalaron que el Instituto Nacional de Estadística (INE) revisa posibles irregularidades «siempre que exista una denuncia formal», no de oficio.
Por Claudio Caballero y J.A.G.
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Enlace de origen : La Policía y los consistorios de la Región de Murcia refuerzan el control del empadronamiento ilegal
