Medio Ambiente multa a Olivo con 2 millones por eludir la descontaminación de la antigua factoría de Zinsa en Cartagena

La sanción se tipifica en el artículo 108 de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular de 2022, especificando como infracción «la no realización de las operaciones de descontaminación y recuperación cuando un suelo haya sido declarado como contaminado», además de no hacerlo «tras el correspondiente requerimiento de la Comunidad Autónoma», que tuvo lugar el pasado 30 de mayo.

Ya en diciembre del 2019, la Comunidad Autónoma –a través de la Dirección General de Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor– requirió al causante de la contaminación (la propia Zinsa) a realizar las operaciones de limpieza y recuperación del emplazamiento, y «subsidiariamente a los poseedores de los suelos contaminados».

Posteriormente, se produjo la «derivación de responsabilidad» a Cartagena Parque al acreditarse como propietaria de los terrenos, «estando obligada a realizar las operaciones de limpieza y recuperación del emplazamiento», según reza el expediente abierto a la mercantil, firmado y comunicado el pasado 3 de diciembre.

En mayo del pasado año, la Consejería dictó un requerimiento a la mercantil «para la caracterización, recogida, retirada y gestión de los residuos existentes en superficie», incluyendo la advertencia de que «el incumplimiento de este requerimiento podría constituir una infracción muy grave». Cartagena Parque solicitó una ampliación del plazo para acometer estas actuaciones, que le fue concedida por el plazo máximo legal permitido, pero que caducó el pasado 18 de noviembre.

Al día siguiente, 19 de noviembre, los inspectores de Medio Ambiente visitaron la parcela y ratificaron que Cartagena Parque no había cumplido con el requerimiento en un informe del 27 noviembre, en el que también señalaban que la mercantil «tampoco ha comunicado el inicio de las actuaciones», aseguran desde el departamento que dirige Juan María Vázquez. Esto provocó que una semana después, el 3 de diciembre, se elevara un documento acusatorio con la propuesta de sanción en su grado medio, por dos millones de euros. La ley establece una horquilla sancionadora que va de los 600.000 euros a los 3,5 millones de euros para este tipo de incumplimiento.

Se abrió un plazo de 15 días, que finalizó el 18 diciembre, a fin de que Cartagena Parque pudiera tomar audiencia y vista del expediente, así como presentar alegaciones, que ya han sido recibidas por parte de la Dirección General de Medio Ambiente para su estudio, informaron portavoces oficiales.

La Consejería informó de que la otra mercantil con suelo en la antigua Zinsa, Maquinasa, se encuentra elaborando los estudios necesarios para descartar la existencia de actividad radiológica. Estos análisis, señalaron, se realizan a petición del Consejo de Seguridad Nuclear y resultan imprescindibles antes de poder adoptar cualquier decisión sobre posibles actuaciones posteriores. «Una vez se descarte definitivamente la presencia de actividad radiológica, se podrán valorar las medidas oportunas para la retirada de residuos». Por otro lado, informó de que la parcela propiedad del Ayuntamiento y situada frente a la antigua Potasas se encuentra actualmente en fase de análisis, el cual está llevando la Cátedra de Suelos Contaminados de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT). Esta parcela no está vallada, pero la Consejería defendió que no es obligatorio el cierre perimetral del terreno, al no estar declarado como suelo contaminado.