Las quejas de grupos vecinales, ecologistas y políticos sobre el retraso en la regeneración de depósitos mineros abandonados en Portmán y otras zonas de la … Sierra de Cartagena y La Unión situados en la cuenca mediterránea han espoleado a la Comunidad Autónoma. Entre críticas por la demora de cuatro décadas en la recuperación de los terrenos afectados por estos residuos peligrosos -la Administración regional asumió las competencias de Minas en 1985- y por las diferencias de gestión respecto al Gobierno de España, que ha lanzado una oleada de obras en la vertiente del Mar Menor (invertirá 110,8 millones en casi 700 hectáreas), el Gobierno regional intenta agilizar la tramitación de expedientes de clausura y restauración de instalaciones en desuso. Lo hace mediante requerimientos a concesionarios de derechos mineros o propietarios de las fincas. Estos últimos han presentado, al menos, ocho recursos judiciales contra las órdenes de ejecución de trabajos de sellado y restauración de balsas y depósitos.
La Dirección General de Industria, Energía y Minas tiene abiertos catorce expedientes, donde recientemente dejó en suspenso la ejecución forzosa de las obras en un depósito al aparecer un titular. No obstante, dispone de una subvención de 2 millones de euros del Ministerio para la Transición Ecológica, por si tuviera que clausurar la instalación (Virgen de la Caridad, cerca de El Gorguel).
Sería la tercera restauración de la Comunidad, tras las de San Cristóbal I y II (Mazarrón). En la cuenca del Mar Menor, ejecutó la de la balsa El Lirio, en Los Belones. El Ministerio pagó el 70% de los 6,4 millones de coste y la Comunidad, el 30%. Las obras están bajo investigación judicial, por presuntas irregularidades técnicas que habrían agravado el riesgo ambiental.
Balsa de piritas en Portmán. Al fondo, el Monte de las Cenizas (archivo).
LV
Entre tanto, la Consejería tiene pendiente abrir expedientes sobre otras decenas de depósitos de desechos mineros. Ello, para evitar la dispersión de partículas contaminadas por metales pesados por la lluvia y el viento. conforme a la normativa nacional y europea de protección del medio ambiente y de la salud pública. También hay fincas con acopios de subproductos industriales si cubrir ni revegetar. Dos ejemplos son una balsa de lodos de flotación, con desechos mineros, y una de cenizas piritas, con subproductos industriales, junto a la bahía de Portmán. «La prioridad del Gobierno regional es atender aquellas balsas que figuran en el inventario nacional de instalaciones de residuos mineros clausuradas y peligrosas», explicaron fuentes de la Consejería a LA VERDAD. Aludieron al documento actualizado en 2022 por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), en aplicación del Real Decreto 975/2009. Este fija obligaciones en la gestión de los residuos de las industrias extractivas y la protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras.
Riesgo no «equiparable»
Sobre las dos balsas próximas a la bahía de Portmán, indicaron que «no forman parte del inventario nacional, que es el instrumento oficial que determina la peligrosidad, el riesgo y, en consecuencia, la prioridad y obligación de intervención de las administraciones públicas». «El IGME evaluó miles de emplazamientos a nivel nacional e incorporó al inventario aquellos que presentaban riesgos acreditados, especialmente por inestabilidad, potencial contaminante o afección a terceros. Por ese motivo, las instalaciones incluidas en el inventario son actuaciones preferentes, conforme al Real Decreto 975/2009 y a la Directiva 2006/21/CE. Desde el punto de vista técnico y jurídico, la inclusión o no en dicho inventario es determinante», agregaron.
Y subrayaron que «los expertos geológicos y mineros nacionales no han determinado que estas dos instalaciones presenten un riesgo equiparable al de las incluidas en el inventario nacional, ni desde el punto de vista geotécnico ni ambiental». No aclararon si debe actuar también la Dirección General de Medio Ambiente. Fuentes jurídicas recordaron que la legislación de residuos mineros es distinta a la de subproductos industriales y suelos contaminados.
En Portmán y junto a la bahía
En Portmán, Ayuntamiento, Comunidad, vecinos y ecologistas exigen al Ministerio regenerar toda la bahía, 36 años después del fin de los vertidos de la empresa Peñarroya. El alcalde, Joaquín Zapata, denunció incluso a Transición Ecológica por delito ambiental ante la Fiscalía, que acaba de archivar el caso al entender que tramitando el proyecto definitivo según la ley. Mientras, en esta zona próxima al parque regional de Calblanque, Peña del Águila y Monte de las Cenizas hay parcelas contaminadas por residuos de la fundición del plomo. Hay gacheros usados como taludes de otros depósitos cerca del Lavadero Roberto y otros ‘esturreados’ en Portmán, cerca del consultorio médico y del Hogar del Pensionista. Contaminación sobre contaminación.
El IGME documentó «más de 80 balsas» en la Región en 2003
Más allá de la urgencia de las intervenciones, el propio Gobierno regional recogió en el Plan de Recuperación Ambiental de Suelos Afectados por la Minería (Prasam) 2018-2028, que según el inventario realizado por el IGME y entregado a la Comunidad «en el año 2003, en esta Región existen más de 80 depósitos o balsas, abandonadas hace varias décadas al cesar la actividad de los lavaderos de mineral». «Globalmente suponen unos de 14 millones de metros cúbicos de este tipo de residuos mineros»; y, «de ellos, 29 depósitos han sido incluidos por el IGME en el inventario publicado en 2012 y actualizado en 2015». Los 17 ubicados en el Mediterráneo siguen sin fecha de intervención, al igual que las otras decenas de fincas con escombreras y suelos atestados de residuos con altas concentraciones de plomo, zinc, arsénico, cadmio… El Gobierno regional tiene en revisión el Prasam, que no tiene fuerza legal porque no ha sido sometido a una evaluación ambiental estratégica. El plan previó una inversión público-privada de 85 millones de euros en diez años. Según fuentes de Medio Ambiente, «el 70% de las medidas están ejecutadas, más de un 20% se encuentra en desarrollo y resto está en proceso de actualización de criterios técnicos o de adaptación a nuevos marcos normativos».

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