Las empresas más afectadas por la subida del salario mínimo podrán deducirse una parte del impuesto de Sociedades

Así, el mecanismo que ofrece el Ejecutivo para atraer a la patronal al acuerdo es una fórmula, ajena a ley de indexación salarial, que establece una deducción en el impuesto de Sociedades para aquellas empresas que tienen un fuerte impacto del salario mínimo debido a su composición laboral; es decir, que tienen muchos trabajadores vinculados a la prestación de estos servicios públicos o que el impacto de su coste laboral tiene, evidentemente, efectos importantes por el incremento del salario mínimo, según explicaron los sindicatos tras la mesa de diálogo social celebrada esta mañana.

Esta fórmula aún sin perfilar -como reconoce el ministerio de Trabajo- se pone encima de la mesa como alternativa a cualquier cambio o modificación en la Ley de Desindexación que, aprobada en 2015, impide recalcular los precios de los contratos de las empresas con la Administración Pública a causa del incremento de los precios o los costes, ya sean de producción o laborales (como así ha ocurrido tras la escalada de más del 60% del salario mínimo desde 2018). Esta es una reivindicación histórica que lleva años exigiendo la patronal, que denuncia que hay muchas empresas con fuertes pérdidas debido a esto, e incluso los sindicatos, pero que se cierra de plano a modificar el Ministerio de Hacienda, por el elevado coste que podría suponer.

Letra pequeña

Sin embargo, estos incentivos fiscales tienen también letra pequeña, ya que estarán sujetos a dos condiciones por parte de las compañías beneficiarias: garantizar, una vez más (como sucede con otras ayudas como los ERTE), el mantenimiento del empleo; es decir, que las empresas no recorten plantilla; y, a su vez, mejorar en los ejercicios posteriores las bandas salariales más bajas pero que estén por encima del salario mínimo, unos requisitos que la patronal califica de «inasumibles».

«La fórmula de compensación con la que estamos trabajando es una fórmula que debe ser también un incentivo para que las empresas de nuestro país suban salarios. No se trata de que las empresas tengan a sus trabajadores en el salario mínimo interprofesional, sino, muy al contrario, se trata de estimularlas para que dejen de tener trabajadores en esa escala tan baja», explicó en rueda de prensa el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey.

Críticas a una propuesta con lagunas

Tanto la CEOE como los sindicatos criticaron esta propuesta presentada por el Gobierno al considerar que no está trabajada. Es decir, el Ministerio de Trabajo les ha lanzado una oferta oral, sin un documento escrito, y con demasiadas lagunas e interrogantes por resolver.

Lo que sí es seguro es que esta es la propuesta definitiva del salario mínimo para 2026. Así, para el Gobierno es inamovible elevarlo un 3,1% hasta los 1.221 euros al mes por catorce pagas, 37 euros más que ahora, y sin que tenga que tributar a Hacienda por IRPF. De igual manera, el Ejecutivo se mantiene firme en otra idea: la oferta lanzada hoy de rebajas en el impuesto de sucesiones para las empresas solo se hará efectiva si la patronal accede al acuerdo; en caso contrario, la retiran.

En este sentido, el número dos de Yolanda Díaz explicó que en la reunión de este lunes el Gobierno ha dado «tres grandes pasos». Por un lado, les ha asegurado a los perceptores del SMI, más de 2,5 millones, que cobrarán 37 euros más con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año y, además, que no van a tributar más por cobrar el salario mínimo. Y, por otro lado, le dice al sector productivo español que «va a buscar una fórmula para incentivar la subida de salarios en todos los sectores, empezando por aquellos que tienen una mayor presencia entre sus escalas salariales de personas que cobran el SMI», precisó.