El Gobierno iniciará este martes los trámites para regularizar, «de forma inmediata», a alrededor de medio millón de inmigrantes que actualmente se encuentran en situación … irregular. Lo hará vía real decreto, lo que permitirá sortear el aval del Congreso, y después de un pacto alcanzado, tras meses de negociación, entre Podemos y el PSOE. De hecho, Moncloa cedió el anuncio de la iniciativa a la eurodiputada y candidata del partido morado a las generales, Irene Montero, que reveló los detalles del acuerdo en un acto en Madrid que llevaba como título, precisamente, ‘Regularización ya’. «El objetivo es que se regularice a medio millón de personas que han venido a nuestro país a ganarse la vida, que no son ilegales», insistió.
El decreto prevé beneficiar a todas los extranjeros que se encontraran residiendo en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que puedan demostrar la permanencia en el país, al menos, durante cinco meses. Este último requisito podrá acreditarse con documentos como el padrón, informes de citas médicas, certificados de asistencia a recursos sociales o documentos como un contrato de alquiler, justificantes de envíos de dinero o, incluso, billetes de transporte.
Una vez se solicite dentro del plazo, que vencerá el próximo 30 de junio, se suspenderá el inicio de los procesos de retorno abiertos sobre la persona interesada, si los hubiera, o las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso. Si se admite a trámite se concederá, en primer lugar, una autorización de residencia provisional que permite trabajar de forma legal y acceder a otros derechos fundamentales, como la asistencia sanitaria; y si la resolución es favorable, se concederá una autorización de residencia por periodo de un año, al término de la cual podrá solicitarse una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería, explican fuentes conocedoras de la negociación.
La medida, reclamada también por Sumar, socio del Ejecutivo, y el resto de grupos de izquierda, verá la luz verde en el Consejo de Ministros de este martes y recupera las demandas que ya recogía la iniciativa legislativa popular que recopiló más de 700.000 firmas pero quedó varada en el Congreso durante su tramitación parlamentaria. Todo pese a que su toma en consideración, fue apoyada en 2024 por todos los grupos parlamentarios menos Vox (310 votos a favor y 33 en contra).
Montero avanzó que Podemos va a velar para que el proceso sea «ágil y eficaz» y que es necesario garantizar los derechos de estas personas frente a la «violencia racista». «Este avance, que Podemos ha negociado durante meses y que es también fruto de la movilización constante de los colectivos sociales, es una medida urgente y de justicia social que reconoce los derechos de cientos de miles de personas que viven y trabajan en nuestro país, pero a las que hasta ahora se les negaban derechos básicos en un ejercicio de racismo institucional que sólo alimenta la explotación y el odio racista», señalan fuentes del partido morado.
840.000 migrantes
La cifra de migrantes en situación irregular en España -de la que no existen estadísticas oficiales- habría aumentado casi un 685% en los últimos ocho años, pasando de 107.000 personas en 2017 a 840.000 en 2025; es decir, se habría multiplicado por ocho, según estimaciones del centro de análisis de Funcas, que señala que la irregularidad afectaría a un 17,2% de la población extranjera no comunitaria que vive en España.
Funcas considera como población en situación regular la que cuenta con un permiso de residencia (o lo está renovando), o con un permiso de estudios (o un permiso para familiares cercanos derivado de este), o que tiene pendiente la resolución de su petición de asilo. Sumada la población en estas categorías, la población en situación irregular se obtiene restando las personas consideradas en situación regular de las cifras oficiales de población.
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