La regularización de inmigrantes afectará a 15.000 personas en la Región de Murcia: «Podría estar cotizando desde hace mucho»

A falta de ver publicado el decreto en el BOE y conocer la letra pequeña –es decir, los requisitos que tendrán que reunir quienes pretendan acceder a este proceso–, tanto desde las organizaciones políticas como desde las asociaciones que habitualmente tratan con personas migrantes coinciden en que el impacto en la Región será muy elevado, aunque difieren en dar una cifra aproximada de beneficiados.

Así, el partido Podemos calcula que unas 45.000 personas podrán regularizar su situación en la Región, incluyendo a los familiares, pues la regularización se aplicará también a los hijos menores de edad. La portavoz de la formación morada en la Asamblea Regional, María Marín, celebró la medida arrancada por su partido al Ejecutivo yéndose a Torre Pacheco, donde el pasado verano tuvo lugar una oleada de violencia racista en respuesta a la agresión a una persona mayor por parte de un joven magrebí.

«Seis meses después de esa cacería, estamos otra vez aquí para anunciar este acuerdo que Podemos ha arrancado al PSOE para la regularización de las personas inmigrantes que ya viven y trabajan en nuestro país de forma tan precaria», declaró María Marín desde la plaza del Ayuntamiento pachequero, donde estuvo acompañada por el secretario de Comunicación Víctor Egío. «El fascismo se para con derechos», añadió la portavoz, quien destacó que «permitir que la gente se gane la vida dignamente es la única manera de acabar con la explotación, con la economía sumergida y con la desigualdad extrema».

Por parte de la Fundación Cepaim, Juan Antonio Segura prefería mantener la cautela hasta conocer con detalle el contenido del real decreto. Pero calculaba que el número de beneficiarios en la Región podría situarse en 15.000 personas, sin incluir a familiares. Ciudadanos de origen latinoamericano y senegalés serían los principales protagonistas de esta regularización, que para Segura tiene aspectos positivos. «En España, va a sacar de la irregularidad a 500.000 personas, lo que permitirá un incremento de cotizaciones y facilitará la inclusión social de las personas migrantes», declara el director de la Fundación Cepaim.

La presidenta de la asociación Parem, Adriana Trafonsky, también se mostraba satisfecha por esta «regularización excepcional en tiempos excepcionales», que beneficiará «a muchísima gente en la Región de Murcia, sobre todo a quienes habían hecho la residencia socioformativa y no han vuelto a hacerla porque no han encontrado contratos de trabajo». «La gente no puede seguir estando en la situación que estaba, en la calle, en total vulnerabilidad», lamenta Trafonsky, quien pide agilidad para llevar a cabo el procedimiento administrativo.

Tampoco se atreve a dar un dato Carolina Espinosa, de la asociación Accem, quien valora de forma positiva esta normalización, «por lo que supone de igualdad de derechos de estas personas que ya están residiendo en España». «Creemos que va a tener ventajas sociales, humanas y económicas, porque va a permitir aflorar situaciones de empleo relacionadas con la economía sumergida».

Por su parte, la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, considera «llamativo» que la regularización se haga por decreto y no a través del Congreso. «Quizás podríamos pensar que es una cortina de humo, un asunto que se ha sacado de la manga el Gobierno central, con el apoyo de Podemos, justo cuando la sociedad está pidiendo responsabilidades tras los accidentes ferroviarios», afirmó la titular de Política Social, quien observa «una maniobra de distracción» por parte de Sánchez.

Fátima Meloni es una ciudadana uruguaya de 55 años que llegó a Murcia el 8 de junio de 2022, un día antes de la celebración del Día de la Región, procedente de Argentina, país vecino a su patria en el que residía por motivos de trabajo.

Cuatro años en España que están siendo toda una odisea para conseguir los papeles que le permitan residir y trabajar de forma legal en nuestro país. «No puede ir todo tan lento, me da rabia porque podría estar cotizando desde hace mucho tiempo y no lo estoy haciendo».

Fátima confía en no ser una de las beneficiarias de la regularización extraordinaria de migrantes que va a llevar a cabo el Gobierno de España porque espera tener los papeles antes, pues ya está tramitando los últimos permisos. «En caso de que me denieguen el último requerimiento, tendré que acudir a esta regularización. Llevo meses de papeleos, cada vez te piden alguna cosa nueva», ironiza esta vecina afincada en la pedanía murciana de Cañadas de San Pedro, quien insiste en que «los procedimientos en España tendrían que ser mucho más ágiles, para beneficio de todos».

Así, recuerda toda la travesía burocrática que lleva para conseguir los papeles. «Como había residido en Argentina, pero soy de Uruguay, tuve que presentar el certificado de antecedentes penales de los dos países. También un montón de documentos de las personas con las que convivo. ¿No podría haber un mayor control en las fronteras?», se pregunta Fátima, quien recuerda que la inmensa mayoría de las personas que emigran desde sus países con destino a España «la única intención que tenemos es la de lograr una vida mejor, para nosotros y para nuestros familiares».

Debido a las dificultades de regularización, Fátima no disfruta todavía de un empleo estable en la Región, pese a tener oportunidades de hacerlo. Espera conseguirlo cuanto antes y «empezar a cotizar, como he querido desde el minuto uno».

Más personal en oficinas

Casos como el de Fátima se encuentra a diario Sergio Ramos, abogado murciano especializado en extranjería. «Esta regularización será muy importante porque, en este momento, los procedimientos de extranjería no están funcionando correctamente en España. Y no están funcionando correctamente porque los requisitos son muy altos y, sobre todo, por los plazos que dan las oficinas de extranjería debido a la saturación que sufre, una cuestión que nos tiene muy preocupados», indica.

De este modo, Ramos considera «fundamental» que, junto al real decreto, las autoridades «aumenten personal en las oficinas y agilicen los procedimientos, de forma que se pida menos documentación a los solicitantes». En ese sentido, afirma que en su despacho es habitual encontrar a personas que acuden a gestionar su permiso porque tienen su oferta de trabajo «y el empleador se cansa de esperar ocho meses para que lo tenga todo en regla». Esto, dice, favorece la economía irregular.