La inmigración se coló este miércoles en la campaña electoral de Aragón. Alberto Núñez Feijóo, que desembarcó en Figueruelas (Zaragoza) para acompañar al candidato del … PP Jorge Azcón, criticó la regularización masiva de migrantes que pretende llevar a cabo el Ejecutivo tras su acuerdo con Podemos y con el que se «incrementará el censo» en más de 850.000 personas. Una decisión que va en contra de «la normativa europea» y que va a suponer un «efecto llamada». «Al Gobierno le da igual todo», censuró el líder de los populares, que avisó a Pedro Sánchez de que «no puede regalarle la residencia legal a cualquier persona en nuestro país». La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue más lejos al asegurar que la regularización de migrantes es «una trampa» que «puede alterar el censo electoral».
El primer partido de la oposición se ha volcado desde el primer minuto contra la medida aprobada por el Gobierno, reabriendo así la batalla con Vox por capitalizar el rechazo social a la inmigración ilegal. Los populares ven en la regularización exprés acordada con Podemos una «cortina de humo» para «desviar la atención» de los accidentes mortales de tren en Córdoba y Barcelona y para «salvar al soldado Puente». «La irresponsabilidad es tan descomunal que se impulsa este asunto para desviar la atención. Esto es inhumano e indecente», aseveró Feijóo.
Un rechazo a la propuesta migratoria del Gobierno, que choca además con la postura de la Conferencia Episcopal a favor de la medida que trae causa de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) aprobada en 2024 en el Congreso y que contó con el apoyo de todos los grupos salvo la formación de Santiago Abascal. Los populares decidieron votar entonces a favor de que el texto se debatiera en la Cámara baja y poder introducir sus propias enmiendas pero desde entonces han escalado su discurso contra la inmigración en su pugna con la derecha radical.
Una alfombra roja para la ilegalidad
El PP defiende que la obtención de la residencia legal, que es el paso previo a la nacionalidad, debe de ser «individualizada y condicionada caso a caso» y no puede ser «una alfombra roja para convertir la ilegalidad en una forma de poder residir en nuestro país». Según los datos que manejan, un 20% de la población española en la actualidad es de origen inmigrante, entre los que incluye a ese 5% de la población total que son hijos de migrantes nacidos en España y, por tanto, españoles. En Génova dudan sobre «los intereses de Sánchez para dar capacidad de voto desde dentro de dos años a todos los regularizados ahora».
Feijóo denunció además que esta regularización se produce de forma «simultánea» a los dos millones de nacionalizados e incorporados al censo por la ley de nietos, una de las medidas incluidas en la ley de Memoria Democrática impulsada por el Gobierno en 2022 que concede la nacionalidad a extranjeros que sean descendientes de españoles y de exiliados o represaliados del franquismo.
El líder nacional del PP cree que la propuesta del Gobierno puede vulnerar el pacto migratorio europeo y buscará que los líderes comunitarios presionen para frenarlo en la cumbre del Partido Popular Europeo que se celebra este viernes y sábado en Zagreb (Croacia). Una cita a la que asistirán el primer ministro alemán Friedrich Merz o el griego Kyriákos Mitsotákis, o la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen.
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