El campo regional salta hoy al asfalto contra la política agraria europea y la inseguridad hídrica

LA VERDAD analiza las catorce reivindicaciones que sacan hoy a las calles al sector primario, convocados por las organizaciones agrarias COAG, Asaja y UPA, donde el Trasvase Tajo-Segura, la ley del Mar Menor o los pozos tendrán un lugar destacado en la protesta. Hasta 1.500 tractores y camiones formarán los piquetes previstos en cuatro puntos de la A-7 y la A-30, en Lorca, Cartagena, Archena y Blanca. Este periódico ha consultado al Gobierno de España y el Ejecutivo regional qué medidas han tomado o plantean adoptar para resolver estas demandas, pero no han respondido.

La Política Agrícola Común (PAC) tiene en tensión al campo desde hace varios años, tras pasar por una serie de reformas que irán a más en el próximo ciclo, cuando se prevé recortar más de un 20% el presupuesto para las ayudas directas y eliminar los dos pilares que estructuraban el reparto de dinero para el campo y las estrategias de desarrollo rural. De la PAC depende gran parte de la agricultura ecológica regional, ganaderos de cabañas minoritarias en la Comunidad o productores de cultivos en zonas con condicionantes.

La política europea se aleja en ocasiones de los postulados regionales que defienden los mismos partidos que dirigen, a su vez, la Comisión Europea. Allí se argumenta una cosa y aquí otra, y al sector primario le ha removido especialmente los últimos acuerdos comerciales para reconocer como marroquíes los alimentos producidos en el Sáhara Occidental, que compiten directamente con los murcianos, y Mercosur. Una política de mercados abiertos que tiene pocos beneficios y mucho riesgo para el sector, y para la que piden auditorías en origen, mayor control fronterizo y cláusulas espejo, es decir, que se cumplan en esos terceros países que suministran a Europa las mismas reglas fitosanitarias, de calidad o de bienestar animal.

La baja rentabilidad que presentan algunas explotaciones agrícolas o ganaderas, la complejidad burocrática o la falta de ayudas a la incorporación marcan el bajo relevo generacional que sufre la actividad. El Gobierno de España presentó hace unas semanas la estrategia ‘Tierra Joven’ para facilitar el acceso a 17.000 fincas propiedad del Estado y destinar el 10% de la próxima PAC a favorecer el recambio en el campo. El Gobierno regional también pretende presentar próximamente su plan.

El recorte inminente en el Trasvase Tajo-Segura siembra de incertidumbre a los regadíos regionales y pone en jaque su viabilidad. A falta de reformar las reglas de explotación, la alternativa prevista por el Ministerio para la Transición Ecológica son dos nuevas desaladoras que sustituyan los recursos que se perderán del acueducto, un 50% menos de agua para la agricultura. Sin embargo, la falta de interconexión de las plantas con las zonas regables del Trasvase y la larga tramitación que acompañará a las dos previstas en Alicante y Águilas crean dudas en el campo. A partir de 2027, los envíos por el acueducto podrían ser testimoniales para el regadío levantino.

La producción de agua desalada, de gran consumo energético, deja unos precios elevados a los que tienen que hacer frente los regantes. El Gobierno estatal subvenciona por el momento estos recursos para las plantas de Torrevieja, Valdelentisco y Águilas, y prevé seguir cubriendo una parte de este coste hasta 2033. El abaratamiento del agua desalada pretende afrontarse con plantas solares, que no están construidas y cuyas ubicaciones está dando problemas a la Confederación del Segura.

El temido cierre de pozos a partir de 2027 por mandato de la Unión Europea parece que tendrá un periodo de amortiguación para sustituir los recursos de los acuíferos por agua desalada en función de donde se ubiquen los regadíos. Los regantes han demandado tener esa moratoria por escrito en un real decreto, pero preocupa aquellas zonas desconectadas del sistema principal del Trasvase y las desaladoras. La CHS, por ejemplo, apostará fuerte por un travase Júcar-Vinalopó para afrontar la reducción de bombeos en el Altiplano murciano. En total, la reducción prevista es de 212 hm3.

La planificiación hidrológica en la cuenca del Segura constata ciclo a ciclo el déficit de recursos que sufre la cuenca. Las organizaciones agrarias reclaman un suministro garantizado para los próximos años y que este quede reflejado en este documento. Pese a esto, reclaman una nueva planificación hidrológica nacional que salve, entre otras cosas, la difícil coordinación entre los planes del Segura y del Tajo a cuenta del Trasvase.

La largamente demandada reforma de la Ley del Mar Menor parece haber conseguido posturas a favor entre los partidos políticos de la Asamblea Regional, aunque con disparidad de criterios a la hora de cambiar según qué artículos. El sector busca sacar adelante una reforma técnica que elimine o modifique aspectos lesivos para la actividad, aunque sin desproteger al Mar Menor. En el horizonte está el nuevo programa de actuación en zonas vulnerables a los nitratos del Campo de Cartagena, que será la normativa básica que deberán cumplir.

El sector ganadero estará presente en la manifestación de este jueves, una actividad que demanda estrategias regionales para lograr una mayor protección. El plan de ordenación del sector porcino lleva a atascado en los cajones de la Comunidad varios años, mientras que la legislación estatal les ha empujado los últimos años a cambios para reducir su impacto ambiental.

El número de inspecciones en la Región de Murcia para evitar contratos fraudulentos o ventas a pérdidas entre los productores e intermediarios no convence a las organizaciones, que demandan más recursos que hagan cumplir en la Comunidad la ley de la cadena alimentaria y un órgano autonómico que centralice esa labor de vigilancia.

Los estudios para controlar los mayores o menores costes de producción que aguantan los agricultores y ganaderos es otra reivindicación, junto a la necesidad de evaluar la formación de precios en la Región.

El incremento de problemas relacionados con la sanidad vegetal responde a un momento en el que han aumentado los fenómenos meteorológicos extremos que propician plagas u hongos en el campo, junto a una mayor regulación que resta materias activas para combatirlos. COAG, Asaja y UPA inciden en la necesidad de simplificar y adaptar las normas a la realidad del campo, además de regular el uso de drones para tareas como la fumigación de cultivos.

La modernización de los seguros agrarios debe pasar por cubrir todos los posibles siniestros que se den en el campo, y en condiciones que atraigan a los agricultores a realizar una mayor contratación de estos escudos. El Gobierno regional ha ido incrementando las partidas presupuestarias de estas ayudas hasta llegar a los 7,2 millones de euros.

El último punto pasa por otorgar un carné profesional a los agricultores para que reduzcan la frecuencia de los análisis clínicos en cultivos y tierra por el uso de fitosanitarios o fertilizantes. El sector considera que hay reiteración innecesaria de esta práctica.