El Gobierno está atado de pies y manos por un Parlamento cada vez más fragmentado y tensionado. Sin embargo, el presidente, Pedro Sánchez, no quiere … dar señales de debilidad, agotamiento y parálisis y, por eso, su intención es sacar toda la artillería para demostrar que, pese a todo, sigue gobernando.
Esta es la orden que han recibido, para este año, los ministros: poner en marcha todas las medidas pendientes que puedan ver la luz sin el respaldo del Congreso. Es decir, a través de reales decretos, tal y como ha hecho esta misma semana con la regularización extraordinaria de más de medio millón de inmigrantes o como hizo con el real decreto ley antiapagón que, tras recibir el ‘no’ de la Cámara baja, fue troceado para que algunas de las reformas que contenía pudieran ser aprobadas con distintas fórmulas parlamentarias.
Frente a eso, aún hay muchas promesas económicas que están en el horno cocinándose para aprobarse más pronto que tarde, como la subida del salario mínimo y su nueva regulación para que no pueda ser absorbida por los complementos salariales, el registro de jornada, la jubilación flexible… Otra como las nuevas cotizaciones de los autónomos, la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, el Estatuto del Becario, la pasarela al RETA para los mutualistas o el Estatuto del Artista tendrán serias dificultades para conseguir el aval del Parlamento.
1. Nuevo salario mínimo
El Gobierno subirá el salario mínimo, con efecto retroactivo desde enero, un 3,1% hasta los 1.221 euros al mes en 14 pagas, lo que supondrá un incremento de 518 euros anuales. A diferencia de la guerra que estalló el año pasado entre Yolanda Díaz y María Jesús Montero, esta vez no ha existido debate interno dentro del Ejecutivo y ha habido consenso, tanto en el porcentaje como en la decisión de que siga libre de impuestos, al no exigir que tribute en el IRPF. Así se aprobará en los próximos días a través de un real decreto, puesto que fijar el nuevo SMI es una potestad que tiene el Gobierno aunque antes debe comunicárselo a los agentes sociales.
2. Blindaje del SMI por ley
Yolanda Díaz también tiene intención de sortear al Congreso y llevar por real decreto cambios en la norma del salario mínimo que impedirán que determinados complementos salariales (como el de peligrosidad, nocturnidad, ayudas al transporte o al vestuario) se diluyan o rebajen al ser absorbidos por la subida. Así lo pactó el año pasado con los sindicatos, pero la patronal advierte de que, de ver la luz, lo recurrirá en los tribunales, puesto que considera que esto ha de hacerse a través de una ley y no mediante un nuevo reglamento.
3. Registro de Jornada
El fracaso de la reducción de jornada en el Congreso que tanto daño hizo al Gobierno motivó un giro inmediato en el guion: cuando no habían pasado ni 24 horas del naufragio de la medida estrella del Gobierno para esta legislatura, Díaz inició los trámites para desgajar de esta ley el endurecimiento del registro horario y aprobarlo de forma exprés, una medida que asusta más a las empresas que el propio recorte de jornada, al obligar a fichar de forma digital (y no manual), así como especificar si las horas son ordinarias o extraordinarias y precisar cómo se compensan las extras. Lo hace a través de un reglamento que previsiblemente recibirá la aprobación definitiva en las próximas semanas en el Consejo de Ministros, sin pasar por el Parlamento, aunque la CEOE ha advertido de que la recurrirá en los tribunales.
La jubilación flexible y activa se acordó dentro de la reforma de las pensiones pero no se ha aprobado todavía
4. Jubilación Flexible
El Gobierno tiene entre manos una importante reforma que afectará a la mayor parte de los trabajadores: los cambios en la jubilación flexible y activa, una medida pendiente que se acordó dentro de la reforma de las pensiones y que ya va con retraso, pese a que tampoco necesitará pasar por el Congreso, sino que que se aprobará vía real decreto.
El Ministerio de Seguridad Social tiene intención de retomar una negociación que estaba ya bastante avanzada y que incrementará la pensión de los jubilados que vuelvan a trabajar, además de rebajarlos requisitos para acceder a esa compatibilidad, según la última propuesta que hay encima de la mesa. El objetivo: incrementar de forma significativa el número de personas que se reenganchan al mercado laboral una vez han dado el paso de ser pensionistas y que por primera vez se abre también al colectivo de autónomos.
5. Altas progresivas
Mucho más verde está otra iniciativa que tampoco tiene que pasar por el Congreso y cuenta con el rechazo de los agentes sociales: la incapacidad temporal para frenar el ‘boom’ de bajas laborales. Incluirá la puesta en marcha de la figura de las altas progresivas para permitir a los trabajadores una incorporación paulatina a la actividad y no de golpe; a media jornada. Eso sí, esta modalidad estaría acotada a determinadas patologías: enfermos de cáncer, de corazón, trasplantados o víctimas de ictus o accidentes traumatológicos graves podrían acogerse si llevan al menos un año de baja y por un periodo máximo de treinta días.
6. Nuevo plus de maternidad
La nueva sentencia de Europa –del pasado 15 de mayo– obliga al Gobierno a rediseñar de nuevo el complemento para la reducción de la brecha de género, un plus para premiar a las madres y recortar este ‘gap’ que les separa de los hombres en la cuantía de la jubilación, para no discriminar a los hombres. La propuesta de Seguridad Social lanzada en octubre –que enfadó a los sindicatos– impone una serie de requisitos para acceder a esta ayuda que, en la práctica, implica que dejará de ser para todas las madres (o padres). Es decir, reduciría el número de beneficiarios, aunque previsiblemente este texto no será el definitivo.
7. Estatuto del becario
Tras más de dos años en la nevera desde que se alcanzó un acuerdo con los sindicatos, el Consejo de Ministros aprobó en noviembre el anteproyecto de ley del Estatuto de las Personas en Formación Práctica no Laboral en el Ámbito de la Empresa, conocido popularmente como el Estatuto del becario.
El Estatuto del becario se acordó con los sindicatos pero tardó dos años antes de ser aprobado en primera vuelta
A un paso de que la iniciativa –que establecerá una serie de derechos para estos trabajadores en prácticas– reciba luz verde por parte del cónclave ministerial en segunda ronda antes de ir al Congreso, el proyecto recibió recientemente un varapalo del Consejo Económico y Social (CES) al constatar la falta de consenso entre las organizaciones representadas. La institución fue especialmente dura en el análisis económico del plan y en el impacto real sobre las pequeñas y medianas empresas, lo que complica su aprobado parlamentario por la sensibilidad de un socio clave como Junts hacia este colectivo.
8. Reforma del despido
Trabajo persiste en su intención de reformar la indemnización por despido improcedente para que se ajuste a la Carta Social Europea, que el actual Ejecutivo de coalición ratificó en 2021 y se comprometió a cumplir. Aunque ya en 2024 este departamento anunció una mesa de diálogo con los agentes sociales para abordar este asunto, no se han producido avances y los empresarios no quieren abrir un melón que quedó fuera de la reforma laboral, por lo que es previsible el rechazo de partidos como PNV y Junts a esta modificación.
9. Impuesto al diésel
Economía confía en sacar adelante el polémico impuesto al diésel comprometido con Bruselas para acceder a parte de los fondos europeos. La subida para equipararlo con el de la gasolina ya ha sido rechazada en otras ocasiones por el Congreso, lo que el año pasado supuso mermar en 460 millones de euros el quinto desembolso de las ayudas europeas. Sin el apoyo parlamentario –la propuesta tiene que reunir una mayoría de consenso al tratarse de una medida fiscal– esos fondos podrían perderse.
10. Coche eléctrico
Las ayudas previstas para la compra de coche eléctrico aún no se han activado. El Gobierno aprobó el pasado diciembre en Consejo de Ministros una nueva subvención denominada Plan Auto+ con una tramitación más ágil que la anterior, pero todavía no ha sido publicada en el BOE y el sector se queja de la incertidumbre existente que está lastrando las ventas.
Vivienda, pendiente del Plan Estatal
El Gobierno ha convertido la vivienda en eje de la legislatura, en medio de una crisis de acceso casi sin precedentes con precios disparados que golpean, sobre todo, a los más jóvenes. Este escenario ha llevado al Ejecutivo a realizar decenas de anuncios en el último año, muchos de los cuales no se han puesto aún en marcha. Unos, por el retraso en su aprobación, como los avales lanzados el pasado martes para proteger a los caseros frente a posibles impagos. Otros, por la compleja aritmética parlamentaria que mantiene varias proposiciones de ley atascadas en el Congreso. Entre ellas, la que incluye el polémico impuesto a la compra de vivienda por parte de extranjeros, aunque el Gobierno sí logró sacar adelante el pasado año la eliminación de las denominadas ‘Golden Visa’. También sigue en el cajón el plan para subir al 21%el gravamen sobre los pisos turísticos.
Más recientemente, el Ejecutivo ha planteado otras medidas fiscales como la exención del cien por cien del IRPF para los propietarios que no suban el precio cuando renueven sus contratos. La idea murió casi antes de su nacimiento con la firme oposición de Sumar y Podemos, pese a que el plan también incluye una regulación contra el fraude en los alquileres de temporada y límites –aún sin especificar– en el de habitaciones.
Con la perspectiva de que esas propuestas serán difíciles de sacar adelante en el corto plazo, el Gobierno se ha marcado el objetivo de lanzar el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 en el primer trimestre (debería haber estado listo en diciembre).
Al tener rango de norma reglamentaria (siempre ha sido así), no tiene que pasar por el Congreso. El texto fija las políticas públicas de vivienda para los próximos cinco años y, según lo previsto, contará con una financiación de 7.000 millones de euros, un 60% aportado por el Estado y el resto por las comunidades. Entre las medidas destaca la recuperación de las ayudas a la construcción de VPO, las ayudas al alquiler con opción a compra o el avance de la vivienda industrializada. Sobre la mesa también está el impulso a la cesión de casas vacías al Estado para alquiler asequible.
La cuota de autónomos, en el aire
La caída del decreto ómnibus en el Congreso deja en el aire dos medidas clave generando una gran incertidumbre entre los 3,5 millones de trabajadores autónomos: la congelación de la cuota para 2026 y la extensión del sistema de módulos. El plan del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social era prorrogar las cuotas vigentes –tras haber descartado unas subidas que habían provocado un fuerte rechazo del colectivo porque afectaba a los que menos ganan– con el fin de ganar tiempo para negociar con asociaciones y sindicatos la manera de que cada trabajador aporte según sus ingresos reales.
La segunda normativa que fue rechazada el pasado martes fue la prórroga de los módulos que permite a más de 350.000 emprendedores facturar en función de un régimen de estimación objetiva. Ahora estas medidas se encuentran en pausa mientras el Ejecutivo trata de convalidarlas cuanto antes en un decreto distinto.
Otra cuestión pendiente de pasar su examen parlamentario es la denominada pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Una figura jurídica que aún no ha sido aprobada y que permitiría a los mutualistas alternativos, trabajadores por cuenta propia que, amparados por la ley, optaron durante décadas por cotizar a través de mutualidades profesionales. Las mutualidades apoyan la iniciativa bajo ciertas condiciones: que sea voluntaria, temporal y que no perjudique ni a las entidades ni a quienes decidan permanecer en ellas. La cuestión se ha convertido en un campo de batalla político, ya que su futuro depende de un delicado equilibrio entre el PSOE y sus socios.
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Enlace de origen : Sánchez tirará de reales decretos para lanzar medidas esenciales de su agenda económica
