
Una vez más, una negociación bajo presión y a varias bandas. El Gobierno no quiere alargar una semana más la incertidumbre de los pensionistas sobre … cuánto cobrarán en su próxima nómina, pero lograr su objetivo de no dejar caer a cambio el escudo social y, singularmente. La suspensión de los desahucios a familias vulnerables, con la que no comulgan ni Junts ni el PNV ni Coalición Canaria ni el PP ni Vox, se ha demostrado estos días una tarea ímproba. Este lunes, fuentes del Ejecutivo admitían que lo más probable es que ese asunto se acabe desgajando del real decreto ley que aprobará el Consejo de Ministros, es posible que hoy mismo, para sustituir al que la semana pasada tumbaron los posconvergentes en el Congreso . Pero nada estaba aún cerrado.
No es la primera vez que los socialistas se enfrentan a la dificultad de lograr el apoyo de todos los socios de investidura a una de sus iniciativas. Ocurrió con la reforma fiscal a finales de 2024 y, finalmente, fueron las formaciones de la derecha, Junts y PNV, quienes se llevaron el gato al agua con la derogación del impuesto extraordinario a las grandes energéticas. En esta ocasión, los nacionalistas vascos habían dado su brazo a torcer pese a denunciar la situación en la que están quedando muchos pequeños propietarios cuyos inquilinos dejan de pagar el alquiler. Pero la mayor rigidez de los de Puigdemont les ha dado una nueva baza para volver a negociar.
«Un nuevo escudo social solo es posible si se amplía a los pequeños propietarios» avisan los nacionalistas vascos
A falta de contacto directo con la formación catalana, que rompió relaciones con el Ejecutivo el pasado noviembre, los socialistas hablan con el PNV con la esperanza de que lo que le valga a uno le valga también al otro, aunque sin garantías. La portavoz del grupo vasco, Maribel Vaquero advirtió este lunes, por lo pronto, de que la responsabilidad de ofrecer una alternativa habitacional a las personas en situación de vulnerabilidad no puede recaer sobre los propietarios con una única vivienda en alquiler. «Un nuevo escudo social solo es posible – dijo, insistiendo en una propuesta que su partido ya planteó en diciembre–si se amplía a los pequeños propietarios y se evitan dobles vulnerabilidades».
Los socios de la izquierda, mientras, advierten de que no están dispuestos a renunciar a nada. Sumar acepta que el decreto rechazado la semana pasada se trocee pero solo si todas sus partes tienen el sí del Congreso asegurado. El portavoz adjunto de Bildu en el Congreso. Oskar Matute, ya aseguró el viernes que su partido «no se va a bajar de la defensa de los sectores vulnerables que estaban protegidos por el escudo social» y avisó: «7 votos son importantes, pero los 6 de EH Bildu también».
Podemos tilda a Junts y PP de «sociópatas» pero reclama al Gobierno que pague él el alquiler de las personas vulnerables
Gabriel Rufián, de ERC, se mostró por su parte reacio a hacer concesiones a Junts, su gran rival en Cataluña. Aunque admitió que desde la noche del domingo hay negociaciones abiertas con el Gobierno, argumentó que justificar el rechazo a un decreto con una «inmensa mayoría de cosas buenas sólo porque hay alguna que no te gusta» es tan «absurdo» como que «no comer porque en un menú hay un plato que no te gusta».
Y Podemos fue aún más lejos al tildar de «sociópatas» tanto a PP y Vox como a Junts. Sin embargo, también defendió, como estos, que la solución al problema está en manos del propio Ejecutivo, al que echó en cara que no quisiera hacer «estructural» en su momento la polémica moratoria antidesahucios. Ahora, arguye que la salida es que el Gobierno asuma el pago de los alquileres de las personas que se han quedado «en la calle».

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