UGT denuncia que miles de personas en la Región siguen sin cobrar las ayudas para el alquiler y compra de vivienda

Y es que en palabras de la secretaria general ugetista, Paqui Sánchez, «el Gobierno regional sigue sin pagar, incumple todos los plazos legales y tampoco ha convocado la que prometió, en noviembre de 2025, cuando denegó masivamente las subvenciones del alquiler habitual o permanente para menores de 35 años». Ante esta realidad, ha anunciado la creación de una nueva plataforma de afectados por los retrasos a unas solicitudes formalizadas durante los 2023, 2024 y 2025. En suma, «el Gobierno regional, pese a saber desde 2022 que tenía que atender a estos nuevos procedimientos, no ha reforzado con los recursos humanos suficientes el Servicio de Vivienda autonómico», añade.

Por otra parte, recuerdan desde esta organización que todas estas convocatorias forman parte de las ayudas del Gobierno de España. Y, en concreto, aclaran que la segunda edición del Bono alquiler joven va a suponer un envío de 8,8 millones de euros a la Comunidad por parte de la Administración central, de los cuales ya se han transferido los primeros 5,5 millones, sin embargo «pasan los años y mantiene el boicot por motivos políticos», al no abonar ni siquiera los expedientes que tienen la resolución de concesión favorable desde hace tres años.

Desde la Dirección General de Vivienda, dependiente de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, responden a preguntas de LA VERDAD que todas las ayudas a las que se refiere UGT “están diseñadas unilateralmente por el Gobierno de Pedro Sánchez”. De ahí que “si los jóvenes no pueden acceder al Bono del alquiler es porque no cumplen los requisitos impuestos única y exclusivamente por el Gobierno socialista”. Al mismo tiempo, consideran que “no es casual” que el mismo día que Francisco Lucas da una rueda de prensa para hablar de vivienda “salga UGT a criticar al Gobierno regional en lugar de preguntar por las 184.000 que prometió Pedro Sánchez, los fondos europeos a los que ha renunciado para vivienda, alegando falta de demanda, y solicitar una ley de vivienda eficaz que facilite el acceso a un bien esencial”.

Por otro lado, revelan desde el departamento autonómico que la primera convocatoria se ha abonado la práctica totalidad del importe concedido que asciende a 9,3 millones de euros. Y de los 4.766 personas que lo solicitaron “solo cumplían los requisitos impuestos 1.679 personas”. Mientras que en la segunda se han recibido 955 solicitudes y “casi la mitad, 506, han renunciado o desistido voluntariamente o bien han decaído en su derecho o han sido anulados por defectos, de nuevo por culpa de la complejidad de los requisitos”. Mientras que los 449 expedientes restantes “siguen tramitándose para proceder a su abono en cuanto sea posible”.

Exactamente, las ayudas al alquiler para los jóvenes, que es la que más solicitantes reúne, ha vuelto ya a “incumplir todos los plazos legales”, sostiene el sindicato. En este sentido, se cifra que unos 2.000 inquilinos están pendientes de sus expedientes desde junio de 2025 y se enfrentan a «la amenaza de la aplicación del silencio administrativo negativo». Porque advierten desde UGT que la normativa que regula estas ayudas «contempla la posibilidad de rechazar las peticiones si en el plazo de medio año no se ha conseguido la resolución positiva» por parte de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, con las competencias en la materia.

Como consecuencia, el secretario de Vivienda de UGT-RM, Miguel García Lajarín, ha afirmado que «vamos a preparar requerimientos masivos para que todas las personas jóvenes exijan la confirmación de sus ayudas y comiencen a percibir las cantidades de lo que lleven justificado». Hay que tener en cuenta que cada persona afectada tiene derecho a percibir hasta 6.000 euros a lo largo de dos años, 250 por mensualidad, siempre que su contrato no supere los 600 euros al mes por una vivienda o 300 euros mensuales por una habitación.

Sin presupuesto

Por otra parte, más de 200 jóvenes menores de 35 años, según estima UGT, siguen sin recibir la subvención de hasta 10.800 euros, o por un importe máximo del 20% del valor de la compraventa, por adquirir su primera vivienda en una localidad con menos de diez mil habitantes. Aunque desde el sindicatos reivindican que sí la ha conseguido que un joven murciano haya podido cobrar gracias a un requerimiento realizado con el apoyo del sindicato. Pero se aclara que este pago es la excepción, ya que la Comunidad «sigue teniendo bloqueado casi la totalidad del presupuesto y la mayoría de personas no han cobrado».

Igualmente, alertan de que no habrá presupuesto para todas las personas que han pedido esta subvención, ya que el Gobierno regional no complementa con fondos propios estas medidas ni crea otras convocatorias para la misma finalidad. De forma que apuntan que solo habría presupuesto para 125 personas. Cabe destacar que para percibir estas subvenciones las viviendas no pueden tener un valor superior a los 120.000 euros y tienen que ser su residencia habitual durante al menos cinco años.

El sindicato agrupará y defenderá también a las familias que tienen viviendas en las que se ha paralizado el desahucio de sus inquilinos por la situación de vulnerabilidad, ya que «tampoco han cobrado la compensación de rentas y gastos creada por el Ministerio». Esto se debe a que, al igual que todas las anteriores, es la Dirección General de Vivienda quien tiene que gestionar estas ayudas. Esta medida estatal, pero tramitada por la Comunidad, debe aportar a varios cientos de familias afectadas por estos impagos cuantías que compensen las rentas no obtenidas durante los años del escudo social, al no poder ni vender ni arrendar de nuevo sus propiedades; así como los gastos asumidos de los suministros de estas familias en extrema pobreza.

«Esta inacción del PP regional provoca que no haya medidas sociales en la práctica, al bloquear las ayudas del Estado, tanto para quienes sufren la pobreza y no pueden continuar con el pago de sus contratos, como para quienes ven como no pueden hacer uso de sus viviendas, pierden esas rentas y encima tienen que seguir pagando los recibos de la electricidad y el agua de sus inquilinos morosos», concluye Lajarín.