No era su intención inicial pero el Gobierno acabó haciendo este martes lo que siempre le exigieron el PP y Junts: un real decreto ley … exclusivo para la revalorización de las pensiones (un 2,7% las contributivas y un 11,4% la no contributivas) que no obliga a ningún partido a convalidar medidas con las que no comulga por temor a contrariar a casi diez millones de personas mayores y sus familiares. La decisión asegura el alza que quedó en suspenso hace una semana. Lo que, en cambio, está en el aire, aunque el Gobierno confía en poder sacarla adelante tras pactar con el PNV una modificación que limita su aplicación, es la suspensión de los desahucios a familias vulnerables.
Esta discutida moratoria – que provocó el rechazo de los populares, UPN y los posconvergentes al extenso real decreto ley que el Ejecutivo aprobó en diciembre y sometió a la convalidación del Congreso el martes anterior– se ha incluido en un real decreto ley distinto. Irá en el mismo paquete que el bono energético, la garantía de suministro de agua y energía para personas en situación de extrema necesidad o, entre otras medidas, la extensión de las ayudas directas por la dana o la exención de IRPF para las indemnizaciones recibidas por daños personales en los incendios forestales del último verano.
Llegar a ese troceo le costó al PSOE, y singularmente, al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, una intensa negociación a varias bandas que se prolongó hasta el propio Consejo de Ministros con Sumar. Pero la más sustancial es la llevada a cabo con los nacionalistas vascos, en los que Moncloa se ha apoyado para intentar seducir de manera indirecta al partido de Carles Puigdemont, dado que, desde el pasado noviembre, no existe con ellos (o eso aseguran ambas partes) ningún tipo de interlocución.
El PNV ya venía exigiendo, desde antes incluso de que el Gobierno aprobara en diciembre el decreto fallido, que la suspensión de los desahucios, vigente desde 2020, se modificara para salvaguardar a los propietarios que solo tienen una vivienda en alquiler y para los que supone una carga excesiva asumir el coste de tener un inquilino que no paga. Sobre todo, porque, las compensaciones que contempla la ley no están funcionando bien.
Esa reclamación, que cayó hace un mes en saco roto, ha sido atendida e incluso ampliada ahora. La portavoz del Ejecutivo y ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, lo explicitó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Será la administración la que deba proporcionar una solución habitacional alternativa cuando el propietario posea una o dos viviendas. También si tiene tres o más el desalojo podrá ejecutarse, pero solo si existe un contrato previo y el casero es a su vez vulnerable.
Pequeños propietarios
El PNV no votó hace una semana contra el decreto que, en primera instancia, planteó el Gobierno pero, durante el pleno en el que se discutió, sí evidenció su enojo con argumentos muy similares a los de Junts y los populares. Los tres coincidieron en denunciar la situación en la que la continua prórroga del escudo antidesahucios ha dejado a muchos pequeños propietarios y esgrimieron el impacto negativo de la iniciativa sobre el mercado del alquiler y el alza de los precios.
Ahora queda ver si lo pactado es suficiente para la formación de Carles Puigdemont. Este martes, Míriam Nogueras dijo que quería conocer la «letra pequeña», pero en un mensaje posterior en Instagram añadió que, a falta de esa lectura más detallada, lo que ya pueden decir es que votarán «en contra de prorrogar una medida que no solo no soluciona el problema sino que es injusta porque el coste de un escudo con el que se llenan la boca las izquierdas españolas lo pagan el pequeño propietario y los vecinos». Fuentes de la dirección del partido advirtieron a este periódico que, aunque «no está decidido» lo «más probable» es que no apoyen el texto.
La otra gran duda es qué hará Podemos. Para sacar los decretos adelante, el Ejecutivo necesita contar con ambos partidos. Como mucho, y siempre que todos los demás socios de investidura voten a favor, se podría permitir que uno de los dos se abstengan.
En Moncloa, en todo caso, llaman a la «tranquilidad» tras las primeras reacciones de los posconvergentes y, a pesar de las duras críticas con las que Ione Belarra recibió los retoques concedidos a los nacionalistas vascos – llegó a hablar de acuerdo «criminal»– confían en que su partido acepte el mal menor. Entienden que los morados tienen muy difícil tumbar un texto que recoge otras muchas medidas que, de alguna manera, llevan su firma porque nacieron de un Ejecutivo del que ellos formaban parte en la anterior legislatura.
Esa es, no en vano, la razón por la que, aunque hasta la misma mañana de este martes el Gobierno pensaba dejar en un único decreto la moratoria antidesahucios, y no la subida de las pensiones, como finalmente hizo, optó por cambiar de idea.
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Enlace de origen : El Gobierno salva las pensiones pero Junts amenaza con volver a tumbar el escudo social
