Indemnizan a un policía con 87.000 euros por el acoso laboral al que fue sometido por sus compañeros

El acoso laboral puede ser una fuente de problemas y de deterioro de la salud mental, debido al estrés al que somete a la víctima de dicho acoso. La imposibilidad de realizar tu trabajo, en paralelo con acusaciones infundadas de las que tienes que demostrar tu inocencia, puede ser el principio de una enfermedad que puede dar lugar, incluso, a una indemnización.

Es el caso de este policía local de Capellades, cuyo caso recoge una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a la que ha tenido acceso LA VERDAD. Se trata además de un agente que tenía rango de ‘caporal’, que en la jerarquía se sitúa por encima de los agentes y por debajo de los oficiales, pero que, de acuerdo a algunos testigos, ejercía las funciones de jefe de la policía local cuando se encontraba de alta en el ayuntamiento.

Los hechos comenzaron en 2016, cuando el policía fue expedientado por la supuesta sustracción de 3.080 euros de la Tesorería Municipal. Este expediente concluyó en la apertura de expediente disciplinario por apropiación indebida y una sanción de suspensión de funciones por dos años en mayo de 2017. Sin embargo, esta sanción fue anulada por la justicia en diciembre de ese año, ordenando que dejaran sin efecto todas sus consecuencias.

Pero no fue ese el único expediente al que tuvo que enfrentarse el policía: en 2018, se investigó y expedientó al policía por estar prestando servicios en una empresa de seguridad privada, lo que incumpliría la normativa de incompatibilidades. Este expediente fue sobreseído y archivado. En 2019, fue acusado de usar la tarjeta del ayuntamiento para «repostar no sólo en el vehículo asignado sino en otros y para llenar garrafas». En este caso, se abrió un expediente disciplinario en el Ayuntamiento, pero también un juicio tras la denuncia de la Fiscalía. El expediente fue suspendido hasta saber la conclusión del procedimiento penal.

Como consecuencia de estas sanciones, el policía no pudo afrontar los pagos de la hipoteca de su casa y tuvo que optar por la dación en pago de la misma.

Problemas en su puesto de trabajo y amenazas

Pero los conflictos para este policía no se limitaban a los expedientes sancionadores a los que tenía que enfrentarse: una vez incorporado a su trabajo tras la primera sanción, denunció a través de distintas instancias varias situaciones de acoso y aislamiento laboral. Por ejemplo, en marzo de 2019, tuvo que solicitar el acceso «a los distintos programas policiales en igualdad con el resto de agentes de la policía local de Capellades». Sin acceso a estos programas, el agente no podía controlar los cuadrantes ni organizar el trabajo.

Otro día de ese mismo mes, denunció que encontró su puesto de trabajo «con una mesa llena de aceite, el teclado lleno de aceite y agua, inservible», y el primer cajón de la mesa lleno de aceite, haciendo inservibles las herramientas de trabajo y documentos. En esta denuncia, el policía añadió que desde hacía meses eran «continuas las pintadas, carteles amenazadores, coacciones y vejaciones» que sufría.

El policía incluso llega a aportar fotografías de las pintadas que aparecieron en la puerta de su casa, en las que podían leerse los textos ‘Et mato’ (‘te mato’), ‘CDR_KP no tornis a Cape o et matarem (‘CDR_KP no vuelvas a Cape o te mataremos’). Además, recibió notas y mensajes amenazantes, como ‘Et matarem i a la familia també, ara saben on vius, subnormal’ (te mataremos y a la familia también, ahora sabemos donde vives, subnormal); ‘No et volem als nostres carrers’ (‘No te queremos en nuestras calles’); ‘Sou espanuols invasors, fastigosos.. us farem fora’ (‘Sois españoles invasores, asquerosos… os echaremos’), ‘Et penjarem a la plaça del poble’ (‘Te colgaremos en la plaza del pueblo’) o Invasor i xivato’ (‘Invasor y chivato’).

Inacción por parte del Ayuntamiento

Ante las denuncias que puso este policía, manifestando estos hechos, el Ayuntamiento no tomó ninguna medida protectora hacia el agente. Todo esto le provocó al policía un cuadro de ansiedad y depresión severa, que le llevó a una baja y que incluso tuvo que ser ingresado por lo grave de su situación. Finalmente, el Instituto Nacional de la Seguridad Social lo declaró en situación de incapacidad permanente por todos estos hechos.

Aunque en una primera instancia se había condenado al Ayuntamiento a indemnizar al policía con 270.000 euros, el TSJ de Cataluña considera que la pérdida de la vivienda no tiene un nexo causal claro con las sanciones, y redujo la indemnización a 86.922 euros. El Tribunal considera que el Ayuntamiento conocía la situación de hostilidad hacia este agente y no adoptó medidas para proteger su salud, por lo que en esta indemnización se incluyen también 25.000 euros sólo por el daño moral causado al agente, al interpretar que «el Ayuntamiento atentó contra la vida e integridad física del trabajador».

William Abrego

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