La justicia pone por primera vez en su punto de mira al Ministerio del Interior, y no solo al CNI, por el espionaje al independentismo … catalán durante los primeros años del Gobierno de Pedro Sánchez. El Juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona ha dado un paso sin precedentes en la investigación sobre espionaje digital en España al imputar, por primera vez a dos de los más altos responsables de la Guardia Civil en la causa que sigue en esta instancia sobre la intrusión a través de software malicioso a miembros del secesionismo catalán entre 2019 y 2021.
La jueza Julia Tortosa García-Vaso ha citado como investigados a los dos primeros directores del instituto armado bajo el mandato de Fernando Grande Marlaska. Se trata de Félix Vicente Azón Vilas (quien estuvo al frente de la institución entre 2018 y 2020) y María Gámez Gámez (2020–2023). La instructora también ha encausado a la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Paz Esteban López y a los responsables de las compañías desarrolladoras de los dos software espías Pegasus y Candiru, NSO Group Technologies Ltd y Saito Tech Ltd, respectivamente.
Este paso judicial marca un precedente, ya que nunca antes el espionaje digital había implicado formalmente a los máximos responsables de las fuerzas de seguridad españolas. No obstante, hay un problema con esta instrucción. Félix Vicente Azón, tras abandonar la Guardia Civil volvió a su puesto como magistrado de la Sala Social del Tribunal Supremo, por lo que goza actualmente de aforamiento, por lo que su imputación en ningún caso podría prosperar. Esteban, por su parte, acumula cinco citaciones por distintos casos de espionaje, y será llamada a declarar por quinta vez en relación con estas investigaciones en Barcelona.
Esta batería de imputaciones tiene su origen en una demanda de Sentinel Alliance, un grupo compuesto por cinco empresarios y desarrolladores de software de código abierto especializado en gobernanza digital y sistemas de votación anónima: Joan Arús, Joan Matamala, Jordi Baylina, Pau Escrich y Xavier Vives. Según la denuncia, estas personas fueron objeto de espionaje durante dos años, entre 2019 y 2021, mediante los programas Pegasus y Candiru, herramientas de muy alta potencia intrusiva, capaces de acceder a chats, correos electrónicos, archivos y fotografías, así como activar remotamente micrófonos y cámaras sin conocimiento de los afectados.
Los análisis técnicos realizados por el centro canadiense Citizen Lab documentaron al menos 78 ataques dirigidos contra los querellantes y su entorno más cercano. Buena parte de los espiados entonces -según los datos facilitados por la propia Esteban en el Congreso- estaban supuestamente relacionados con la plataforma Tsunami Democràtic, que estuvo detrás de los graves desórdenes en otoño de 2019, durante las protestas por la sentencia del ‘procés’.
Sin embargo, el motivo del espionaje -según la querella- estaría relacionado con la actividad profesional de los afectados. Sentinel Alliance argumenta que las autoridades españolas consideraron que el desarrollo de herramientas de votación digital y protocolos de gobernanza descentralizada por estos empresarios podría constituir, en un futuro, una amenaza para la «seguridad nacional». Además, denuncian que la información obtenida fue filtrada a medios de comunicación con el aparente objetivo de perjudicar comercialmente sus empresas y dañar su reputación, mientras ellos no pudieron defenderse ni participar en ningún procedimiento legal relacionado con los datos obtenidos de forma ilícita.
Solo para Estados
La instrucción judicial no solo apunta a los responsables políticos y policiales, sino que también extiende su alcance a las empresas tecnológicas que desarrollaron los programas de espionaje. Entre los imputados de NSO Group se encuentran Shalev Hulio y Yuval Somekh, así como los responsables de sus filiales europeas en Luxemburgo, Q Cyber Technologies y OSY Technologies. Por primera vez en España, también se citan a los directivos de Saito Tech Ltd, creadores de Candiru: Eran Shorer, Ya’akov Weizman y Eitan Achlow. Ambos programas de vigilancia son de venta restringida a Estados y centros de inteligencia, y su uso fuera de ese marco ha sido objeto de polémica internacional.
La querella fue admitida a trámite en septiembre pasado al considerar que los hechos denunciados podrían constituir delitos de descubrimiento y revelación de secretos informáticos, así como acceso ilegal a sistemas informáticos. La Ley de Secretos Oficiales, que protege la actividad del CNI, ha limitado hasta ahora la divulgación de información relevante sobre estos casos, manteniendo bajo perfil mediático la mayoría de las comparecencias.
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Enlace de origen : Imputados dos exdirectores de la Guardia Civil con Marlaska por el espionaje al independentismo catalán
