Todos los municipios de la Región de Murcia deberán contar con un protocolo que vaya encaminado a prevenir altos niveles de contaminación del aire … , pero también a reducir esos niveles de emisiones a la atmósfera cuando ya se estén registrando estos episodios. La Consejería de Medio Ambiente tiene previsto aprobar un nuevo decreto en materia de calidad del aire, que dará cobertura legal en la Comunidad al ‘Plan Marco de Acción a corto plazo en caso de episodios de alta contaminación‘, aprobado por el Ministerio para la Transición Ecológica y las autonomías en 2021, y en vigor a nivel estatal desde hace tres años.
Esa norma nacional, y ahora también la regional, permiten «ordenar y reforzar» la respuesta de las instituciones ante estos casos de emisiones. La novedad está en el protagonismo que adquiere la acción política desde los ayuntamientos pequeños, ya que deberán contar con un protocolo propio donde se definan las actuaciones según la realidad del municipio: tráfico, movilidad, obras, limpieza viaria, comunicación a la población, etc.
El borrador del decreto, al que ha tenido acceso LA VERDAD, establece que los municipios de menos de 50.000 habitantes «deberán, en el ámbito de sus competencias, informar a la población y adoptar las medidas oportunas para reducir los niveles de contaminación y la duración del episodio» cuando se produzca o se prevea que sucedan estos casos. Para ello, los consistorios se fijarán en lo establecido en dos documentos pendientes de aprobación por parte del Gobierno murciano: la adaptación regional del plan de acción a corto plazo (la Consejería prevé culminarlo en medio año) y en la nueva Estrategia de Calidad del Aire para adecuarse a los nuevos límites de contaminantes establecidos por la Unión Europea para 2030.
No hay un ‘catálogo cerrado’
«La normativa de calidad del aire establece que los planes/medidas deben adaptarse al ámbito local, y que, dentro de sus competencias, los ayuntamientos definen actuaciones acordes a su realidad. Por eso, el borrador no impone un ‘catálogo cerrado’, cada municipio debe diseñar su protocolo según su idiosincrasia», explican fuentes de Medio Ambiente a este periódico.
Los consistorios definirán las actuaciones según la realidad de cada territorio: tráfico, movilidad, obras, limpieza viaria, etc.
El decreto, que se presentó ayer en el Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente (Carma), obliga también a los grandes municipios (Murcia, Cartagena, Lorca y Molina de Segura, además de Alcantarilla para el caso del dióxido de nitrógeno y las partículas PM10) a tener su propio protocolo actualizado a las normativas que han tenido lugar los últimos años, aunque ya cuentan con uno.
«Las entidades locales de la Región de Murcia deberán adoptar, en el ámbito de sus competencias, las medidas necesarias para contribuir a evitar, en la medida de lo posible, la superación de los umbrales de información y alerta o, en su caso, reducir su magnitud, duración y extensión geográfica, con el fin de proteger el medio ambiente y la salud de la población», reza el borrador, que por el momento no fija plazos para tener dichos protocolos.
Esos plazos «deberán venir definidos en el propio texto (normalmente mediante disposición transitoria)», pero la idea de la Consejería es que los municipios de mayor población cuenten con normativa propia, mientras que el resto se apoye en los protocolos autonómicos vigentes de 2010 y 2018 «hasta su adaptación».
Estaciones en Escombreras
Los protocolos municipales no son el verdadero protagonista de la nueva normativa de Medio Ambiente. Esta cuestión ocupa una pequeña parte del articulado, ya que el decreto se centra en otra cuestión. En concreto, viene a regular el nuevo sistema de monitorización ambiental que se desplegará en las zonas industriales, con prioridad para el Valle de Escombreras.
La Consejería prevé tener en medio año el nuevo ‘Plan de Acción a Corto Plazo por Episodios de Contaminación del Aire’
La intención de Medio Ambiente es integrar a las empresas potencialmente contaminadoras en la Red Regional de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire, llevando a cabo estudios que concreten si son necesarias nuevas estaciones de mediciones de partículas, que serán privadas y cuyo coste de instalación y mantenimiento será compartido entre el sector industrial y la Comunidad.
«Estos sistemas […] se destinarán a la vigilancia de los contaminantes propios y específicos de los procesos de la actividad industrial y de sus fuentes de emisión, con la finalidad de que controlen la posible incidencia en las áreas de la inmediata influencia de la instalación». La Consejería defiende la medida para evitar la multiplicación «indiscriminada» de estaciones por cada empresa, y que estas tengan «una función clara y una ubicación técnicamente justificada».
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