La Fiscalía y la Abogacía General del Estado han reclamado al Tribunal Constitucional que estime el recurso de amparo presentado por el expresidente de la … Generalitat catalana, Carles Puigdemont, contra la decisión del Tribunal Supremo de no amnistiar el delito de malversación de caudales públicos por el que está procesado por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
La postura del Ministerio Público y de la Abogacía coincide con la mostrada con anterioridad en el caso del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras o los exconsejeros Jordi Turull, Dolors Bassa o Raül Romeva, a quienes el tribunal juzgador del ‘procés’ rechazó anular este delito. En su informe, la Abogacía considera que se ha producido una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de Puigdemont. Asegura que el Supremo hizo una interpretación de la ley a un «extremo irracional», ya que el «claro propósito» de la norma es el de anular también el delito de malversación cometido en el marco del ‘procés’.
En este sentido, el alto tribunal entendió que el caso de los líderes independentistas, tanto de los prófugos como de los condenados, recaía en dos de las salvedades que recoge la ley para no aplicarla: la existencia de «un enriquecimiento personal o beneficio patrimonial» y la afectación a los intereses económicos y financieros de la UE. Respecto a lo primero, el Supremo señaló que el hecho de que los acusados no tuvieran que pagar de su bolsillo el coste del referéndum ilegal, sino que usaran dinero público, les supuso un beneficio patrimonial en forma de ahorro. En cuanto a la segunda cuestión, los magistrados argumentaron que una eventual secesión de Cataluña habría mermado los ingresos que la UE recibe por parte de España.
A la espera del TJUE
Estos informes de la Abogacía y de la Fiscalía forman parte del proceso de tramitación del recurso de amparo de Puigdemont, Junqueras y los demás líderes del ‘procés’, quienes también aguardan la decisión de la corte de garantías. Los demandantes pidieron que les levantaran cautelarmente la órdenes de detención y las penas de inhabilitación que pesan en su contra, pero los magistrados lo rechazaron porque supondría adelantar el fallo.
No obstante, en el Constitucional están a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emita su primera sentencia sobre la ley de amnistía para resolver los amparos. El abogado general de la UE, el luxemburgués Dean Spielmann, ya emitió el pasado noviembre sus conclusiones sobre dos de las cuatro cuestiones prejudiciales remitidas desde tribunales españoles, las relativas a la responsabilidad contable de los líderes independentistas por los gastos del 1-O y a los altercados provocados por la plataforma Tsunami Democrátic.
El letrado respaldó la ley al descartar una «autoamnistía» y afectación alguna a los intereses económicos y financieros de la Unión, aunque apreció vulneraciones menores del derecho comunitario. De esta forma, abrió la puerta para el perdón definitivo de Puigdemont y del resto de procesados y/o condenados.
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Enlace de origen : La Fiscalía y la Abogacía también apoyan la amnistía a Puigdemont en el Constitucional
