El Congreso aprueba la ley de multirreincidencia con más apoyos de la oposición que de los socios del Gobierno

En medio de una aritmética parlametnaria endiablada que a veces hace extraños aliados, la proposición de ley había enfrentado al PSOE con Sumar y con sus habituales socios parlamentarios como Bildu, Esquerra y Podemos. Finalmente los republicanos se han acabado absteniendo tras pactar con el Gobierno crear 180 nuevas plazas de jueces en Cataluña en los próximos dos años. Según el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, este refuerzo de la plantilla de jueces permitirá paliar el «bestial colapso judicial» que padece su comunidad.

«Su aprobación es un reflejo de lo mal que está el mundo, con preocupación por los hurtos de descuideros pero sin preocupación por solucionar la crisis de la vivienda, por ejemplo. Es populista y demagógica, satura las cárceles con pobres desgraciados», ha lanzado el portavoz adjunto de Sumar y diputado de IU, Enrique Santiago, durante su turno de intervención, afeando así a su socio de coalición este paso adelante.

Junts registró esta proposición de ley, que reforma el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), en marzo de 2024, siendo admitida a trámite por el Pleno medio año después. Se guardó durante meses en un cajón hasta que, por fin, en marzo de 2025 se presentaron las enmiendas parciales. Sin embargo, la reforma volvió a entrar en hibernación porque los socios a la izquierda del Gobierno se habían mostrado disconformes con la misma.

Pero la ruptura del diálogo con el Gobierno anunciada por Junts llevó al PSOE a acceder a reactivarla y, en apenas una semana, la Comisión de Justicia aprobó esta reforma legislativa. Ahora el Pleno del martes debatirá y votará el texto y, posteriormente, y lo enviará al Senado para completar su tramitación.

Prisión de uno a tres años

En concreto, la reforma penal impondrá una multa de uno a tres meses si la cuantía de lo sustraído no excede de 400 euros, pero el castigo del hurto podrá ampliarse a una pena de prisión de uno a tres años si concurren circunstancias como haber sido condenado ejecutoriamente por otros tres delitos menos graves.

Y se añadió otro agravante para elevar la pena: sustraer un móvil u otro aparato informático con datos personales. De hecho, no se aplica en el caso de hurtos de móviles nuevos en una tienda.

En otra enmienda pactada con PP, PSOE y PNV, se entiende la previsión del castigo por multirreincidencia a los casos de estafa, con ánimo de lucro, «cuando se utilizaren engaño bastante para producir error en otro». Para la fijación de la pena se tendrá en cuenta el importe de lo defraudado, el quebranto económico causado al perjudicado, las relaciones entre éste y el defraudador, los medios empleados por éste y cuantas otras circunstancias sirvan para valorar la gravedad de la infracción.

Una modificación pactada con el PSOE y el PNV permitirá imponer cautelarmente al delincuente «la prohibición de acudir a determinados lugares, barrios, municipios, provincias u otras entidades locales, o comunidades autónomas, o de aproximarse o comunicarse, con la graduación que sea precisa, a determinadas personas».

Por último, mediante una enmienda ‘in voce’ acordada por PP, PNV y Junts, se estableció una pena de prisión de uno a cinco años a por el llamado ‘petaqueo’ que resta apoyo logístico a las narco lanchas al castigarse «la adquisición, tenencia, depósito, almacenamiento, transporte, o suministro, con temeridad manifiesta, de cualquier forma de combustibles líquidos» contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general.