El director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González Jiménez -‘número 2’ del cuerpo y hombre de máxima confianza de Fernando … Grande- Marlaska- dimitió a primera hora de la noche de este martes, solo minutos después de hacerse público que el Juzgado número 8 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Madrid ha admitido a trámite una querella por agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos contra él. González -aupado a las máxima jefatura uniformada del CNP por Marlaska al poco de llegar al departamento en 2018 y en donde ha permanecido inamovible en los últimos siete años y cuatro meses- está acusado por una subordinada de haberla violado la pasada primavera en un piso oficial del Ministerio del Interior. La denunciante asegura tener en su poder audios, grabaciones y otras pruebas de la agresión como de las supuestas coacciones de otros mandos del Cuerpo Nacional de Policía para tratar de silenciarla.
La «dimisión» de González que, según fuentes cercanas al comisario es para no dañar al cuerpo, solo se ha materializado cuando la denuncia llegó este martes a los medios de comunicación, ya que el caso era conocido desde hace meses en Interior, que además sabía desde la pasada semana que el 12 de febrero el juez David Maman Benchimol, especialista en violencia de género, había admitido a trámite la querella.
El magistrado Maman ha citado a la supuesta víctima y al denunciado el próximo 17 de marzo en los juzgados de Plaza de Castilla para escuchar la versión de ambos. «Los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito/s de agresiones sexuales cuya instrucción corresponde a este órgano judicial», apunta el juez David Maman.
«Relación de afectividad»
Según la querella —a la que ha tenido acceso este periódico en su integridad— la agente habría mantenido «en el pasado una relación de afectividad» con el alto mando del cuerpo, una vinculación que, según el escrito, «estuvo caracterizada desde su inicio por una asimetría de poder institucional manifiesta» debido a la posición jerárquica que él ocupaba. El documento añade que «esta situación de subordinación institucional fue sistemáticamente instrumentalizada por el querellado para generar y mantener una dinámica relacional de control, dominación y sumisión psicológica sobre la víctima, quien en múltiples ocasiones manifestó su voluntad inequívoca de finalizar la relación, viéndose impedida para materializar efectivamente dicha decisión».
La querella señala que la relación terminó «por decisión unilateral» de la víctima, una «circunstancia» que González «no aceptó», iniciando a partir de ese momento «una conducta obsesiva de acoso y contacto no deseado que culminó con los gravísimos hechos» que ahora se investigan y que habrían tenido lugar el 23 de abril de 2025. La mujer afirma que ese día el comisario González la llamó a las 14:15 horas para que abandonara su puesto de trabajo en la comisaría de Coslada. Le ordenó que acudiera a recogerle a un restaurante donde el comisario estaba comiendo con otro mando, que trabaja en su equipo. El denunciado le dijo a la subordinada que acudiera en un vehículo camuflado, un Renault Kadjar, cuya matrícula se especifica en la denuncia.
Finalmente, la policía acudió al restaurante sobre las 16:30 horas. Posteriormente, González ordenó a su ayudante que se retirara y al mismo tiempo conminó a la policía a que le llevara a su domicilio, que es la vivienda oficial del DAO en Madrid, perteneciente al Ministerio del Interior. Siempre según la denunciante, al llegar a la casa, y sin llegarse a bajar del coche, el DAO estuvo entre 15 y 20 minutos desplegando «una intensa presión psicológica, insistiendo de forma obsesiva y manipulativa hasta lograr doblegar la voluntad de la víctima, diciendo que solo iban a hablar, que no podían hacerlo en el vehículo porque les podía ver alguien, el portero o sus vecinos, accediendo finalmente la víctima a subir al inmueble bajo el pretexto explícito y la promesa del querellado de que únicamente iban a ‘hablar sobre nosotros dos’».
Ya en la vivienda, el comisario sirvió dos cervezas en la cocina y comenzó «de forma inmediata un acercamiento físico de naturaleza sexual hacia la víctima, acercamiento que fue rechazado de forma verbal, expresa, rotunda y continuada por la víctima en todo momento».
Violación «con penetración»
González, entonces, afirma el escrito, empezó con «una conducta agresiva de naturaleza sexual caracterizada por violencia física e intimidación ambiental, aprovechándose de la situación de aislamiento, superioridad física y autoridad institucional que ostentaba sobre la víctima». La denuncia relata con todo tipo de detalles la supuesta violación «con penetración» de la mujer, que además ha aportado audios del interior de la vivienda del comisario el día de la agresión y de las presiones recibidas posteriormente, según se afirma en la querella.
«Inmediatamente tras los hechos del 23 de abril de 2025, el querellado inició una campaña sistemática, obsesiva e intensiva de acoso telefónico y manipulación psicológica sobre la víctima orientada a múltiples objetivos concurrentes tales como mantener el control sobre la víctima; minimizar la gravedad de su conducta delictiva; culpabilizar a la víctima de lo sucedido; impedir que la víctima interpusiera denuncia por los hechos; y ofrecer compensaciones laborales como ‘precio del silencio’», sostiene el escrito.
La víctima se puso en contacto con el Punto de Violencia de Rivas Vaciamadrid para recibir asesoramiento el 2 de junio de 2025 y al mes siguiente fue atendida por el equipo de apoyo psicosocial de la Dirección General de la Policía. El 28 de julio de 2025 recibió la baja médica.
Jorge Piedrafita, abogado de la agente de policía y quien dio a conocer este martes la admisión a trámite de la querella, asegura que «nos encontramos ante hechos muy graves» y que están «sustentados con prueba objetiva». Unos delitos, abunda el letrado, cometidos además «dentro del ámbito del servicio policial, con un enorme abuso de autoridad por parte del máximo mando del cuerpo policial, que debe proteger a la ciudadanía, a las mujeres y a sus propias funcionarias».
El abogado, «ante el elevado riesgo que genera esta situación inédita en la Policía Nacional», ha solicitado a Marlaska «que adopte todas las medidas posibles para proteger a la funcionaria agredida, que con gran valentía ha denunciado a su máximo jefe por unos hechos que sientan un peligroso precedente y que nunca deberían haberse producido». El Ministerio del Interior, en cualquier caso, ya conoce en detalle el caso. De hecho, en las últimas horas, la subdirectora general de Recursos Humanos y Formación de la Policía, la comisaria Gemma Barroso, se ha reunido con la denunciante para hablar de la situación.
Designación política
González fue nombrado número dos de la Policía Nacional en octubre de 2018, solo unos meses después de la llegada de Marlaska al Ministerio del Interior, en junio de aquel año, tras la moción de censura de Pedro Sánchez a Mariano Rajoy. Desde entonces, José Ángel González ha permanecido en ese puesto de director adjunto operativo, que es el cargo de mayor rango de un uniformado en el Cuerpo Nacional de Policía, aunque su designación siempre tiene una marcada carga política.
Nacido en 1959 en Aguilar del Río Alhama (La Rioja), González Jiménez inició su carrera en 1984 tras graduarse como teniente en la Academia General Militar de Zaragoza, incorporándose a la Policía Nacional y siendo destinado a las Unidades de Intervención Policial (UIP), los antidisturbios.
Durante casi dos décadas lideró la VII UIP, lo que consolidó su experiencia en operaciones de mantenimiento del orden y seguridad ciudadana. En 2002 fue ascendido a comisario y destinado a la Brigada de Extranjería y Fronteras de Alicante, paso que precedió a su regreso a Valladolid como jefe de Seguridad Ciudadana. Entre 2005 y 2014 fue comisario provincial de Valladolid, donde su gestión fue reconocida con la Encomienda de la Orden del Mérito Civil.
En 2014 fue nombrado jefe superior de Policía de Melilla y, en 2017, asumió la Jefatura Superior de Aragón, cargo desde el que dio el salto, de la mano de Marlaska, en octubre de 2018, a la Dirección Adjunta Operativa.

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