Las empresas podrán todavía sortear mediante los pluses la nueva subida del salario mínimo

Sin embargo, las empresas podrán seguir sorteando, al menos por el momento, este aumento a través de los pluses salariales, puesto que la prometida reforma para actualizar las reglas de absorción y compensación de los complementos tiene aún un largo recorrido por delante antes de ver la luz y, además, en el caso de que se haga realidad, se vislumbra una batalla legal para tumbarla.

Significa esto que aquellos trabajadores que cobren el salario mínimo pero tengan ciertos complementos para premiar, por ejemplo, su disponibilidad, su antigüedad o su exposición a actividades tóxicas o peligrosas puede que no perciban el incremento de este año debido a que el empresario les rebaja o anula ese plus para no hacer efectiva la nueva subida de 37 euros.

Es una fórmula legal y habitual jugar con estos pluses para neutralizar el alza, pero el Gobierno ha pactado con los sindicatos eliminarla. «Vamos a corregir un elemento muy importante: la compensación y absorción de los pluses para que el impacto sea real y no con fraudes contables», prometió este martes la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Los sindicatos dieron la semana pasada un ultimátum al Gobierno: o en el real decreto de subida se incluía el compromiso de prohibir estas prácticas, o no había acuerdo. Por eso, la promesa que ya se había hecho en los dos años anteriores se ha plasmado esta vez por escrito para «excluir de las reglas de absorción y compensación los complementos que devenguen por las condiciones en que se preste la actividad; por la residencia; los ligados a características intrínsecas de la persona trabajadora; los de cantidad o calidad del trabajo o aquellos cuyo carácter no compensable esté previsto en los convenios colectivos aplicables», según recoge el texto del acuerdo que incluso firmó el lunes el propio presidente Pedro Sánchez.

Batalla en los tribunales

Pero esta medida irá en un real decreto independiente y mucho más complejo al aprobado ayer, que requerirá de mucho más tiempo para tramitarse –tal y como explicaron a este periódico fuentes gubernamentales y del diálogo social–, pero del que ya se conocen las líneas básicas, puesto que ya se han dejado perfilados los tipos de complementos que pretenden blindar (como, previsiblemente, peligrosidad, antigüedad, residencia o disponibilidad). Y así lo recalcó también Díaz: «Hay trabajadores que perciben un plus de toxicidad o de peligrosidad que, de pronto, como les suben el SMI, el empresario les anula ese plus. Esto se ha acabado en nuestro país».

Pero el Gobierno deberá cuidar al máximo y medir cada palabra del documento que los juristas mirarán con lupa, puesto que la CEOE ya ha avisado de que lo recurrirá en los tribunales, convencidos de que el vehículo que utilizará el Ejecutivo para sacarlo adelante sorteando al Congreso, a través de un reglamento, no es legal ni constitucional, puesto que debería hacerse a través de una ley que reciba el aval del Parlamento.

Una vez redactado el texto final, deberá ser sacado a consulta pública, superar el filtro del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos y, posteriormente, recibir los preceptivos informes del Consejo Económico y Social (CES) y del Consejo de Estado, antes de llegar de nuevo al Consejo de Ministros. Pero Díaz confía, de nuevo, en que Sánchez se vuelva a situar de su lado, «del lado correcto de la historia», tal y como volvió a presumir este martes.