«Miedo» e «incertidumbre» en Villas Caravaning ante el riesgo de que les corten la luz y el agua

Caravaning Costa Cálida, empresa vinculada al grupo francés Capfun, tiene desde mediados del año pasado precintadas casi todas sus instalaciones. El Ayuntamiento, en atención a una orden judicial, acudió con la Policía Local para cerrar todas las ‘mobile homes’ que, según Urbanismo, no tenían licencia, así como todas las zonas y servicios comunes, como un supermercado, unas pistas deportivas o la piscina. Espacios de los que podían disfrutar no solo los clientes de la empresa, sino también los propietarios de viviendas del interior del complejo ubicado a escasos metros de La Manga y Cabo de Palos.

Según los técnicos municipales, la comunidad de propietarios debe redactar un plan especial que subsane las deficiencias que, sostienen, presenta el camping en materia de electricidad y medidas contra incendios. De hecho, los vecinos presentaron una alegación al nuevo Plan General donde pedían una calificación urbanística para el camping que permita poner instalaciones fijas como bungalows, pero la misma fue rechazada emplazando de nuevo el Consistorio a los residentes a redactar el mencionado documento y a que sea este el que finalmente determine los usos compatibles.

A resultas de esta situación excepcional, la administración del complejo advierte en su escrito que Caravaning Costa Cálida, al no poder ejercer su actividad habitual, no puede adelantar dinero para evitar un posible corte de suministro. Es más, avisan de que, en total, hay 704.376 euros pendientes de cobro por cuotas impagadas de los diferentes propietarios.

Juan García, presidente de una de las dos asociaciones en las que se agrupan los vecinos del residencial, pide a la administración que deje de «coaccionar» a los propietarios y asegura que no cree «que vayan a cortar la luz y el agua esta misma semana ni se va a impedir a los propietarios acceder a sus parcelas».

García enmarca el «aviso» en un pleito que han iniciado los vecinos en los juzgados contra la actual administración. Esta asociación ha pedido, a través de sus letrados, que los tribunales impongan como medida cautelar la destitución de los actuales gestores y su relevo por un administrador judicial.

García señala que tienen agendada una reunión con el Ayuntamiento el día 24, al que piden que interceda en el conflicto y en defensa de los vecinos. Reconoce que hay «muchos morosos» a los que «están intentando meter miedo», pero suscribe que todos sus asociados «están al corriente de pago». «Y eso que no hemos tenido suficiente servicio de jardinera y limpieza de calles, ni hemos disfrutado de todos los espacios comunes, que están precintados».

Según García, la cuota comunitaria ronda entre los 300 y los 400 euros trimestrales en función del tamaño de la parcela. Además, indica que la empresa que explotaba hasta el año pasado las viviendas de alquiler posee la cuota mayoritaria y que su situación de inactividad puede haber tenido efecto en la morosidad. «Ellos tienen cerca del 40% de la propiedad. Dijeron que, si no podían alquilar sus parcelas, no pagarían al no tener ingresos. La verdad es que nunca nos hemos fiamos de ellos. Hemos ido a peor desde que llegó Capfun».

La otra asociación de vecinos, por su parte, ha estrechado relaciones con la primera para tratar de hacer frente común de cara a futuras citas judiciales. Incluso se llegó a proponer una recogida de firmas coordinada entre ambas asociaciones, aunque decidieron dejarla en suspenso a la espera de los pasos que se sigan en los tribunales. Ayer mismo, ambas asociaciones mantuvieron una nueva reunión en la sede de la Favcac.

Los vecinos de Villas Caravaning no ganan para disgustos. Desde que el Ayuntamiento precintó parte de las instalaciones, los residentes vienen denunciando que la falta de fondos ha empeorado de forma notable la situación interna, dejándose notar en el mantenimiento del recinto en su conjunto. Algo a lo que contribuyeron, además, en octubre las fuertes lluvias que trajo consigo la dana ‘Alice’, que obligó a desalojar a los residentes y trasladarlos por precaución al pabellón de Cabezo Beaza.

Entre los residentes, hay muchos que tienen en Villas Caravaning su segunda residencia, a la que acuden en verano a pasar las vacaciones. Pero también hay otras que ya han convertido este lugar a orillas del Mar Menor en su residencia habitual, desde donde sufren las consecuencias de una situación que no habían conocido nunca antes. «El deterioro es gradual. Hay hasta okupas y robos ante lo que considero la pasividad de la administración», denuncia Carlos Gallego, residente estacional del complejo. «Se ha pedido un informe completo del estado de las cuentas y del listado de moroso, pero, a día de hoy, seguimos sin disponer de esa información».

Gallego señala que, en el recinto, habitan «personas que cobran una pensión no contributiva y que decidieron retirarse aquí porque era barato». Ahora, dice, esas personas se ven vulnerables. Alejandro Uroz, familiar de otra residente, se puso en contacto con este diario para denunciar también la situación de su madre. «Está enferma y decidió retirarse allí, compró su parcela y paga todas las cuotas. Ahora, si cortan la luz y el agua, se queda sin casa en la que vivir y sin posibilidades», afirma. «Y, como ella, hay muchas personas de avanzada edad que no van a tener donde ir», añade.

Este periódico intentó ponerse en contacto con la directora del camping para recabar su versión, pero no obtuvo respuesta.