España tiene solo un 25% de capacidad eléctrica para conectar nuevas industrias y hogares

En el documento publicado este viernes, REE revela que desde 2022 cuando se aprobó la actual planificación se han otorgado 11,8 gigavatios (GW) de capacidad para nueva demanda, pero aún no se ha puesto nada de ello en servicio. De acuerdo con la información compartida por el operador, en la red de transporte hay otorgados permisos de acceso y conexión a 129 GW de instalaciones eólicas y fotovoltaicas, 16 GW de instalaciones de almacenamiento y 19 GW de instalaciones de demanda.

Todo este volumen de demanda con permiso que está pendiente de conexión a la red de transporte supondría un incremento del 25% respecto a la demanda actual del país. «Los valores publicados recogen que la red de transporte aún dispone de capacidad para nueva demanda en el 25% de sus nudos que podrá ser otorgada bien a través del criterio general de prelación o mediante concurso», explica REE.

En 2023 se cambió la normativa y a partir de entonces los proyectos a los que se les diera licencias tenían que cumplir unas obligaciones para su construcción como estar enchufados a la red antes de cinco años a contar desde ese momento. Es decir, la actual legislación obliga a dar acceso a la red a todo el que lo solicita en un plazo de cinco años, pero en ese periodo la potencia concedida puede quedar ociosa (sin uso). Y con estos datos que publica este viernes REE queda demostrado que hay licencias por 11,8 GW que se concedieron antes y no están conectados y tienen hasta 2028 para seguir ociosos.

Por tanto, el uso del conjunto de la red alcanza el 75%, mientras que la saturación en la red de distribución está cerca del 90%. Además, hace unos meses la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) publicó un comunicado en el que alertaba de que el 83,4% de todos los nudos eléctricos de la red de transporte están al límite de capacidad y no se podían aceptar nuevas conexiones. La asociación, que engloba a empresas como Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP, calculaba que cinco comunidades tenían una saturación superior al 95%: Cantabria, País Vasco, La Rioja, Aragón y Navarra, lo que de facto impide la instalación en en estas zonas de nuevas fábricas, centros de datos u otra actividad que conlleve un alto consumo de energía.

Una nueva normativa

Tras salir a la luz estos datos, el Ministerio para la Transición Ecológica informó de que está ultimando una nueva normativa para liberar la capacidad de las redes eléctricas y asegurar que las peticiones firmes -como, por ejemplo, para nuevas viviendas- puedan conectarse a la red y materializarse. Para ello presentarán un primer paquete en las próximas semanas para regular la conexión técnica de las demandas conectadas y «facilitar que cumplan el criterio dinámico de la CNMC». La información publicada por REE «demuestra que España es un gran polo de inversión, gracias las políticas de los últimos años», señalaron fuentes del gabinete liderado por Sara Aagesen.

A su juicio, «no hay saturación de las redes», sino un «acaparamiento de permisos indebido y un efecto pernicioso de nuevos tipos de demanda, a las que es preciso exigir criterios de robustez para evitar que retiren capacidad a otros proyectos«.