El Gobierno de la Región de Murcia ha enviado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones una batería de alegaciones al borrador del Real … Decreto de regularización extraordinaria de extranjeros y ha solicitado formalmente su retirada. El documento, en el que cuestiona la validez de la norma, señala que la vía de tramitación elegida para sacar adelante el texto es «improcedente» y que la medida resulta incompatible con los principios de la política migratoria de la Unión Europea.
Del escrito, remitido por la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad de la Región el pasado día 18 de febrero, el Gobierno central ha recibido otras diez versiones procedentes de comunidades gobernadas por el PP, ya que la impugnación forma parte de una estrategia coordinada que ha ido fraguándose desde la dirección del partido en las últimas semanas. Representantes de las once autonomías gobernadas por los populares han mantenido diversas reuniones para lanzar una ofensiva institucional conjunta contra esta regularización que busca allanar el camino administrativo a cerca de medio millón migrantes residentes en España.
En sus alegaciones, la Comunidad sostiene que no existen circunstancias «imprevisibles» que justifiquen la tramitación de urgencia de la norma, ya que esta era conocida desde la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular de regularización que llegó en 2024 al Congreso. No se trata, por tanto de una situación sobrevenida, sino de «una decisión política diferida» bajo un procedimiento que, según defiende el Ejecutivo regional, «limita la adecuada participación institucional y dificulta la planificación presupuestaria y territorial».
Por otra parte, el documento remitido al Ministerio subraya que la utilización del Real Decreto interrumpe «un debate parlamentario en curso sobre la misma materia, sustituyendo la deliberación legislativa por una decisión reglamentaria».
Otra de las deficiencias a las que apunta el Ejecutivo murciano es la «cuantificación indeterminada» de los afectados por la regularización. Pese a que el Gobierno central ha señalado que la medida beneficiará a unas 500.000 personas, la Comunidad recalca que no existen cifras fiables sobre el número real ni su distribución entre las regiones, y estima que la cifra podría verse incrementada por la extensión de los efectos de la norma contemplada para hijos y ascendentes. Las alegaciones advierten de que esto impide calcular el impacto de la medida en las arcas autonómicas, sus servicios públicos, las prestaciones complementarias al Ingreso Mínimo Vital y los sistemas de protección social.
Señala vicios formales
El Gobierno regional sostiene que la regularización generará una presión «desproporcionada» sobre la sanidad, la educación y los servicios sociales, así como un «incremento masivo» de solicitudes, litigiosidad y trámites de empadronamiento y escolarización, entre otros, sin que se haya previsto planificación ni financiación adicional. El escrito recalca que «el borrador no prevé partida presupuestaria, mecanismo de financiación ni instrumento de planificación». Esta «insuficiencia material» de la Memoria que acompaña al Real Decreto constituye, según el escrito, «un vicio susceptible de afectar a la validez de la norma proyectada».
Otra de las objeciones planteadas se centra en que el acceso a la residencia establecido en el Real Decreto se basa en una «presunción automática de vulnerabilidad» para todas las personas extranjeras en situación administrativa irregular y no exige completar itinerarios de inserción laboral «ni aprendizaje del idioma».
La cuestión idiomática dio un giro ayer, al trascender que el borrador incluye el conocimiento de las lenguas cooficiales en el lugar de residencia como uno de los factores que las comunidades tendrán en cuenta en la elaboración de los informes de integración para acreditar el arraigo y poder renovar el permiso de residencia. «La política migratoria es una cuestión de Estado que exige orden y rigor, no acuerdos a la carta», señaló al respecto el presidente de la Región, Fernando López Miras, en una publicación en su cuenta de X, donde consideró la medida «otro privilegio más a Cataluña».
Riesgo para la seguridad
El informe jurídico remitido al Ministerio incide igualmente en que la regularización extraordinaria es «claramente contraria» al Pacto de Migración y Asilo de 2024, que exige que las decisiones nacionales «no generen efectos negativos sobre otros países ni comprometan la integridad del espacio Schengen».
Uno de los asuntos más controvertidos es el que apunta a la falta de garantías respecto a la situación penal de las personas que puedan acogerse a la regularización. El Gobierno regional vincula así la regularización con un hipotético aumento de la inseguridad ciudadana, al señalar que el plazo de cinco meses de permanencia que exige la disposición normativa para acogerse al procedimiento, es «insuficiente» para verificar antecedentes de un recién llegado.
Por último, el escrito destaca que el Real Decreto incurre en la «vulneración del principio de jerarquía normativa», al intentar suspender mediante reglamento procedimientos sancionadores que están regulados por una Ley Orgánica, y del principio de lealtad institucional, al omitir el paso del texto por la Conferencia Sectorial de Inmigración.
Por ello, exige la convocatoria «inmediata» de dicha Sectorial y la retirada del borrador del Real Decreto para debatir la reforma de un modelo de regularización ordinaria individualizado y «compatible con el Derecho de la Unión Europea» y el refuerzo del sistema de retornos de migrantes a sus países de origen «en línea con el Pacto Europeo de Migración y Asilo». Las objeciones presentadas no son vinculantes, pero el Ministerio debe motivar la aceptación o rechazo de cada una de ellas.
Parem defiende el impacto positivo que tendrán las cotizaciones de los extranjeros regularizados
La ONG Parem defiende la legitimidad y el impacto positivo del nuevo Real Decreto de regularización. Frente a las reticencias del Gobierno regional, la presidenta de la ONG, Adriana Trafonsky, remarca la capacidad del Ejecutivo para legislar por la vía de urgencia, y subraya que el Gobierno «no requiere del consentimiento de otros partidos» para implementar la normativa. «El Ejecutivo de turno tiene la capacidad de impulsar leyes o implementar normativas administrativas sin consentimiento de la oposición o utilizar los reales decretos», recalca. Respecto a las dudas sobre la seguridad ciudadana y el control de los beneficiarios, Trafonsky responde a las críticas sobre la supuesta presión que este proceso ejercería sobre las arcas públicas. Frente a la tesis del gasto social descontrolado, sostiene que el diseño del decreto ya garantiza una financiación adicional sustancial basada en las propias cotizaciones y ajustes tributarios de los regularizados. Este modelo, asegura, está pensado para sostener el sistema de financiación territorial y las políticas sociales. «Todas personas que van a ir a trabajar de forma legal a distintos sectores. cumpliendo la normativa vigente. Van a poder alquilar y moverse con total tranquilidad y gastar lo que han ganado, lo que repercute positivamente en la economía», concluye.
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