El anuncio de la instalación de un puesto principal de la Guardia Civil de Los Alcázares ha soliviantado los ánimos entre la plantilla de la … Benemérita en Cartagena. Si bien los agentes se alegran de que sus compañeros alcazareños vayan a tener unas mejores condiciones de trabajo, dicen no comprender cómo el Gobierno central no mete igualmente la quinta marcha para reconstruir la derribada casa-cuartel de la calle Ángel Bruna. Así lo manifestaron fuentes policiales consultadas por este periódico, que requirieron de nuevo al Ejecutivo central para que agilice los trámites.
El solar junto al parque de Los Juncos se ha convertido incluso en un problema para los vecinos, que acusan la proliferación insectos y roedores. Y mientras el Ayuntamiento y las asociaciones de agentes reclaman la reconstrucción de las dependencias en el mismo emplazamiento, algunos vecinos e incluso Movimiento Ciudadano (MC) ya sugieren convertir los terrenos en un parking o en una nueva zona verde.
La plantilla del instituto armado teme que el problema se eternice y el Gobierno central opte finalmente para desechar la idea de la reconstrucción. Sin ir más lejos, en un inicio, esta iba a ser licitada mediante un procedimiento de urgencia, que después se canceló.
La AUGC reclama que suban de categoría los emplazamientos de la Benemérita en Cabo de Palos y Mula
Posteriormente, en una respuesta parlamentaria a los senadores del PP, el Gobierno central aseguró que no tenían contemplado realizar dicha inversión. A día de hoy, desde la Delegación del Gobierno sostienen que el dotar de un cuartel a Cartagena sigue siendo «prioritario».
Portavoces oficiales del Ejecutivo central en la Región remarcaron a preguntas de este periódico que la inversión que se hará en Los Alcázares será costeada íntegramente por el Ayuntamiento del municipio vecino, es decir, sin que el Ministerio del Interior ponga un solo euro. En este sentido, inciden en que no se ha priorizado a Los Alcázares por encima de Cartagena, sino que simplemente se ha aceptado la propuesta de su consistorio, que pondrá las instalaciones, mientras que Madrid dispondrá el refuerzo de personal necesario.
Fuentes policiales consultadas reconocen que Los Alcázares es uno de los municipios de la Región donde más se ha elevado la criminalidad en los últimos años, fruto del crecimiento de la población, especialmente en época estival. Algo que, inciden los mismos medios, justifica que sea puesto principal.
Igualmente, no comprenden que Cartagena, la segunda ciudad de la comunidad autónoma, esté desprovista de cuartel de la Benemérita. De la comandancia cartagenera dependen los cuarteles de La Unión, El Albujón y Fuente Álamo, abarcando una gran cantidad de territorio. Por su parte, los acuartelamientos de El Algar y Cabo de Palos dependen, sin embargo, de la comandancia de Torre Pacheco.
Con todo, hay agentes que deslizan en privado la idea de que, tras la inversión en Los Alcázares, habría una supuesta decisión de carácter político. El municipio situado en la ribera este del Mar Menor está gobernado por el alcalde del PSOE Mario Pérez, mismo partido en el que milita el delegado del Gobierno, Francisco Lucas. El también secretario general del PSRM dijo en octubre que pronto habrían «buenas noticias» sobre el cuartel, pero los agentes siguen esperando.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) emitió un comunicado este viernes. La entidad expresó su sorpresa por la puesta en marcha del nuevo puesto en Los Alcázares «cuando llevamos más de 10 años solicitando que se creen puestos en Cartagena, Cabo de Palos, Mula y algunos otros donde también es necesario».
Asimismo, estimaron necesario aumentar a 80 la dotación de componentes del resto de puestos principales, «siendo muy necesario en Caravaca de la Cruz, Torre Pacheco o San Pedro del Pinatar entre otros». La asociación cargó contra Francisco Lucas, al que reprochan escasa atención. «No comprendemos que la Delegación del Gobierno que asume el PSOE no quiera reunirse e informar de todas estas cuestiones a la Asociación Profesional mayoritaria en el Cuerpo, con más de la mitad de los guardias civiles murcianos afiliados», criticaron.
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La Unión y El Albujón ven poca actividad en sus recintos policiales
Puesto del instituto armada en la diputación de El Albujón.
P. Martínez / AGM
El colegio Antonio Arévalo se ha convertido en el cobijo de los agentes cartageneros tras la demolición de su cuartel. Allí, AUGC reclama una reforma urgente para acabar con las goteras que, denuncian, afectan a la oficina de atención a la violencia de género. Asimismo, sugieren acondicionar la primera planta del centro para evitar que servicios como el Seprona e Intervención de Armas sigan desplazados en La Unión. «El problema es que Gobierno central y Comunidad no se ponen de acuerdo para ver quién lo debe financiar», aseguran desde la AUGC.
Precisamente este acuartelamiento, junto con el de El Albujón, son los dos más cercanos a Cartagena. Pero para muchos de sus vecinos su presencia no se está traduciendo en una mayor sensación de seguridad, porque la mayor parte del día están cerrados. El alcalde de La Unión, Joaquín Zapata (PP), asegura que lleva tres años solicitando de forma reiterada un mayor número de efectivos, la apertura del cuartel 24 horas los 7 días de la semana y un mayor despliegue de agentes en eventos y celebraciones.
El regidor subraya que estas demandas han sido trasladadas en todas y cada una de las Juntas Locales de Seguridad celebradas cada año, «sin que, hasta la fecha, se haya obtenido una respuesta satisfactoria». «Exijo que no se discrimine a La Unión en favor de otros municipios y reclamo un trato justo y equilibrado en la asignación de recursos».
Desde la Asociación de Vecinos de El Albujón, su presidente, Andrés García, reivindica que su cuartel sea el puesto principal de Cartagena. La realidad, sin embargo, dista mucho de ser así. «Que de verdad funcionen, hay ocho guardias, dos dentro y el resto de patrulla. Se suponía que habían sacado nuevas plazas, pero, que yo sepa, no ha entrado nadie. El cuartel solo abre de nueve a dos de lunes a viernes. En los últimos años, hemos sufrido oleadas de robos y vandalismo. La gente está muy quemada», clama. García asegura que incluso un vecino del pueblo se ofreció a ceder terreno suyo para ampliar el cuartel. «Pero José Vélez no nos hizo caso».

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