ADIF retiró pruebas del accidente de Adamuz sin autorización de la jueza y de madrugada

El titular de Transportes la mañana de este martes salió en defensa de la actuación de ADIF pese al enfado de la jueza del caso. Óscar Puente, en un mensaje en X, aseguró que todo es un «bulo» y que su departamento «no se llevó» nada del lugar de los hechos, sino que se limitó a retirar esos elementos como «precaución» para «preservar» las pruebas, ya que ni la Guardia Civil ni la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) se habían hecho cargo de esos elementos. Sin embargo, los propios miembros del instituto armado recuerdan en sus informes que Transportes hasta días después de la retirada de esas pruebas no tuvo autorización para entrar en la ‘zona 0’ del siniestro.

Según un oficio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil de Córdoba, fechado el 7 de febrero y remitido al Juzgado de Montoro, trabajadores del gestor de infraestructura trasladaron cupones de raíl con soldaduras (segmentos cortos de carril que se cortan deliberadamente para su análisis técnico) desde la zona del accidente hasta la base de mantenimiento de alta velocidad de Hornachuelos (Córdoba). En ese documento, los agentes comunican a la magistrada instructora una «situación anómala detectada» durante las diligencias.

El oficio recoge que un responsable de la base de Hornachuelos declaró el 6 de febrero que el 22 de enero «recibió orden verbal del jefe de área de ADIF para que se procediera a la retirada de cupones de raíl, entre los que se encontraban soldaduras, y su traslado a la base de mantenimiento AVE». Ese traslado, añade, se realizó «entre la noche y la madrugada del citado día 22 y el 23».

La Guardia Civil señala además que, según ese mismo testimonio, «se han realizado ensayos sobre los citados rieles», extremo sobre el que el instructor precisa que se desconoce «el alcance de las pruebas», aunque el compareciente manifestó que fueron «pruebas de dureza» y que «no fueron destructivas».

Los investigadores advierten en su escrito de que «entre esos cupones pudieran encontrarse los que pretendía analizar la CIAF, sobre los que se había solicitado autorización judicial mediante oficio de fecha 3 de febrero. «Lo que se participa para su conocimiento y a los efectos que estime oportunos», concluye el documento policial.

El relato de los agentes sitúa uno de los momentos clave el 30 de enero, cuando efectivos de la Guardia Civil y de la CIAF se desplazaron nuevamente a la zona del accidente «al objeto de tomar nuevas mediciones del bogie y eje del bogie del vagón 8 de Iryo», localizado a más de 200 metros de la vía. Fue entonces cuando, según el oficio, fueron informados de que «los cupones con las soldaduras se habían trasladado hasta la base de Adif en Hornachuelos».

Ante esta circunstancia, la UOPJ envió el 2 de febrero un correo electrónico a ADIF «advirtiendo de que no se realice ningún tipo de actuación en las soldaduras sin autorización previa». Al día siguiente, agentes se desplazaron a las instalaciones de Hornachuelos para «relacionar y precintar a disposición judicial todas las soldaduras retiradas por Adif».

Bronca de la jueza

Las interferencias de ADIF han provocado un importante enfado en la jueza de la causa. En una providencia de fecha 10 de febrero firmada por la titular del juzgado de Montoro, Cristina Pastor, reprende formalmente a la empresa pública. En esa resolución, la magistrada acordó «requerir a ADIF para que se abstenga de realizar cualquier operación tendente a la extracción o traslado del material relacionado y de interés para la instrucción de la causa y práctica de cualquier prueba sobre el material extraído, si no es previa autorización judicial».

La providencia añade la orden de «restitución inmediata del material que obre en su poder», bajo el «apercibimiento de incurrir en responsabilidad penal que resultara procedente». El juzgado deja así constancia de que cualquier actuación futura sobre las pruebas deberá realizarse «bajo control judicial».

Desde Adif se sostiene, en un informe interno elaborado junto a la ingeniería pública Ineco, que cuando se retiraron los cupones «no pesaba ninguna medida cautelar» sobre ellos y que se encontraban «abandonados y sin protección». La empresa afirma que el traslado tuvo como finalidad «garantizar su conservación», que las piezas «no fueron manipuladas ni alteradas» y que «han estado en todo momento a disposición judicial».

La Guardia Civil, sin embargo, subraya en su oficio que «hasta el día 28 de enero no se comunicó a Adif que disponía de autorización para acceder a la zona del accidente», lo que, a juicio de los investigadores, sitúa la retirada previa de material fuera del marco de las diligencias autorizadas.

En paralelo a estas actuaciones, los agentes han trasladado al juzgado las dificultades para obtener de forma completa y en plazo la documentación técnica solicitada. En un informe previo señalan que ha sido necesario reiterar requerimientos relativos a «los datos de los rieles utilizados en el tramo afectado», a los protocolos de inspección y a los reportes de trenes que circularon por la vía con anterioridad al siniestro.