El presidente y cofundador de la compañía aérea Plus Ultra, Julio Martínez Sola, ha comparecido este miércoles en la comisión de investigación del Senado sobre … el ‘caso Koldo’. El interviniente se ha acogido a su derecho a no declarar por estar investigado en una causa que instruye en secreto un juzgado de Madrid por presunto blanqueo de capitales. Sin embargo, ha empleado varios minutos de su comparecencia para leer unas serie de apreciaciones sobre la actividad de la empresa y su nexo con Venezuela, el rescate aprobado por el Gobierno tras estallar la pandemia del coronavirus en marzo de 2020 o sus vinculaciones personales y laborales con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
Martínez Sola ha negado en ese comunicado la existencia de «injerencias indebidas», «trato de favor» o «ayudas ilícitas» en el rescate de 53 millones de euros concedió a la aerolínea en 2021, afirmando que la compañía ha sido víctima de «un ataque desproporcionado, disparatado y continuado». «Nunca hubo ningún procedimiento excepcional al margen de la norma» en el mencionado rescate, aseguró. «Hubo un proceso reglado con controles, con informes de consultoras como Deloitte y PwC y con condiciones que se han ido cumpliendo. Nadie nos ha regalado nada», ha asegurado.
El compareciente ha cargado contra las «afirmaciones, insinuaciones y acusaciones» que vinculan a la compañía «con supuestos hechos ajenos a su gestión», señalando que «se han difundido conjeturas como si fueran certezas» y «se ha cuestionado la honradez de la empresa y sus profesionales sin que exista resolución alguna» que así lo determine.
«Se ha tachado a Plus Ultra de tener un sólo avión, de se propiedad del Gobierno, de no cumplir ninguno de los requisitos para acceder al fondo (del rescate), de tener su sede social en Panamá, de financiar a la Internacional Socialista, de ser traficante de drogas, de armas y de personas, de transportar oro ilegalmente, de falsificar manifiestos de carga e incluso de formar parte de una trama organizada para esquivar los controles de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Barajas», ha reprobado el empresario.
Por el contrario, Martínez Sola ha defendido que el trámite del rescate se extendió durante el tiempo máximo permitido, seis meses; que se han devuelto ya nueve millones en intereses del crédito y que los 53 millones de ayuda que salvaron a Plus Ultra de la quiebra y el cierre han revertido en estos cuatro años en 114 millones, entre pagos a la Seguridad Social, impuestos, amortizaciones o salarios a los empleados.
Causa judicial
La Policía Nacional detuvo el pasado 11 de diciembre a Martínez Sola y registró la sede de la compañía, en el marco de una investigación de un juzgado de Madrid tras una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que apunta al «uso indebido» de los 53 millones que el Gobierno, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), concedió a la empresa, así como al presunto blanqueo de fondos públicos y de oro de Venezuela en varios países.
A este respecto, en su alegato, el presidente de la aerolínea ha explicado que la compañía, que comenzó a prestar su actividad en julio de 2015, sufrió «de manera extraordinaria» durante la pandemia de coronavirus, un tiempo en el que el tráfico aéreo «se paralizó casi por completo, los ingresos desaparecieron y el sector quedó en una situación crítica». En este contexto, ha relatado que Plus Ultra se acogió al fondo articulado por el Gobierno, a través de la SEPI, para «mantener el tejido productivo y el empleo ante una crisis sin precedentes».
Asimismo, Martínez Sola ha subrayado que la concesión del «préstamo» a Plus Ultra fue revisada desde instancias judiciales, y también fiscalizada por el Tribunal de Cuentas, y en ambos casos «no se observó irregularidad alguna en este proceso».
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Enlace de origen : El presidente de Plus Ultra niega «ayudas ilícitas» ni «trato de favor» en el rescate del Gobierno
