
El Pleno de Cartagena tuvo este jueves un contenido de marcado carácter político. El mayor debate se produjo a raíz de una moción de Vox … que pedía prohibir el acceso a todas aquellas personas que intenten acceder a dependencias municipales con el rostro cubierto, mencionando concretamente el burka y el niqab como ejemplos. La moción salió aprobada tras recabar el único apoyo del PP, aunque, eso sí, con la enmienda de que simplemente se estudie la viabilidad jurídica de la medida. Así lo instó en un informe previo la secretaria del Pleno, que alertó de que era preciso un estudio específico para constatar que dicha prohibición no entra en colisión con derechos constitucionales como el derecho a la libertad religiosa, ni que, con su aprobación, se estén invadiendo competencias que no son propias de los ayuntamientos, sino del Estado.
Con estos mimbres, los choques entre partidos estaban servidos. El PSOE se mostró radicalmente en contra. Los socialistas se escudaron en el informe de la secretaría para justificar que el debate de la moción era improcedente y, por supuesto, votaron en contra. Barco al que consiguieron sumar al único edil de Sí Cartagena, Juan Pedro Torralba, y la concejal no adscrita María Dolores Ruiz. MC decidió por su parte quedarse en la abstención.
El portavoz de Vox, Gonzalo López Pretel, a tenor de las apreciaciones de la secretaria municipal, enmendó su moción original para simplemente instar al gobierno local -del que forma parte- a que estudie esa prohibición de acceso a las personas que porten prendas que oculten el rostro. Justificó esta medida en una cuestión de «seguridad» y «para evitar suplantaciones». Lo cual no fue óbice para que cargase sin paliativos contra el uso del burka y el niqab. Prendas que, dijo, contravienen «nuestros valores cívicos» y tildó de «símbolos de desigualdad» que imponen la «invisibilidad y el sometimiento» a las mujeres. Por esto, defendió que su medida es «objetiva y proporcionada».
En esta interpretación, encontró el respaldo del portavoz del PP, Nacho Jáudenes, que acusó a la izquierda de «quitar importancia» al uso de estas prendas extendidas en algunos países musulmanes. «No estamos ante una costumbre estamos ante un símbolo intolerable de control y sumisión». Por esto, anunció que su partido votaría a favor «de la igualdad y de la libertad».
El portavoz socialista, Manuel Torres, acusó a ambas formaciones de derechas de querer «montar un numerito» y les preguntó si enviaría a la Policía Local a identificar a todas las monjas que acudieran con hábito y mascarilla. Torres encuadró el movimiento de PP y Vox en un intento de vincular inseguridad con inmigración para «señalar siempre a los mismos». «Están usando a las mujeres para implantar sus ideas racistas. La libertad religiosa es un derecho fundamental y no se limita con una norma interna del Ayuntamiento».
La concejal no adscrita María Dolores Ruiz instó por su parte a Vox a que haga uso de la representación que tiene su partido en el Congreso para modificar la Constitución y las leyes orgánicas, negando que sea el Pleno municipal el lugar indicado para abordar el asunto. En este sentido, ejemplificó que ya no se permite acceder a muchos sitios con casco de moto o con verdugo.
Ante la polémica suscitada, fue preciso que la alcaldesa, Noelia Arroyo, interviniera para evitar interrupciones. Asimismo, la secretaria municipal tomó la palabra para señalar que, si la moción propone únicamente un estudio, el acuerdo nunca podrá ser nulo, ya que las decisiones que se adopten van a depender del resultado de dicho estudio, apartando así el riesgo de que el Pleno adopte acuerdos que puedan ser inconstitucionales.
Las palabras de la secretaria fueron cuestionadas por el portavoz del PSOE, que insistió en la inconveniencia de votar la moción. Asimismo, añadió que PP y Vox quieren, a su juicio, convertir el Ayuntamiento en su «laboratorio ideológico» y «recortar derechos fundamentales a golpe de moción» con el fin, valoró, de tapar carencias de gestión del Gobierno local.
El portavoz de MC, Jesús Giménez Gallo, tomó la palabra a continuación para expresar su absoluto rechazo al uso del burka y también, añadió, a la violencia machista. Asimismo, reprendió a Vox porque, afirmó, ya existe una ley que obliga a las personas a identificarse cuando se lo requiere la Policía, así como expuso la paradoja de que sea el propio equipo de gobierno el que se insta a sí mismo en una moción a implantar una prohibición en lugar de directamente traer una ordenanza y someterla a su votación en el Pleno.
López Pretel cerró el debate como proponente cargando contra el PSOE y dirigiéndose particularmente a la edil socialista Isabel Andreu. «Usted puede llevar lo que quiera, pero la del burka no», le espetó en una intervención que fue muy protestada por Andreu, que le replicó que puede acudir al Pleno vestida como ella quiera.
Regularización de migrantes
Vox no dejó escapar la ocasión de continuar hablando de seguridad e inmigración y llevó a debate otra moción para oponerse a la anunciada regularización de migrantes que impulsa el Consejo de Ministros. La medida del Gobierno de España obtuvo el rechazo en el Pleno de PP y Vox. El PSOE se quedó solo con Sí Cartagena en el respaldo al ejecutivo de Pedro Sánchez. MC y María Dolores Ruiz se abstuvieron. Los cartageneristas alegaron que era una realidad compleja en la que el Ayuntamiento carece de competencias más allá de regular el funcionamiento del padrón municipal para evitar inscripciones indebidas.
En este sentido, el edil Gonzalo López Pretel afirmó que el equipo de gobierno local ya está trabajando en una nueva ordenanza para evitar viviendas en las que haya gran cantidad de personas empadronadas de forma irregular. La moción suscitó cruces de acusaciones entre PP y Vox y el PSOE. Todos ellos tiraron de versículos de la Biblia para sus exposiciones. Hubo para todos los gustos. Cada uno escogió la cita de las Sagradas Escrituras que más le sirvió para apuntalar su argumentario. Unos para defender las bondades de la inmigración en términos culturales y económicos, y otros para criticar la entrada descontrolada de personas en el país que critican desde las formaciones de derechas.

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