La decisión sobre el regreso a España de Juan Carlos I es solo cosa del emérito. La Casa del Rey y el Gobierno coincidieron en … su respuesta a la reclamación de Alberto Núñez Feijóo de rehabilitar su figura al calor de la desclasificación de los papeles del 23-F. El líder del PP reactivó este jueves el debate sobre la vuelta del monarca cuyo papel fue clave para abortar la asonada encabezada hace 45 años por el teniente coronel Antonio Tejero que tuvo al país en vilo durante horas. El Ejecutivo asegura que ellos no se oponen, aunque creen que el hecho de que don Juan Carlos actuara bien ante la intentona golpista no borra los escándalos que le obligaron a poner rumbo a Emiratos Árabes Unidos y deja la pelota en el tejado de Zarzuela. Desde la institución corroboran que se trata de «una decisión personal» del padre de Felipe VI.
Fue en noviembre de 2022, después de que la Fiscalía archivase las tres investigaciones sobre su fortuna oculta, cuando don Juan Carlos escribió una carta a su hijo anunciando su intención de residir en Abu Dabi «de forma permanente y estable» pero dejando claro que visitaría España de manera frecuente, como así ha sido. Pero también dejó por escrito que cuando lo hiciera no se alojaría en ninguna residencia de titularidad oficial, descartando así su regreso al Palacio de la Zarzuela. Una decisión que le pesa ya que en este tiempo no ha escondido su deseo de poner fin a su exilio y volver al que fue su hogar durante 39 años.
El objetivo de su destierro era proteger a la Corona y evitar socavar su credibilidad, ya dañada por los escándalos de las comisiones y los fondos ocultos vinculados al AVE a La Meca, los regalos a la que fuera su amante Corinna Larsen o las cuentas opacas en paraísos fiscales. Un movimiento que Juan Carlos I pensó que sería temporal y que dura ya cinco años y medio. «Quien contribuyó a sostener nuestra democracia y nuestras libertades en un momento clave debiera pasar la última etapa de su vida con dignidad y en su país», defendió este jueves Feijóo.
El líder del PP, que informó a la Casa Real de sus intenciones como ha confirmado este periódico, cree que el que fuera jefe del Estado debería pasar la última etapa de su vida –en enero cumplió 88 años– en España «como un ciudadano más» ya que los archivos ahora revelados demuestran que detuvo la intentona golpista de hacer descarrilar la Transición y tumbar la democracia. Interpreta que la desclasificación realizada por el Gobierno debe servir para «reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado». Y que aunque el propio Juan Carlos de Borbón «ha reconocido errores innegables en su trayectoria» que le llevaron a tener que poner rumbo a Abu Dabi, «su balance es extraordinario».
Aunque el Gobierno no se opone a su vuelta, Moncloa sí que ha establecido una serie de condiciones cuando se encuentre en suelo español como que no pueda residir en el Palacio de la Zarzuela o que mantenga un perfil muy bajo. «Se puede actuar bien el 23-F y actuar mal en otras cosas, es lo que pasa en la vida», señaló el titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que ironizó sobre que el líder del PP encuentre «útil» ahora la desclasificación cuando la ha tildado de «cortina de humo».
Los socios: «Mejor fuera»
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, celebró, por su parte, que la desclasificación haya supuesto el final de las teorías de la conspiración dirigidas contra el entonces jefe del Estado y reivindicó su papel en aquellos momentos críticos. «Cuando haya que hablar bien del rey Juan Carlos, en buena medida habrá que hacerlo por nosotros mismos, por sentirnos orgullosos de una etapa en la que prácticamente todo el mundo estuvo a la altura de las circunstancias», aseguró. Por contraste, Vox ha optado por ponerse de perfil y deja en manos del anterior jefe del Estado la decisión de su vuelta.
Para los socios del Gobierno no hay debate sobre una posible vuelta de Juan Carlos I. «Los delincuentes, mejor fuera que dentro», zanjó el portavoz de Esquerra en el Congreso Gabriel Rufián, para quien el monarca, con su actitud en aquellos años, «dio pie a que militares que se pensaban que este país era suyo hicieran lo que hicieron». En la misma línea se manifestó la diputada de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, para quien el emérito «tendría que venir a comparecer a un juzgado». La dirigente vasca puso el foco en «lo que falta» por conocer, a sus ojos, sobre aquel 23 de febrero de 1981. De eso, dijo, «debe de haber bastante documentación que no ha sido desclasificada, que no está».
Sumar, por su parte, desdeña el debate porque considera que «no es relevante en este momento» y se centra en la necesidad de reformar la norma que regula los secretos oficiales vigente desde 1968, aún bajo la dictadura de Francisco Franco. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, invitó este miércoles a reformar la normativa «en este periodo de sesiones». Pero no convence a sus aliados parlamentarios que la mantienen, por ahora, bloqueada en el Congreso.
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Enlace de origen : La Casa del Rey y el Gobierno atribuyen a una decisión «personal» que el emérito vuelva
