La historia reciente del Mar Menor y de los efectos de su crisis ecológica tuvo este miércoles un hito en el Palacio de Justicia de … Cartagena, en concreto la sala de vistas del Juzgado de Lo Penal 2. Allí, la laguna tuvo por primera vez una representación jurídica propia en aplicación de la ley nacional que le reconoce derechos. Tres años y medio después de que las Cortes Generales aprobaran la ley sobre la personalidad jurídica de la laguna y su cuenca (previa Iniciativa Legislativa Popular con 640.000 firmas), y uno después de que el Consejo de Ministros activara el reglamento de funcionamiento de los órganos de representación y gobernanza del ecosistema, un colectivo ciudadano defendió al Mar Menor en un juicio.
Lo hizo a través de la Asociación Alianza Mar Menor (Amarme), que ejerció la acusación particular en la vista contra un empresario agrícola procesado por contaminar la laguna en los años 2015 y 2016 mediante el vertido de aguas cargadas de nitratos desde una desaladora ilegal. El procedimiento acabará con la condena del investigado, quien aceptó los hechos y será el sexto responsable de una compañía del sector castigado en el ‘caso Topillo’, que afecta a más de 60 empresas y particulares en los juzgados de Cartagena, Murcia y San Javier.
Sin embargo, el juicio acabó en una nueva polémica y en el anuncio de la acusación particular, a través del abogado murciano Sergio Marco, de que presentará un recurso para que la sentencia sea declara nula. El motivo es que la breve vista estuvo precedida por un acuerdo de conformidad entre la defensa del acusado, representado por el abogado cartagenero Mario García Galindo, y la Fiscalía, que Amarme ve contrario a la ley.
Según confirmaron fuentes judiciales a LA VERDAD, el empresario aceptó los hechos descritos en el escrito de acusación del Ministerio Público y acreditó haber realizado un ingreso en la cuenta del juzgado para afrontar el pago de una multa y de dos indemnizaciones, mientras que la Fiscalía rebajó la pena solicitada de manera inicial.
En una audiencia preliminar, A. S. I., dueño de una finca en La Puebla, se declaró culpable de un delito contra el medio ambiente y aceptó un año, tres meses y dos días de prisión, pena suspendida con la condición de no delinquir de nuevo en dos años. También asumió una multa de unos 900 euros y el abono de una compensación de 17.216,1 euros al Estado, titular del dominio público marítimo-terrestre y del hidráulico, y de 9.539,24 euros a la Comunidad Autónoma por el restablecimiento de la legalidad. Asimismo, aceptó nueve meses y un día de inhabilitación como agricultor o administrador o gerente de empresas agrícolas.
El juez, Álvaro Bellas Dublang, anunció que dictaría una sentencia condenatoria firme en los términos pactados. Antes, el letrado de la acusación particular pidió sin éxito que el magistrado no diera por válido el acuerdo. Marco reclamó la celebración del juicio conforme a lo previsto, se opuso a la modificación introducida por la Fiscalía y se adhirió a la primera calificación realizada por esta. Ahora, Marco presentará un recurso en la Audiencia Provincial para que esta declare la nulidad de las actuaciones por la vulneración del artículo 785.5 del Código Penal, «ya que no cabe aceptar una conformidad si la acusación particular se opone», dijo Marco a este diario.
Reproches «ejemplarizantes»
También intentó que se suspendiera la vista, porque el juzgado no le citó hasta una hora antes del juicio, lo que además le obligó a comparecer por videollamada. El abogado, quien también es gerente de la Tutoría del Mar Menor, dijo que Amarme no pudo presentar un escrito de acusación porque ya se había agotado el plazo legal. Se personó en las diligencias cuando tuvo conocimiento de las diligencias y cuando ya existía también la ley estatal que le facultaba a sumarse a ellas.
Fuentes de la Fiscalía señalaron que los acuerdos están previstos en la ley y que las condenas son «ejemplarizantes». Amarme discrepa y exige más dureza «para que no se repitan los atentados ecológicos» en esta joya medioambiental de la Región.
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Enlace de origen : Condena y polémica en el primer juicio con el Mar Menor como acusación particular
