
A contrarreloj para levantar un muro administrativo contra la planta incineradora de residuos sanitarios, proyectada en Los Alcázares, a unos dos kilómetros del … Mar Menor. El Gobierno local decidió este jueves dar el primer paso para suspender durante un año la concesión de licencias a cualquier industria de actividades potencialmente contaminantes, como incineradoras de residuos o plantas de biogás. La iniciativa trata de vetar el proyecto de la incineradora de restos hospitalarios, que ya cuenta con autorización ambiental de la Comunidad Autónoma, recurrida por el Ayuntamiento.
Los técnicos municipales vieron «numerosas e importantes deficiencias en el expediente, que podrían desencadenar perjuicios a la salud pública, el entorno natural y al Mar Menor», señalan fuentes municipales.
El alcalde, Mario Pérez Cervera, ya advirtió de que «utilizaremos todas las herramientas a nuestro alcance, administrativas, técnicas y judiciales, para evitar» que se instale una planta de esas características en el municipio. La medida tendrá que pasar por el Pleno municipal para someterla a votación –aunque es previsible su aprobación dada la mayoría del PSOE–. Llegará a la mesa plenaria con el apoyo de las 15.000 firmas recogidas contra la planta, para mostrar el ánimo popular, que ya quedó claro con las últimas manifestaciones vecinales.
En la protesta organizada desde la puerta del centro de salud, el pasado verano, se unieron al Gobierno local los concejales del PP en la oposición y más de 30 asociaciones locales. «Esta decisión responde a la firma voluntad del Ayuntamiento de proteger el municipio, la salud de sus vecinos y el entorno natural del Mar Menor», afirma el alcalde.
A solo 900 metros
El proyecto no solo ha despertado recelos en Los Alcázares, sino también en Torre Pacheco, ya que la planta está trazada en un solar a 900 metros de la localidad de Santa Rosalía. La segunda zona residencial más próxima es Lomas del Rame, del término municipal de Los Alcázares, a unos 1.500 metros de distancia.
Por otra parte, la parcela elegida por la empresa promotora, Ecology Recycling Technologies, S.L., se encuentra en un polígono industrial rodeado de naves y empresas con multitud de trabajadores, entre ellas una industria agroalimentaria de frutas y hostalizas.
La planta tendrá capacidad para quemar 1.024 toneladas al año de residuos sanitarios, la mitad peligrosos
La planta tendrá capacidad para quemar 1.024 toneladas al año de residuos sanitarios, de los que la mitad –640 toneladas, equivalentes a dos toneladas al día– son considerados peligrosos. Pueden incluir desde materiales contaminados biológicamente, restos anatómicos y medicamentos, cultivos microbiológicos, sustancias químicas y de otras composiciones habitualmente usadas en los hospitales.
Junto al Mar Menor
Desde la Consejería de Medio Ambiente señalan que «el trámite ambiental comenzó porque el Ayuntamiento autorizó el proyecto urbanístico», aunque el alcalde explica que «el informe municipal ya advirtió de que los datos eras incompletos y la empresa tendría que aportar más documentación si quería obtener la licencia de actividad».
En el Consistorio destacan la falta de encaje del proyecto en el municipio «donde los vientos dominantes depositarían las cenizas en el núcleo urbano y en el Mar Menor, un espacio natural con varias figuras de protección y zona de nidificación de aves protegidas». Llaman la atención sobre «la clara contradicción con la Ley 3/2020 de Protección del Mar Menor».
En sus alegaciones, alerta sobre «el riesgo potencial de emisiones, que pueden desencadenar enfermedades respiratorias, cardiovasculares y cáncer, sobre todo en los ancianos y los menores». La empresa promotora defiende las garantías de seguridad que se han incorporado al proyecto, con el que prevé incinerar los restos de los hospitales de la Región y, en el futuro, recibir también los generados en centros sanitarios de otras provincias. Para poner en marcha la planta, tiene planeado invertir alrededor de un millón de euros y contratar a ocho empleados.

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Enlace de origen : El alcalde de Los Alcázares busca frenar la incineradora con una norma sobre industrias contaminantes