El debate sobre la gestión del litoral español ha renacido a cuenta de la reforma que el Ministerio para la Transición Ecológica está tramitando para … el Reglamento General de Costas. El cambio previsto trata de evitar a contra reloj una sanción de Bruselas por los fallos denunciados en el sistema de concesión de permisos para, entre otras cosas, los chiringuitos de playa, pero obvia una demanda insistente de las comunidades que miran al mar: una nueva ley de Costas que ceda más competencias a los territorios.
En esta lucha está metida la Región de Murcia que, junto a otras autonomías como la Comunidad Valenciana, exige desde hace años la cesión del control administrativo del litoral para lograr más seguridad jurídica. La revisión de los deslindes que el Gobierno central está llevando a cabo en localidades como Cabo de Palos o Mazarrón dejan a muchos inmuebles privados dentro del dominio público, y en algunos casos el final anunciado es el derribo de dichas propiedades en favor de una mayor protección de la costa frente al cambio climático.
Las regiones costeras (algunas con las competencias ya cedidas) han movido ficha para asentar las bases de una nueva legislación a la que pretenden dar un gran impulso con una reunión hoy en Valencia, donde se constituirá un grupo de trabajo técnico y político para «diseñar con rigor y de manera coordinada una nueva ley de Costas que aborde de manera integrada la ordenación del litoral» y que equilibre la protección ambiental del frente marítimo, pero también sus usos económicos y sociales.
Los territorios marítimos (Andalucía, Cataluña, Canarias, Baleares y Galicia ya tienen traspasadas las competencias) argumentan que la gestión local es más ágil que la estatal, en un contexto reciente de continuos enfrentamientos políticos por la situación legal en la que quedan algunos núcleos urbanos tradicionales que están en el punto de mira del Ministerio por la invasión del dominio público marítimo-terrestre (DPMT).
La Consejería de Fomento del Gobierno murciano espera que un hipotético traslado de competencias ayude a «gestionar de manera ágil cualquier autorización que tenga ver con el desarrollo de alguna actividad, resolver la situación de inmuebles ubicados en deslindes, la concesión del canon [por ocupación temporal del dominio público]» o actuaciones que supongan una mejora en la accesibilidad a las playas, en la seguridad de las personas o del entorno y aquellas que generen «un alto valor de forma responsable con el medio ambiente».
Discrepancias en los criterios
Las autonomías, con esa esperada cesión, pasarían a controlar la gestión de autorizaciones y concesiones sobre actividades económicas en suelo público, la servidumbre de protección (los primeros 100 metros hacia el interior) que condicionan obras o reformas en viviendas o negocios, el régimen sancionador para multar por ocupaciones ilegales o la recaudación de la tasa por pisar terreno de DPMT.
Estas funciones corren a cargo ahora de la Demarcación de Costas de Murcia, mientras que la Comunidad mantiene las competencias sobre la ordenación del litoral. Fomento justifica que, en primer lugar, «falla la inversión, ya que las obras de interés general son competencia exclusiva del Gobierno central y esa inversión es escasa en la Región de Murcia», y falla, también, «la gestión ágil, en tiempo y forma», de los trámites.
Además, se aprecian errores en la uniformidad de criterios para autorizaciones como la regeneración de las playas tras un temporal (los desperfectos en el litoral de Santiago de la Ribera tras la dana Alice causaron desavenencias entre el Ayuntamiento de San Javier y Costas), o la discrepancia de criterios técnicos en los proyectos de deslinde (Cabo de Palos, Mazarrón o Calnegre), que no suelen afectar a edificios, pero sí a viviendas unifamiliares.
Dibujar el deslinde seguiría dependiendo del Ministerio para la Transición Ecológica pese a una posible cesión de tareas, ya que los terrenos frente al mar siguen perteneciendo al Estado. Sin embargo, Fomento cree que asumir una parte de la gestión administrativa del suelo público en el litoral podría «dar más protección a las familias» afectadas, aunque no aclara cómo. «La mejora de la gestión que se pretende es obtener transparencia en las actuaciones y que los propietarios puedan saber cuál es su situación y acceder a toda la documentación, además de potenciar la defensa de los núcleos etnológicos», añaden las mismas fuentes.
El departamento del consejero Jorge García Montoro, que formará parte de ese grupo de trabajo de las comunidades, defiende que un traspaso conllevaría «una gestión más eficiente, próxima y ajustada a la realidad específica del litoral» y agilizaría la instalación de rampas de acceso para embarcaciones en la Región con el fin de evitar fondeos ilegales. Los ayuntamientos, según Fomento, se encuentran hasta ahora con la «rigidez» de la Administración central para obtener permisos.
El servicio de playas saldría beneficiado, según la Consejería, porque se facilitarían «concesiones en donde fuera posible, de mayor plazo que las autorizaciones, que permitirán mejorar las instalaciones, ya que darían más seguridad jurídica a los interesados».
El problema del tiempo de las concesiones
La iniciativa legislativa de las comunidades tiene como trasfondo el temor a que la reforma del Reglamento de Costas endurezca las condiciones para cualquier negocio que quiera instalarse en suelo estatal. Bruselas abrió un expediente sancionador a España por cómo gestiona las autorizaciones y prórrogas para la ocupación de estos terrenos, y evitar una sanción pasa por cambiar este documento.
Ahora, el frente autonómico teme que se limiten las concesiones de las prórrogas a solo 30 años, frente a los 75 vigentes. Territorios como Cataluña o Asturias, de gobiernos socialistas, se han sumado a este grupo de trabajo que buscará un cambio determinante en la ley de Costas; Galicia, Baleares, Comunidad Valenciana, Andalucía, Cantabria y País Vasco completan el cartel.
La ministra Aagesen pide a las comunidades que buscan la cesión de Costas el «máximo respeto» a la normativa europea
La vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen.
EFE
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, pidió «máximo respeto» a la normativa europea tras la reclamación de varias comunidades para reformar o elaborar una nueva Ley de Costas, así como su reglamento estatal. Aagesen reaccionó así tras la primera reunión que mantuvieron estas autonomías a favor de una cesión de las competencias sobre la costa, y en donde el Gobierno regional pidió acabar con el «mosaico competencial» y obtener una normativa con una visión «más acorde al reparto, a la realidad territorial». La ministra pidió «el máximo respeto a la legislación europea al ser preguntada por la postura de estos territorios.
Respecto a la amenaza de una denuncia de Bruselas en el Tribunal de Justicia de la UE, la titular de Transición Ecológica explicó que España «se debe al cumplimiento de la normativa europea», en referencia a los cambios que debe hacer su departamento en el Reglamento de regulación de Costas. La vicepresidenta pretende que las concesiones de ocupación del dominio público marítimo-terrestre se otorguen mediante concurso público y sin prórrogas automáticas. El objetivo del Ministerio es aprobar los cambios antes del verano y evitar así una posible condena por parte de la UE.
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Enlace de origen : Las regiones costeras presionan al Ministerio para sacar una nueva ley que ceda poder sobre el litoral
