
La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha detectado diversas irregularidades y sobrecostes millonarios en varios contratos de obra pública vinculados al Ministerio … de Transportes que, supuestamente, fueron amañados por la trama corrupta dirigida por Santos Cerdán y de la que participaban José Luis Ábalos y Koldo García.
El informe remitido a la Audiencia Nacional analiza once expedientes de contratación —cinco adjudicados por Adif y Adif Alta Velocidad y seis por la Dirección General de Carreteras— y cuestiona tanto los criterios de adjudicación como algunas modificaciones posteriores de los contratos, así como la «celeridad inusual» con la que se resolvieron las adjudicaciones.
Entre los expedientes analizados por la IGAE figuran la renovación del Puente del Centenario en Sevilla; la construcción de tirantes y actuaciones en ese mismo puente; diversas obras de plataforma y superestructura ferroviaria; y actuaciones de conservación y mejora en tramos de la red estatal de carreteras dependientes del departamento que entonces dirigía Ábalos.
El documento ha sido incorporado al procedimiento que instruye el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno dentro de la pieza separada sobre contratos de obra pública. En esta nueva causa —tras la renuncia al aforamiento por parte de Ábalos— el instructor Moreno ha unificado todas las supuestas irregularidades en las adjudicaciones de Transportes durante la etapa del exministro.
El informe, que analiza expedientes adjudicados entre 2018 y 2021, describe un patrón sistemático de sobrecostes que beneficia a grandes grupos constructores. Según el análisis, empresas como Acciona Construcción, S.A. —que resultó adjudicataria de tres de los cinco contratos analizados de Adif— y la UTE formada por Ferrovial Agroman, S.A. y Acciona Construcción, S.A. lograron adjudicaciones mediante ofertas técnicas de alta calidad que posteriormente fueron desvirtuadas.
Criterios subjetivos
La revisión de los contratos pone el foco especialmente en la influencia que tuvieron los llamados «juicios de valor» en los procesos de adjudicación. Según el análisis de la Intervención, en varios expedientes los criterios subjetivos tuvieron un peso determinante en la elección de la empresa adjudicataria.
En al menos tres contratos adjudicados por Adif a la constructora Acciona, los inspectores concluyen que «los criterios determinantes han sido los juicios de valor». Además, advierten de que en dos de esos casos «salvo para un licitador, no parece posible que la diferencia de puntuación por este criterio pudiera revertirse con la puntuación obtenida por los criterios basados en fórmulas», como el precio ofertado.
Esta situación, según los técnicos de la Intervención, implica que la valoración subjetiva de las ofertas pudo condicionar de forma decisiva el resultado final del concurso público.
El informe también detecta irregularidades en la fase posterior a la adjudicación de algunos contratos. En tres de las obras examinadas se registraron modificaciones del proyecto incluso antes del inicio de los trabajos. Estas revisiones se justificaron por la aparición de supuestos «defectos» en el diseño inicial de las obras.
Sin embargo, los inspectores subrayan que estas modificaciones provocaron incrementos relevantes del presupuesto y podrían vulnerar la normativa de contratación pública. En los tres casos analizados, la modificación del contrato supuso «un incremento del precio ligeramente por debajo del 20%», el límite máximo permitido en determinadas circunstancias. Según concluye el informe, «en los tres casos esa modificación incumple la normativa sobre modificaciones».
La revisión también incluye seis contratos adjudicados por la Dirección General de Carreteras. En estos expedientes, los técnicos de la IGAE detectan problemas similares en los criterios de valoración utilizados durante los concursos públicos.
Los inspectores señalan que los procesos de adjudicación se apoyaron principalmente en «criterios evaluables mediante juicios de valor» y cuestionan además el sistema utilizado para convertir la valoración técnica inicial en la puntuación final que determinaba la adjudicación.
En uno de los expedientes analizados, la Intervención detectó que la Dirección General de Carreteras aplicó «dos fórmulas para transformar la valoración obtenida en la puntuación final», un procedimiento que, según el informe, terminó favoreciendo que el contrato recayera en una empresa concreta.
El Puente del Centenario
Destaca entre las obras bajo sospecha la renovación del Puente del Centenario en Sevilla. La IGAE afirma que el proyecto experimentó un sobrecoste superior a cinco millones de euros debido a una sobreestimación del precio del acero en una de las modificaciones del contrato.

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Enlace de origen : Hacienda detecta sobrecostes millonarios en las adjudicaciones investigadas en la 'trama Cerdán-Ábalos'