Los trabajadores del Centro para Personas con Discapacidad de Churra señalados en una investigación interna del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) por el … presunto acoso laboral al director de la residencia inician una batalla legal contra el organismo autónomo y la dirección de la residencia.
El despacho de abogados que representa a los trabajadores, tras analizar el informe definitivo y la decisión del IMAS de poner el caso en manos de la Fiscalía, ha diseñado una estrategia que, según explica, incluye «acciones penales, civiles, de protección de datos y ante la Inspección de Trabajo».
Los trabajadores rechazan «tajantemente» los hechos que se les imputan y alegan que estos se basan en «informes viciados» que adolecen de una «absoluta falta de rigor y base fáctica». Subrayan, además, la «profunda división interna» del equipo multidisciplinar que realizó la investigación y que redactó el informe final, cuyas conclusiones solo contaron con la conformidad de tres de sus cinco miembros, y apuntan posibles responsabilidades del IMAS si los hechos descritos en el documento que ha decidido elevar a la Fiscalía se dieran por ciertos.
El equipo multidisciplinar que realizó la investigación se fracturó en el proceso y acabó emitiendo dos informes distintos en enero
Las acciones legales contra el IMAS y la dirección del centro se asientan, según señalan, en la «contradicción legal» que supone aceptar que durante años se produjeron incumplimientos de los trabajadores en el ejercicio de sus funciones que, tal como están recogidos en el informe final, serían contrarios a la normativa e incluso constitutivos de delitos, sin que estos fueran motivo de actuaciones disciplinarias ni se produjera la apertura de expedientes sancionadores.
«Lo que dicen el informe final y el director del centro es que hubo conocimiento de supuestos malos tratos por parte de algunos trabajadores a usuarios, que son personas con discapacidad –argumenta el letrado de los trabajadores–. Si se da por bueno lo que ahí pone, como se ha hecho, el director tiene la obligación de actuar, así que vamos a pedir las hojas de incidencias de esos días. Si los hechos están registrados, el IMAS incurriría en un delito de omisión del deber de impedir delitos al no haber actuado; si no, sería el director el que habría actuado de forma irregular».
El sindicato UGT también denunció este hecho públicamente tras tener acceso a los informes: «Es notorio leer cómo, desde 2014, vienen ocurriendo episodios que podrían ser constitutivos de delito y quien ostenta la potestad organizativa y de dirección, tanto del centro como del personal que trabaja a su cargo, no notifica nada a las autoridades», señaló el sindicato en un comunicado.
Solo tres de los cinco miembros apoyaron las conclusiones finales; uno de los que votó en contra era el presidente del grupo
Por ello, el abogado de los trabajadores plantea también actuar judicialmente contra la Inspección de Trabajo por una posible dejación de funciones en materia de riesgos psicosociales y entorno laboral.
Denuncian coacciones
En cuanto a los informes internos, destaca que algunos trabajadores manifiestan «haber sido presionados y coaccionados por el equipo técnico multidisciplinar para que declararan en un concreto sentido», por lo que solicitarán las grabaciones existentes de las entrevistas realizadas.
Respecto a la división del equipo multidisciplinar, el despacho subraya que «es significativo que dos personas de cinco votaran en contra del informe definitivo, entre ellos el propio presidente del equipo». La fractura interna llevó a la emisión de dos informes independientes el pasado mes de enero, un hecho corroborado por la Consejería, que los trabajadores tratan ahora de recabar.
«Desde el IMAS se optó por elevar a la Fiscalía el que contaba con una mayoría de validaciones sobre las conclusiones que señalaban conductas que podrían estar asociadas a un presunto caso de acoso laboral, a fin de esclarecer cualquier posible indicio de este tipo y tomar las medidas que correspondan», aseguraron fuentes de Política Social.
Los trabajadores anuncian, además, querellas por injurias y calumnias y acciones por la vulneración del derecho al honor y una denuncia ante la Agencia de Protección de Datos «por la filtración de informes internos confidenciales sin anonimizar».
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Enlace de origen : Ofensiva legal contra el IMAS de los trabajadores investigados por acoso en la residencia de Churra
