Casi 19 años después de que una querella de la Fiscalía diese origen al conocido como ‘caso Valhalla’, de supuesta corrupción en el Ayuntamiento de San Javier … , la magistrada del tribunal de instancia número 1 de esta localidad ha colocado al exalcalde José Hernández a un paso de juicio por una de las piezas separadas derivadas de esta trama. En el auto de transformación en procedimiento abreviado –al que LA VERDAD ha tenido acceso–, la instructora concreta los indicios existentes contra el exregidor; el exarquitecto municipal y el jurídico del Ayuntamiento, Miguel Botella y Francisco Javier Gracia; y el principal propietario de Grimanga, Jaime Vicente Navarro, a los que imputa varios delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, prevaricación, falsedad en documento público, cohecho, tráfico de influencias y delito de revelación de información privilegiada.
La magistrada, en su resolución, considera acreditado que Hernández adoptó o participó en la adopción de decisiones como alcalde de San Javier que afectaban o bien directamente a Inversiones Temur, sociedad de la que fue administrador único entre 2001 y 2007 -coincidiendo con su mandato-, o bien indirectamente, dado que repercutían en sociedades participadas por esa firma, como Promociones Sabicasa o Inversiones Grimanga. La jueza destaca que el exregidor popular incumplió «a sabiendas su obligación de abstención» en esas adjudicaciones. De esta forma, remarca la instructora, la mercantil Inversiones Temur obtuvo más de 1,5 millones de euros derivados de actuaciones urbanísticas que Hernández impulsó desde su cargo público sin abstenerse.
Varios préstamos, en la lupa
En su escrito la jueza alude, por ejemplo, a un préstamo de 210.354 euros que la mercantil Donaval, administrada por Navarro habría concedido a Inversiones Temur. Hace hincapié en que esa sociedad supuestamente carecía de cobertura legal para otorgar préstamos a una entidad que ni era socia ni administradora, dado que no era ese su objeto. El importe de este préstamo, sostiene la instructora, fue utilizado para el beneficio personal del alcalde, concretamente para el pago del leasing de un barco, para disponer de efectivo y para posteriores negocios. Considera que estos hechos están acreditados por la documentación incautada en los registros y en el ordenador personal del alcalde y por la propia declaración que el primer edil hizo en su día.
La magistrada también pone encima de la mesa, en el auto, otro préstamo, en este caso de 600.000 euros, que la mercantil Villas de Grimanga concedió a Inversiones Temur en 2004. Remarca que, pese a que ese préstamo vencía en mayo de 2005, no fue devuelto y su importe presuntamente se destinó para la devolución del préstamo anterior y para gastos personales del regidor.
La instructora pone el énfasis en que ese préstamo fue coetáneo con otro de los hechos investigados en esta pieza: la promoción que Villas de Grimanga impulsó en el subpolígono G-1 de Puerto Menor, en el que supuestamente se le perdonó a esa mercantil el pago al Ayuntamiento del preceptivo 10% del aprovechamiento urbanístico. Algo que, señala la instructora, supuestamente contó con los informes tanto de Botella como de Gracia Navarro.
En las piezas del ‘caso Valhalla’ llegaron a estar investigados el conocido empresario Santiago Martínez Esparza, propietario de la compañía Urdemasa, y varios miembros de su familia; y Juan Gracia, uno de los mayores constructores de la Región y propietario de la compañía Peinsa, pero la jueza estimó el recurso presentado por su abogado defensor, Raúl Pardo Geijo, dejando a todos ellos fuera del procedimiento.
Las partes cuentan ahora con diez días para solicitar la apertura de juicio oral y formular una posible acusación. El auto aún puede ser recurrido.
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Enlace de origen : La jueza del 'caso Valhalla' coloca al exalcalde de San Javier a un paso de juicio acusado de enriquecerse en el cargo
