La actualización de los deslindes del dominio público en el litoral de la Región de Murcia que realiza la Dirección General de la Costa y … el Mar ha dejado cientos de inmuebles en una situación de irregularidad administrativa que la mayoría de propietarios trata de arreglar ante el temor de un derribo de sus propiedades. La Demarcación de Costas de Murcia tramita hasta el momento 339 expedientes de dueños de parcelas que pisan suelo de competencia estatal y que quieren seguir haciéndolo con un permiso temporal, pero eleva a 563 el global de las ocupaciones sin título legal en diferentes tramos marítimos de la Comunidad.
El dato fue revelado el pasado mes por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente en una respuesta parlamentaria al senador popular Francisco Bernabé, que consultó por estos expedientes. Una contestación en la que el Ministerio para la Transición Ecológica reflejó que los propietarios de 244 viviendas, restaurantes u otros negocios no han llegado a reclamar en tiempo y forma esa autorización que les llevaría a una prórroga de ocupación de 30 años, tal y como permite la ley de Costas.
El Ministerio explicó que Costas ha iniciado «la tramitación de 339 expedientes para determinar los derechos concesionales de los titulares registrales de fincas que se encuentran en dominio público marítimo-terrestre». Algunos de ellos se han iniciado a petición de los interesados y otros de oficio, añaden desde este departamento que, a su vez, aclaran que no se puede dar una cifra exacta de bienes inmuebles que invaden suelo público.
La mayoría de las 563 fincas en situación alegal están en Cartagena (204), donde la revisión del deslinde ha dejado a varias viviendas pendientes de una posible demolición; el Puerto de Mazarrón (163), San Javier (132), Lorca (41), La Unión (4), Los Alcázares (3) y San Pedro del Pinatar (2) completan el listado. La mayoría de dueños de casas o de actividades económicas afectadas por la revisión del dominio público se encuentran en Cabo de Palos, Los Nietos, Calnegre o El Portús.
Deslindes «arbitrarios», según el PP
La tramitación sobre los expedientes de ocupación y la decisión sobre qué hacer con el resto de inmuebles sin título vigente llega en un momento en el que un gran número de comunidades costeras (muchas gobernadas por el PP) promueven una ley de Costas que ceda competencias a los territorios del litoral. La modificación del Reglamento de Costas ha levantado ampollas entre las autonomías por cómo se ha gestionado hasta ahora las concesiones a negocios para ejercer su actividad en terreno público, y por el temor a recortar el tiempo de autorización.
El senador Francisco Bernabé tachó de «modificación ilegal» ese cambio que pretende el Ministerio sobre el reglamento, ya que «va a suponer nuevos perjuicios para propietarios y concesionarios». El popular, en una reunión reciente en Los Nietos con vecinos afectados por la actual ley de Costas, denunció que ya serían “casi 600 familias las que podrían perder sus casas en el litoral por los deslindes arbitrarios del Gobierno socialista”.
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