Viernes, 13 de marzo 2026, 18:55
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La cuenta atrás para Eloísa , de 30 años, y sus cinco hijos ha comenzado. Una cuenta atrás para poder seguir viviendo todos juntos bajo un mismo techo. Diez días es el plazo que tiene ahora esta familia para encontrar una vivienda después de que el lanzamiento previsto para este viernes en la pedanía murciana de Sangonera la Verde haya quedado aplazado.
Pero la prórroga no llegó de forma sencilla. Fue el resultado de una mañana de conversaciones, negociaciones y mediaciones entre las partes a las puertas de la casa donde Eloísa vive con sus hijos desde hace siete años.
Hasta allí acudió a las 11.30 horas la comisión judicial encargada de ejecutar el desahucio. También el alcalde pedáneo de Sangonera la Verde, Eugenio Espín; representantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, entre ellos Paco Morote y el mediador José Antonio Vives; el abogado de la afectada y varios vecinos de la localidad. Durante más de una hora se sucedieron los intentos por encontrar una salida.
Finalmente, la negociación permitió alcanzar un acuerdo provisional y se materializó en el aplazamiento del lanzamiento hasta el 23 de marzo. Diez días es ahora el margen del que dispone Eloísa para encontrar una vivienda.
El caso presenta la particularidad de que no se trata de un desahucio por impago. El alquiler se ha pagado con normalidad durante estos años. El conflicto surge porque los propietarios han reclamado la vivienda para usarla como residencia. La historia se remonta a siete años atrás. En aquel momento Eloísa no tenía nómina y no conseguía que ningún propietario aceptara alquilarle una vivienda. La solución fue que sus padres firmaran el contrato como titulares. Ella entró a vivir allí con sus hijos. Con el paso del tiempo la relación familiar se deterioró. Y fueron los propios padres quienes firmaron hace cerca de un año con los propietarios la entrega de la posesión de la vivienda.
Desde el punto de vista legal, eso dejó a Eloísa sin contrato. «El problema es que el contrato está firmado por los padres y legalmente ellos son los arrendatarios», explica el abogado de la afectada, Fernando García de Ángela, quien ya paralizó el primer intento de desahucio el pasado mes de noviembre. «Esto es más un problema social que jurídico».
Durante estos meses Eloísa ha intentado encontrar otra vivienda de alquiler sin éxito. Ella insiste en que el problema no es económico. No pide ayudas ni una vivienda gratuita. Lo que necesita, afirma, es que alguien le alquile una casa. «Tengo la solvencia y los ahorros necesarios para hacer frente a un alquiler; incluso he ofrecido pagar meses por adelantado para garantizar mi compromiso», explica en un mensaje para pedir ayuda. «Sin embargo, el mercado inmobiliario me cierra las puertas sistemáticamente por no contar con una nómina». Eloísa es terapeuta y está a punto de abrir un centro de yoga, pilates y terapia integrativa en la pedanía. «He luchado años para formarme y ser la profesional que soy hoy, cubriendo por mi cuenta todas las necesidades de mis hijos ante la falta de apoyo de su progenitor, quien tiene causas pendientes por impago de manutención y abandono».
Una mañana de negociación
El lanzamiento estaba fijado para este viernes 13 de marzo. La comisión judicial acudió a la vivienda con la orden de ejecutarlo si no existía una causa legal para suspenderlo.
Durante la conversación mantenida en la puerta del domicilio se expuso el margen limitado que tenía el procedimiento. «El hecho de que haya niños no es motivo para que no se tenga que hacer un lanzamiento. Son otros motivos legales», se escuchó durante uno de los intercambios entre la comisión judicial y los mediadores.
La situación se produce además en un momento delicado desde el punto de vista legal. Tras la caída reciente del llamado escudo social, la vulnerabilidad ya no supone automáticamente la paralización de un desahucio. El propio abogado de la afectada reconocía esa falta de herramientas. «Estamos un poco atados de manos», señalaba durante la mediación, insistiendo en que el problema es fundamentalmente social.
Dos familias con necesidades
El caso tiene además otro elemento sobre el que giró la negociación. Los propietarios también necesitan la vivienda. Se trata de una pareja que espera su primer hijo y que, al parecer, actualmente vive en casa de los padres de uno de ellos. La situación, en palabras de la PAH, refleja un problema estructural. «Es un enfrentamiento entre gente en situación de vulnerabilidad», señalaba Paco Morote durante la mañana. «Esto pone de manifiesto la carencia de una política de vivienda que garantice el derecho a una vivienda digna».
Escasez de viviendas
El contexto de la pedanía tampoco facilita la solución. Durante la mediación, el alcalde pedáneo de Sangonera la Verde, Eugenio Espín, reconocía la dificultad para encontrar viviendas disponibles en la zona. «Aquí no hay casas», explicaba mientras intentaba localizar posibles alternativas, incluso viviendas de bancos que pudieran estar vacías en la zona. La falta de oferta en el mercado del alquiler es uno de los principales obstáculos.
El acuerdo alcanzado este viernes no resuelve el problema. Solo lo retrasa. Eloísa dispone ahora de diez días para encontrar una vivienda. Un plazo que es un llamamiento a un propietario que acepte alquilar una casa, que es una oportunidad para una familia. Ese es ahora el hilo del que pende el futuro inmediato de Eloísa y sus cinco hijos.
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Enlace de origen : La cuenta atrás para Eloísa y sus cinco hijos en Sangonera la Verde: diez días para encontrar casa
