Los dos juicios más relevantes sobre la contaminación del Mar Menor siguen sin fecha

Un año y cuatro meses después, la Audiencia Provincial de Murcia sigue sin fijar en el calendario los días en que se ventilará si empresarios agrícolas y ex altos cargos de la Comunidad y del Gobierno central cometieron, respectivamente, delitos contra el medio ambiente y de prevaricación. La Fiscalía solicita 21 meses de prisión para Cerdá y otros tantos para Aldeguer por la presunta omisión en las inspecciones obligatorias que debían haber impulsado sobre las explotaciones agrícolas. Y reclama penas de prisión y elevadas multas a propietarios y administradores de firmas agrarias.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia confirmaron que la Audiencia todavía no ha encontrado en su saturada agenda los huecos necesarios para celebrar las vistas orales. La causa de las mercantiles exige reservar la sala para muchas jornadas, por el elevado número de encausados y las declaraciones de peritos, agentes de la Guardia Civil, técnicos de la CHS que participaron en el desmantelamiento de las desaladoras…

En el órgano de gobierno de jueces y tribunales indicaron que la Audiencia está señalando juicios para el año 2029. Resulta improbable que queden huecos para los del Mar Menor antes. Sobre este colapso, baste recordar que en octubre de 2024 la sección 3 de la Audiencia tuvo que señalar a tres años vista otro juicio mediático: el que sentará en el banquillo al expresidente de la Comunidad Autónoma Ramón Luis Valcárcel por el ‘caso La Sal’, acerca de la gestión en la construcción y explotación de la desaladora de Escombreras. Este procedimiento penal –donde está acusado de malversación, prevaricación y fraude– exigirá 21 sesiones en septiembre, octubre y noviembre de 2027.

A pesar del refuerzo

Para aliviar las demoras en el enjuiciamiento de causas complejas, el TSJ decidió en 2022 reforzar con dos magistrados de adscripción territorial la Audiencia. Eso permitió que este órgano empezara a funcionar desdoblado. Aun así, la carga de trabajo sigue alargando la resolución de los procedimientos penales, lo que, en el caso del Mar Menor, mantiene sin fecha las vistas de la primera fase de ‘Topillo’, que incluye hechos de los años 2013 a 2016. Respecto a la segunda fase, por vertidos de 2014 a 2017, el procedimiento fue dividido en 39 causas independientes. Cinco ya han sido juzgadas en Cartagena, todas con sentencias condenatorias previo acuerdo de conformidad entre los acusados y la Fiscalía.

En septiembre de 2023, en la presentación de la memoria del organismo relativa al ejercicio anterior, el fiscal superior de la Comunidad Autónoma, José Luis Díaz Manzanera, expresó su deseo de que el juicio por la causa principal de ‘Topillo’ se celebrara en 2024. Pero la realidad del atasco judicial se ha impuesto. Y dos años y medio después, esa vista y la referida a la gestión de las administraciones públicas en la laguna y su cuenca, un espacio vulnerable por los nitratos, acusan los retrasos.

Las demoras en la celebración de las vistas ha generado inquietud en la Fiscalía y en las acusaciones particulares (la Tutoría del Mar Menor y organizaciones como Greenpeace, ANSE, Ecologistas en Acción, Amarme y Pacto por el Mar Menor) por el riesgo de dilaciones indebidas, que obligaría a reducir las penas.

Aplazamientos en Cartagena

Mientras, respecto a ‘Topillo II’, en noviembre pasado en Cartagena, la sección quinta de la Audiencia Provincial y un juzgado aplazaron dos juicios. Uno pasó a señalarse en abril de 2026 y otro, en septiembre de 2027. Los magistrados concedieron más tiempo a las defensas para estudiar informes periciales de daños ambientales presentados poco antes de los juicios por la Comunidad Autónoma. Esta institución, al igual que la Administración General del Estado, actúa como perjudicada, para recuperar los costes de restauración del ecosistema.

Mientras juzgados y tribunales abordan la vertiente penal de la situación de la laguna, la plataforma ciudadana Pacto por el Mar Menor ha pedido, públicamente, que el Ayuntamiento de Cartagena y la Comunidad Autónoma adopten las medidas necesarias para «que los terrenos de El Vivero de La Manga no se urbanicen». Tras la sentencia que condena al Consistorio a indemnizar con más de 54 millones de euros a dos empresas por no haber podido ejecutar el convenio de desarrollo urbanístico de esta zona (un fallo que el Ayuntamiento recurrirá), Pacto por el Mar Menor pide «la caracterización y análisis de los suelos, mediante un estudio para determinar la presencia de metales y metaloides, sus concentraciones y el riesgo asociado»; y «que, en función de los resultados obtenidos, se inicie un proceso de descontaminación y de restauración efectiva de estos terrenos», para proteger el medio ambiente y la salud pública.