Acciona ha remitido una autoría interna al juzgado de la Audiencia Nacional que instruye el ‘caso Koldo’. El documento judicial y corporativo, de más de … 150 páginas, detalla el grado de cumplimiento realizado por su filial, Acciona Construcción, en el marco de la investigación por el presunto amaño en la adjudicación de obra pública en el seno del Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos (2018-2021). Una causa en la que están siendo investigados tres exdirectivos de la multinacional por el presunto abono de mordidas o «pagos de facilitación».
El informe forense analiza exhaustivamente las relaciones mercantiles y la facturación entre la constructora y 174 entidades vinculadas a personas clave de la presunta trama, como el corruptor confeso Víctor de Aldama, el exasesor ministerial Koldo García o el empresario Antxon Alonso. Sobre la mercantil de éste, Servinabar 2000 SL, con la que Acciona Construcción se asoció en varios contratos bajo sospecha, el documento dedica un apartado específico.
La sociedad de Alonso, de la que exdirigente del PSOE Santos Cerdán llegó a tener participaciones en 2016 que no fueron elevadas a escritura pública, facturó casi siete millones de euros a la multinacional por los servicios prestados en el marco de la Unión Temporal de Empresas (UTE) entre 2016 y 2025. De esta cantidad, un 30% del total, casi 2,1 millones, registraron «anomalías» en el proceso de control, según recoge el ‘forensic’ remitido al juzgado. En concreto, detalla «excepciones injustificadas» en el proceso de compras sin pedido, es decir, un volumen significativo de transacciones eludió este control administrativo interno, ya que se abonó la citada cantidad a Servinabar sin un pedido de compra asociado.
En este sentido, se admite además el «abuso» de la figura de «proveedor singular» para realizar adjudicaciones directas sin justificar adecuadamente la ausencia de competencia. Del mismo modo, se identificaron pedidos de compra emitidos en las mismas fechas y para servicios similares, lo que supone un indicio de división del gasto para eludir controles o límites de autorización. No obstante, en el caso del proveedor principal analizado, Servinabar, se comprobó que todos los pagos se realizaron mediante vías bancarias rastreables, es decir, no hubo ocultamiento ni opacidad.
Informes y pagos
Sobre la empresa de Antxon Alonso, admite también el documento que existe una falta de acreditación de algunos trabajos para demostrar que la prestación del servicio realmente se había llevado a cabo. De hecho, se descubrió que hasta 18 informes periódicos de seguimiento y calidad cobrados por Servinabar como trabajo propio eran, en realidad, consolidaciones de información que había sido elaborada por la propia Acciona. Entre los proyectos afectados están 103 Viviendas de Protección Oficial (VPO) en Sarriguren (Pamplona), Mina Muga, la variante Sagunto-Castellón y el pabellón Navarra Arena.
Igualmente, se reconoce métodos de pago «anómalos» por servicios no prestados. El informe pone como ejemplo que se abonaron facturas a la propietaria del Bar Franky de Pamplona por supuestos servicios de comidas y eventos que nunca llegaron a celebrarse. Este establecimiento, según la UCO de la Guardia Civil, se usó como vía para canalizar fondos de la trama.
En enero pasado el juez autorizó que los investigadores analizasen las cuentas bancarias de tres exdirectivos de Acciona investigados en el ‘caso Koldo’: Justo Vicente Pelegrini, Tomás Olarte y Manuel José García Alconchel. Estos dos últimos fueron suspendidos por la constructora a raíz del informe de la Guardia Civil que determinó que la principal fuente de ingresos de Servinabar en el periodo bajo sospecha, el 75% del total, radicaba en varias obras adjudicadas en UTE con Acciona, mientras que el primero -responsable de Construcción en España- fue despedido en junio pasado «por una falta de diligencia en el ejercicio de sus responsabilidades de dirección».
En el comunicado conocido entonces, el presidente de la multinacional, José Manuel Entrecanales, aseguró que Pelegrini actuaba «con autonomía propia en sus gestiones», negó el uso de «pagos de facilitación» en la compañía y anunció la auditoría interna conocida ahora para aclarar cualquier irregularidad.
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Enlace de origen : Acciona admite que el 30% de los trabajos facturados por Servinabar tienen «anomalías»
