Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil precintaron en la mañana de este miércoles en Calasparra parte de la … planta de tratamiento de residuos no peligrosos de la empresa Reciclados Tara, tras la orden de clausura dictada por la Consejería de Medio Ambiente «por graves incumplimientos» de la normativa y por «desobedecer las medidas impuestas», confirmaron a LA VERDAD fuentes del Gobierno regional. El cierre afecta a las zonas donde se desarrollan «actividades no autorizadas», como el manejo de residuos peligrosos, y llega tras las sanciones impuestas desde junio de 2025 por la Dirección General de Medio Ambiente, que dirige Juan Antonio Mata.
La plataforma ciudadana Calasparra No Se Toca venía denunciando, desde hace meses, la contaminación por sustancias tóxicas y peligrosas del entorno desde el verano pasado. Los últimos derrames ocurrieron días atrás, tras las lluvias torrenciales, según constataron las inspecciones posteriores del Consistorio, de la Comunidad, del Seprona y de la Confederación Hidrográfica del Segura.
«Medio Ambiente ha clausurado la instalación de residuos por graves incumplimientos y por desobedecer las medidas impuestas. El cierre, desarrollado junto al Seprona, es consecuencia directa de la inspección realizada en verano del 2025 y al expediente sancionador emitido por la Dirección General de Medio Ambiente», indicaron fuentes del Gobierno regional. Y añadieron que «además de la parada inmediata, se ha materializado el precinto de las instalaciones no autorizadas y se ha impuesto la retirada de residuos no autorizados con entrega a gestor autorizado».
«Esta actuación es fruto del trabajo continuado de inspección, control ambiental y disciplina administrativa que viene desarrollando la Comunidad Autónoma, tras constatar graves incumplimientos de la normativa ambiental y la reiterada desobediencia a las medidas cautelares impuestas. El equipo técnico del Servicio de Inspección de la Dirección General de Medio Ambiente realizó una inspección en junio de 2025 para comprobar el cumplimiento de las condiciones específicas recogidas en la autorización, que concluyó con un expediente sancionador», añadieron en la Comunidad.
Asimismo, detallaron que en enero de 2026, la administración regional «impuso una serie de medidas cautelares, como la suspensión provisional de las operaciones no recogidas en la autorización ambiental; la clausura temporal de focos emisores no autorizados; la obligación de implantar medidas de control de emisiones; la retirada inmediata de residuos peligrosos y la prohibición de recibir nuevas materias primas no autorizadas hasta la resolución definitiva del expediente».
Además, se le requirió a la empresa la aportación de una serie de documentación en el plazo de diez días, que ha incumplido. «Con todo ello, el equipo de inspección volvió a girar el pasado 11 de marzo una visita en la que se constató que siguen realizando operaciones no amparadas por la autorización ambiental. Y, ante la persistencia de los incumplimientos, la Dirección General ha adoptado la medida más contundente prevista en la normativa: la suspensión inmediata cautelar de la actividad no autorizada desarrollada por la empresa«.
«Además de la parada inmediata, se ha materializado el precinto de las instalaciones no autorizadas y se ha impuesto la retirada de residuos no autorizados con entrega a gestor autorizado, lo que deberá de acreditar en el plazo de un mes. Todo ello con el fin de impedir su utilización durante la tramitación del procedimiento y hasta que se verifique su plena adecuación a la normativa ambiental», señalaron en la Comunidad.
Asimismo, apuntaron que «el incumplimiento de lo ordenado en la presente resolución podría dar lugar a la adopción de medidas coercitivas, incluida la clausura definitiva y completa del establecimiento. El cumplimiento de la resolución emitida por la Dirección General de Medio Ambiente está sujeto a la vigilancia e inspección de tanto la administración regional como local».
Lixiviados
Mientras, la Fiscalía de Medio Ambiente de la Región de Murcia continúa con las investigaciones por un presunto delito contra el medio ambiente derivado de la gestión irregular de residuos y de los lixiviados. Solicitó información al Ayuntamiento, la Comunidad Autónoma y la CHS. Según fuentes del Ministerio Fiscal, la información recabada hasta ahora por el Seprona descartó recientemente la existencia de residuos peligrosos en el interior de la planta. Los agentes encontraron en el recinto restos de tejidos vegetales como cartón y plástico; residuos de tejidos animales; residuos de tejidos vegetales; productos de alimentación caducados; lodos y aguas residuales industriales; lodos de depuradora; restos de poda; plumas de aves y heces de animales y estiércol. No obstante, en otras inspecciones la Consejería sí que detectó el manejo irregular de residuos peligrosos.
Los vecinos advirtieron sobre anomalías en la planta de gestión y tratamiento de residuos no peligrosos, biosólidos y elaboración de compost situada en Los Pontones. Citaron la falta de impermeabilización en el área de almacenaje, balsas de lixiviados y zona de supuesta composta; el vertido de residuos tóxicos y nocivos al exterior; los malos olores; y el riesgo para las fincas agrícolas, la cuenca del río Segura y la Cueva del Puerto.
Técnicos de Medio Ambiente y agentes del Seprona se personaron en la planta de Tara, donde estos últimos acordonaron una zona de bidones y contenedores. Fuentes conocedoras de la intervención indicaron que durante la estancia de los funcionarios no se advertía actividad en las instalaciones. Esta sí fue visible pasadas las 12.30 horas, debido al movimiento de camiones.
«La Consejería de Medio Ambiente, junto a la Guardia Civil, procede hoy al precinto de la planta de reciclado Tara de Calasparra. Gracias a todos los que nos han apoyado y creído en nosotros», publicó en Facebook el colectivo Calasparra No Se Toca. Su presidente, Sergio López, valoró así la actuación de Medio Ambiente: «Creemos que es un paso adelante que la Consejería haya cerrado parte de la planta. Desde la plataforma pedimos el cese de la actividad total de la planta, porque la práctica habitual de esta empresa es crear balsas de líquidos contaminantes y purines, que vierten fuera del recinto aprovechando las lluvias. Las balsas, además, están sin impermeabilizar, por lo que los residuos se filtran al subsuelo».
«Por la información que tenemos, la empresa no tiene autorización para gestionar subproductos animales no destinados al consumo humano (sandach), como pelo de animales, trozos de carne de animales, restos de animales», añadió López. Y agregó que «el Ayuntamiento tenía que haber tomado medidas hace tiempo para forzar el cierre de la planta, tras las denuncias, porque tenemos un problema medioambiental serio. Nos da igual si al final está actuando Medio Ambiente, lo que exigimos es que las administraciones públicas tomen medidas. Hay que recordar que la planta está sobre el Sinclinal de Calasparra, la bolsa de agua dulce más importante de la Región de Murcia», añadió López.
Río Segura y Sinclinal
López defendió también que «deberían tomarse muestras en el Sinclinal para comprobar si ha habido daños a esta masa de agua subterránea». Y fuentes del Consistorio destacaron su labor de «defensa de la legalidad y protección del medio ambiente y de la salud de los vecinos», a través de sus controles y de la información remitida a la Fiscalía.
Ecologistas en Acción advirtió del presunto incumplimiento de las exigencias ambientales de distintos organismos y exigió conocer si han llegado escorrentías contaminantes, entre ellas residuos cárnicos de consumo humano, al río Segura y a la acequia de Rotas, «que riega los arrozales de Calasparra». Esta asociación advirtió de que el recinto está en un corredor ecológico y «a menos de 2.000 metros del río Segura y del Lugar de Interés Comunitario Sierras y Vega Alta del Segura, así como a menos de 1.300 metros del Inventario Español de Zonas Húmedas».
Este lunes, la diputada de Podemos Marín exigió en Calasparra la clausura de las instalaciones y la adopción de medidas sancionadoras. Y mostró su apoyo a la plataforma y al Consejo de Defensa del Noroeste.
Podemos lo ve «insuficiente» y la alcaldesa anuncia un expediente
La diputada autonómica de Podemos, María Marín, afirmó que «la situación de esta industria era insostenible» y la clausura parcial «es insuficiente y llega muy tarde, porque el daño medioambiental ya está hecho». Su grupo exigirá al consejero, Juan María Vázquez, que dé explicaciones en la Asamblea Regional y que se depure «responsabilidades». Y la alcaldesa, Teresa García, del PSOE, anunció que el Ayuntamiento abrirá un expediente sancionador. Añadió que el Consistorio ha actuado siempre conforme a la legalidad.
«Sin informes técnicos que avalen y acrediten los incumplimientos, no se debe proceder al cierre de un negocio o actividad», argumentó, ante las críticas de pasividad de la plataforma Calasparra no se toca y del concejal de Calasparra Viva, Alonso Torrente.García mostró también su «satisfacción» por la actuación de la Comunidad. E insistió en que el Ayuntamiento colaborará con el resto de autoridades para «resolver definitivamente esta situación, en beneficio de nuestro entorno, y evitar que nuestra tierra se vea perjudicada por un uso inadecuado de la actividad».

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