Juan Carlos Peinado no ceja en su empeño de sentar a la mujer de Pedro Sánchez ante un jurado popular. El titular del Juzgado de … Instrucción número 41 de Madrid ha dictado un auto de 46 páginas, al que ha tenido acceso este periódico, en el que acuerda la transformación de las diligencias previas del denominado ‘caso Begoña Gómez’ en un procedimiento propio del Tribunal del Jurado.
Esta resolución supone un paso decisivo que acerca al banquillo de los acusados a la esposa del presidente del Gobierno; al empresario Juan Carlos Barrabés, que ayudó a Gómez a poner en marcha su cátedra extraordinaria en la Complutense; y a la asesora de la Presidencia María Cristina Álvarez, acusada de trabajar para esa cátedra a pesar de percibir un sueldo de Moncloa.
El magistrado, tras los varapalos de la Audiencia Provincial de Madrid por su intención de enjuiciar a Gómez en distintas causas, ha decidido unificar en un solo procedimiento todos los delitos investigados hasta la fecha: tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, corrupción en los negocios en el sector privado, apropiación indebida e intrusismo profesional.
Juan Carlos Peinado ha convocado a los tres investigados a una comparecencia que tendrá lugar el próximo 1 de abril, Miércoles Santo, a las 12:00 horas, para comunicarles oficialmente el pase al procedimiento ante el jurado.
La decisión judicial se produce después de que la Audiencia Provincial de Madrid ordenara el pasado mes de enero retrotraer las actuaciones para fundamentar con mayor detalle los indicios delictivos. En este nuevo escrito, el juez Peinado argumenta que, tras el análisis de las diligencias practicadas, «existe la verosimilitud exigida por el legislador» para atribuir a los investigados la presunta comisión de hechos delictivos que deben ser juzgados por ciudadanos particulares.
En este sentido, el instructor destaca que el modelo adoptado por la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado permite, «tan pronto como conste la imputación de un hecho justiciable a persona concreta», que el juez asuma una «reforzada posición de imparcialidad» para controlar la imputación mediante la «previa valoración de su verosimilitud».
Uno de los pilares del razonamiento judicial se centra en la figura de Begoña Gómez y su relación con el jefe del Ejecutivo. El magistrado señala como un punto «verdaderamente trascendental» el hecho de que la investigada contrajera matrimonio con Pedro Sánchez en 2006, quien asumió la Presidencia del Gobierno el 2 de junio de 2018.
Según el auto, a partir de ese momento se produjo un cambio «inmediato y significativo en su trayectoria profesional». Hasta entonces, Gómez estaba vinculada al sector privado del marketing en el Grupo Inmark, empresa en la que solicitó una excedencia «coincidiendo con la llegada de su esposo a la Presidencia».
Según Peinado, la investigación habría confirmado «el aprovechamiento de su proximidad al presidente del Gobierno, como su esposa, para ofrecer favores o influencias a cambio de contraprestaciones encaminadas a proyectar su carrera profesional».
«Tráfico de influencias»
El instructor subraya que este contexto es clave para «colegir la relación personal que exige el artículo 429 del Código Penal» en relación con el tráfico de influencias y la «posible adopción de decisiones». Además, recuerda que la Audiencia Provincial ya advirtió que la implicación de la investigada podría derivar de ese «aprovechamiento de su proximidad al presidente del Gobierno».
En cuanto a la vertiente académica de la investigación, el auto pone el foco en la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Según el instructor, la esposa de Sánchez hizo valer su condición para mantener «una interlocución singular con responsables de una universidad pública, con empresas patrocinadoras y con entidades del sector tecnológico».
El magistrado sostiene, además, que para su «creación, financiación, desarrollo y consolidación», Begoña Gómez hizo uso de su relación con Juan Carlos Barrabés y de la «intervención operativa» de Cristina Álvarez. La resolución judicial sitúa la actividad de esta cátedra como el núcleo desde el cual «se habrían urdido el resto de actividades» bajo sospecha, en lo que califica como una «clara desviación de poder».
Respecto al papel de Juan Carlos Barrabés, el juez recuerda que el empresario reconoció en sede judicial haber mantenido reuniones con Begoña Gómez en el Palacio de la Moncloa, situando estos encuentros en los meses posteriores a la pandemia y cifrándolos en «cinco veces o así». Barrabés también admitió haberse reunido con el propio Pedro Sánchez «una vez o dos» en la residencia oficial, siempre en presencia de su esposa. Para el instructor, estos hechos sitúan los «primeros contactos profesionales entre ambos en el ámbito mismo de la residencia oficial del presidente del Gobierno».
La investigación también abarca la posible malversación de caudales públicos relacionada con María Cristina Álvarez Rodríguez, contratada por la Presidencia del Gobierno como «directora de Programas». El magistrado destaca que sus funciones estaban legalmente ligadas a la agenda institucional, pero que existen indicios de su participación en tareas de la esfera privada de Begoña Gómez.
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Enlace de origen : Peinado plantea de nuevo juzgar a Begoña Gómez ante un jurado y la cita el Miércoles Santo
